La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado un paso decisivo para impulsar la modernización de la red eléctrica con la apertura de audiencia pública de la propuesta de resolución que regula las condiciones y requisitos para el reconocimiento retributivo del proyecto piloto S2F, centrado en el desarrollo de soluciones de flexibilidad en las redes de distribución eléctrica.
La iniciativa permitirá que las empresas distribuidoras participantes recuperen, a través de los peajes del sistema eléctrico, los costes derivados de la puesta en marcha de estas pruebas innovadoras, siempre que se cumplan las condiciones regulatorias establecidas.
Agrupación de 10 distribuidoras
La CNMC ha validado que el proyecto cumple los requisitos exigidos para su inclusión en el régimen retributivo. No obstante, el reconocimiento económico queda condicionado a la emisión del informe favorable previsto en la normativa vigente, a la firma del correspondiente protocolo de pruebas con la Administración y a la ejecución efectiva del proyecto piloto, de acuerdo con el marco del banco de pruebas regulatorio del sector eléctrico.
El proyecto S2F, promovido por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes en representación de una agrupación de diez distribuidoras, contempla la realización de veintiocho demostradores repartidos por distintos puntos del territorio nacional. Estas actuaciones buscan testar mecanismos como los mercados locales de flexibilidad y las conexiones a red con capacidad flexible, concebidos como alternativas o complementos a las inversiones tradicionales en infraestructuras.
Según la CNMC, se trata de soluciones que no están actualmente implantadas en el sistema eléctrico español y que requieren exenciones regulatorias específicas para poder desarrollarse.
Ventajas para el conjunto del sistema
Desde el punto de vista económico, la CNMC ha evaluado el análisis coste-beneficio presentado por los promotores y ha concluido que el proyecto puede generar ventajas para el conjunto del sistema, al mejorar la eficiencia, la calidad y la seguridad del suministro, además de facilitar una integración más ágil de nuevos usos eléctricos.
Las inversiones reconocidas se verán minoradas por las ayudas públicas ya concedidas al proyecto, que ascienden a más de 3,3 millones de euros procedentes de programas de apoyo a nuevos modelos de negocio en la transición energética, de modo que solo se retribuirán los costes netos finalmente asumidos por las distribuidoras.
La resolución también establece límites y condiciones precisas sobre qué conceptos serán retribuibles. Quedan excluidos aquellos costes que ya estén contemplados en la metodología general de retribución de la distribución eléctrica, y se exige una acreditación detallada de los gastos efectivamente vinculados al proyecto. Asimismo, la CNMC supervisará la obtención de los servicios de flexibilidad para garantizar que se realice mediante procedimientos transparentes, no discriminatorios y basados en el mercado, en línea con la normativa europea.
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