La CNMC incoa expedientes sancionadores a gasolineras por no remitir datos y vigila sus márgenes brutos

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado varios expedientes sancionadores a distintas estaciones de servicio por no remitir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la información obligatoria sobre precios de carburantes, ventas anuales y datos censales, al tiempo que ha realizado requerimientos de información a aquellas gasolineras en las que ha detectado posibles comportamientos anómalos en sus márgenes brutos.

Según informó el organismo presidido por Juan José Ganuza, estas actuaciones se enmarcan en la supervisión reforzada de la red española de estaciones de servicio asumida tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 7/2026 sobre el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, que se articula en el control de las obligaciones de reporte y en el seguimiento de los márgenes brutos de distribución.

En lo que respecta a la apertura de expedientes sancionadores por falta de información, la CNMC recordó que los titulares o gestores de las instalaciones deben enviar al Ministerio los precios todos los lunes o cada vez que cambien, además de las ventas anuales y los datos censales, con el fin de obtener información fiable y mejorar la transparencia para los consumidores.

La CNMC y las gasolineras

Así, subrayó que la omisión de estos datos constituye una infracción administrativa grave conforme a la Ley de Hidrocarburos, cuyos límites de sanción se han duplicado con el Real Decreto-ley 25/2026 y se fijan en función del volumen de negocio del infractor.

No obstante, recordó que la apertura de estos expedientes sancionadores, para cuya instrucción y resolución se abre ahora un plazo de 18 meses, no prejuzga el resultado final de la investigación ni la existencia de responsabilidad administrativa por parte de las empresas afectadas.

Por otro lado, desde el inicio del conflicto en Irán, la CNMC destacó que analiza la evolución de los márgenes brutos de todas las gasolineras del país para detectar posibles desviaciones en la traslación al mercado de las medidas fiscales extraordinarias aprobadas por el Gobierno.

De esta manera, en los casos donde el regulador ha apreciado anomalías, ha exigido a los responsables de las estaciones que justifiquen dichas desviaciones o adopten medidas para revertirlas, advirtiendo de que, si la explicación resulta insuficiente, la instalación pasará a formar parte de una relación pública que no tiene carácter sancionador ni prejuzga infracción alguna.