Igual el ministro de Energía, Álvaro Nadal, no es adivino, pero durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados ha vaticinado que la sentencia del Tribunal Constitucional que pone en duda la indemnización de 1.350 millones de euros por el almacén de gas Castor, iba a traer como consecuencia una "enorme litigiosidad" entre entidades privadas y operadores públicos.
Y así será. Según ha podido saber El Periódico de la Energía de fuentes financieras, esas entidades privadas, Bankia, Santander y Caixabank "están estudiando cómo y cuáles serán las medidas judiciales a tomar tras la decisión de la CNMC". Las mismas fuentes han señalado que a día de hoy no está confirmado el litigio contra el Estado o la CNMC pero aseguran que es porque se está estudiando cómo llevar a cabo el procedimiento. Pero que el caso acabará en los tribunales, "seguro".
La duda es saber quién es el operador público. Según el ministro de Energía, es la CNMC quien posee la competencia en las liquidaciones del sistema gasista, y por tanto quien da cumplimiento a la sentencia, tal y como ha hecho en la liquidación correspondiente a noviembre. "Ahora mismo tenemos un efecto de la sentencia que dice que este gasto del Castor no se puede considerar como parte de los costes regulados y pedimos a la CNMC que vaya a aplicar la sentencia", ha dicho Nadal, quien no concretó nada más respecto a una posible solución por parte del Gobierno a la situación planteada tras el fallo del Constitucional.
Sin embargo, fuentes del sector gasista señalan que "con quien tendrán que pleitear los bancos, que son los que tienen el derecho de cobro de la deuda, es contra el Estado, que es el operador público".
Sea como sea, desde el pasado noviembre se han detenido estos pagos que ascienden a 91 millones de euros anuales, pero no solo. "La sentencia del TC ha paralizado la retribución provisional, es decir el dinero que se aprovisiona para el pago posterior", explican fuentes del sector del gas, por lo que no solo se ha dejado de pagar la deuda sino también la retribución a Enagás, que es el operador encargado del mantenimiento de la infraestructura que actualmente se encuentra en hibernación.
Sin embargo, "como no anula el derecho retributivo, de hecho el propio Nadal en el Congreso ha separado el mantenimiento de las infraestructuras de la parte del pago de la deuda, entonces se supone que el pago anual de nueve millones de euros que el sistema gasista tiene que hacer a Enagás se reanudará en cuanto el Ministerio de Energía publique una Orden Ministerial que lo reestablezca, lo que puede producirse en unos días", explican las mismas fuentes.
Un poco de historia
La deuda por Castor, que ascendió a 1.350 millones de euros, fue colocada por Enagás en 2015 a Banco Santander, Bankia y Caixabank a un tipo de interés del 4,3% y a devolver en 30 años. De esta manera, estas tres entidades son los titulares de estos derechos de cobro que se incluían en el sistema gasista. Quedarían entonces unos 1.100 millones de deuda que devolver a las entidades bancarias.
El pasado mes de diciembre, el Tribunal Constitucional declaró "nulos e inconstitucionales" algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS, participada por ACS.
En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un Real Decreto de urgencia.
En 2014, el Gobierno aprobó un real decreto ley en el que se establecía la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía esa compensación para la empresa promotora, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas.
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