La Comisión Europea presentará mañana, 15 de enero, el Green Deal Europeo anunciado por la nueva presidenta ejecutiva de la UE, Ursula von der Leyen, quien asumió el cargo el pasado 1 de diciembre. Entre las más de 50 medidas de ese acuerdo, destaca el impuesto fronterizo al CO2 destinado a proteger a los productores europeos de acero y otras industrias intensivas en energía contra importaciones más baratas de países con políticas climáticas menos estrictas.
Este impuesto no solo está destinado a reducir drásticamente las emisiones de CO2 de los 28 países miembros sino que además podría suponer un cambio en las relaciones comerciales entre la Unión Europea y terceros países, como China, India o Marruecos, entre otros. Sin embargo, tiene en contra que se elevaría el precio de muchos bienes fabricados en China, como metales, electrodomésticos, vehículos y vidrio, lo que afectaría directamente al bolsillo de los consumidores europeos.
Este "mecanismo de ajuste de la frontera del carbono" propuesto se introducirá en 2021, según un documento filtrado de la Comisión, aunque falta conocer el detalle de diseño y cómo se podría llevar a cabo, porque aún se está discutiendo. El plan podría probarse inicialmente en industrias como el acero, el cemento y el aluminio, según un segundo documento de la UE, pero ¿a qué obstáculos se podría enfrentar este nuevo impuesto?
Es probable que la propuesta se enfrente a restricciones legales, económicas y políticas como se detalla a continuación:
Impuesto de importación
Según esta opción, el acero, aluminio y otros productos con un alto índice de emisiones de CO2 que se importen a la Unión Europea tendrían que comprar derechos de emisión de carbono, como hacen los productores de la UE bajo el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE.
Esto introduciría efectivamente un impuesto a la importación y elevaría el precio de los bienes importados, lo que aumentaría la competitividad de los metales y otros bienes producidos en la UE. El objetivo sería contrarrestar la "fuga de carbono", un aviso a navegantes que han utilizado las industrias electrointensivas ante la penalización que supone competir con importaciones más baratas de países que aplican reglas menos estrictas para combatir el cambio climático.
Sin embargo, tal medida corre el riesgo de violar las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que requieren un trato igual de productos similares y no discriminación entre los productores nacionales y extranjeros.
Impuesto al CO2 para todos los productos de la UE
El cumplimiento de las normas de la OMC podría ser más fácil si el gravamen a la importación se correspondiera con un impuesto al carbono sobre todos los bienes, incluidos los producidos en la UE.
Con esta opción, el problema de la fuga de carbono podría abordarse porque los productores extranjeros pagarían una tasa más alta si contaminan más que otros productores.
Pero los productores electrointensivos de la UE también tendrían problemas, ya que los precios de sus exportaciones aumentarían. Como el acero, la minería y el cemento se encuentran entre los sectores de la UE que se benefician de las emisiones de carbono gratuitas hasta 2030, porque se consideran en riesgo de fuga de carbono, con el nuevo impuesto al carbono, esas exenciones tendrían que ser eliminadas. Al tener que pagar más, les hace menos competitivos en el extranjero. Eso podría tener un impacto considerable en algunos sectores. Las siderúrgicas de la UE, por ejemplo, exportan más del 10% de la producción.
Un impuesto a nivel de la UE también necesitaría el respaldo unánime de todos los estados miembros de la UE, en contra de la mayoría de las otras decisiones de la UE que se deciden por mayoría. Los intentos anteriores de introducir gravámenes en todo el bloque han fracasado ya que los gobiernos son reacios a transferir poderes de recaudación de impuestos a Bruselas.
Reforma del Comercio de Derechos de Emisión
Cualquiera de las opciones requeriría una reforma del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (ETS), que actualmente otorga un trato favorable a las industrias intensivas en energía que luchan por competir con las importaciones de países con normas climáticas más laxas.
Según las regulaciones de la UE, los productores de la UE temen que puedan perder el apoyo financiero existente a cambio de un impuesto a los competidores que podría ser cuestionado en la OMC y también podría causar represalias de los Estados Unidos y otros socios comerciales.
Entonces, ¿por qué tendría éxito un impuesto fronterizo al carbono hoy cuando una estrategia muy similar falló con las aerolíneas en 2014? La geopolítica es diferente, dice Michael Mehling, investigador de la Energy Initiative del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), "la pregunta es si la UE será más resuelta y más inteligente sobre el proceso".
Secuencia
La Comisión ha señalado que se introduciría un impuesto al carbono como parte de una revisión más amplia del ETS, pero no está claro si las dos reformas procederían simultáneamente. Para lo que sí podría servir es para para obligar a que el resto del mundo que tenga relaciones comerciales con Europa comiencen a participar de un Mercado de Derechos de Emisión mundial y por tanto, se comprometan a recortar sus emisiones.
Algunos funcionarios de la UE han dicho que el impuesto sobre el carbono solo vendría después de la revisión del Sistema de Comercio de Emisiones, que está destinado a aumentar el precio del carbono, que ahora fluctúa en alrededor de 25 euros/Tn. Ese aumento de precios se alcanzaría recortando las asignaciones gratuitas y ampliando el alcance del ETS.
La Comisión propondrá incluir la industria naviera en el ETS y reducir las asignaciones gratuitas para las aerolíneas para junio de 2021, y un borrador de la lista de acciones planificadas no incluye eliminar el tratamiento favorable existente ofrecido a otras industrias intensivas en energía.
Josep
14/01/2020