El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado la querella interpuesta contra los exministros Elena Salgado y Miguel Sebastián y Endesa por los 3.400 millones de euros cobrados de más por las eléctricas en concepto de costes de transición a la competencia (CTC).
Los CTC fueron un sistema creado por el Gobierno de Aznar en 1997 para compensar a las eléctricas por los posibles perjuicios derivados de la liberalización del sector, de manera que se les garantizaba un determinado precio mínimo por su producción.
En un auto, el magistrado no admite a trámite la querella que interpuso la Organización Nacional de Consumidores de España Causa Común, filial de Ausbanc, -dirigida también contra el exsecretario de Estado de Energía Pedro Luis Marín Uribe- en la que les acusaba de los delitos de prevaricación en comisión por omisión y estafa agravada bajo la forma del delito masa.
Tras el estudio de las actuaciones, las diligencias practicadas en su día por la Fiscalía Anticorrupción y el expediente remitido por el Ministerio de Industria, Moreno llega a la conclusión de que los hechos denunciados "no son constitutivos" de delito, ya que no concurren los presupuestos exigidos por la jurisprudencia.
"A tenor de los datos y elementos existentes, ha de concluirse que la querella en cuestión cuando menos no es fundada a efectos penales, al no revestir los hechos caracteres de delito", por lo que considera que procede no admitirla a trámite.
El Gobierno acusa a la CNE
Lo más llamativo del auto del juez Moreno es lo relativo a la documentación presentada por el Gobierno, ya sean las diligencias realizadas desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo como por la Abogacía del Estado.
Según cita en el auto, "en primer lugar, la extrema dificultad que resultaba liquidar esos saldos (...) llevó a realizar numerosas reuniones entre técnicos del Ministerio y la Abogacía del Estado para elaborar un informe".
"Las empresas eléctricas, que tuvieron conocimiento del informe de la Abogacía del Estado, también encargaron varios informes jurídicos, todos ellos contrarios a la liquidación de los CTC", continúa el auto.
Lo anterior supuso que se llevaran a cabo numerosas reuniones entre la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y el Ministerio en junio de 2008, "concluyéndose que ésta (CNE) facilitaría a la Abogacía del Estado datos e informaciones, que sin embargo nunca se recibieron", dice el auto citando al Ministerio.
Ante esta situación, en que la CNE no envió la documentación, el caso era complejo, y desde el Ministerio no se reclamara nada, "todo ello llevó a que por parte de la Abogacía del Estado no se continuase con la elaboración del informe".
En definitiva, el Gobierno acusa a la CNE de no enviarle la información, a pesar de reclamar la devolución en varios informes. Además, el Ministerio decidió no actuar por la complejidad del caso y dejó pasar el tiempo hasta que prescribiera el supuesto delito.
Con todo esto, el juez ha dicho que la actuación del Ministerio fue correcta, no encuentra delito en ella, y que no hay arbitrariedad por parte de los responsables de Industria. En su actuación no se ha encontrado voluntad ni trato de favor a nadie.
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