La cogeneración pide al Congreso recuperar la medida para mantener más de 100 plantas y evitar nuevos cierres

Las principales patronales vinculadas a la cogeneración y a la valorización energética de residuos han remitido una propuesta conjunta a los distintos grupos del Congreso de los Diputados para reincorporar a la nueva tramitación legislativa una disposición que permita prorrogar temporalmente la actividad de instalaciones industriales que han agotado o agotarán próximamente su vida útil regulatoria, para que puedan seguir operando hasta completar inversiones y participar en las próximas subastas que el Gobierno promulgará en junio.

En un comunicado conjunto, las asociaciones Acogen, Cogen España, ADAP, ANEO y Aeversu solicitan que la medida se reincorpore a la proposición de Ley que modifica la normativa del mercado de derechos de emisión de CO2, "donde el año pasado ya contó con el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios antes de que el texto fuese retirado por el Gobierno".

En concreto, estimaron que esta propuesta busca "evitar cierres irreversibles" ante el inminente concurso de 1.200 megavatios (MW) de cogeneración, que se convocará para los próximos tres años y a la que se prevé que más de 200 industrias concurrirán, movilizando 1.800 millones de euros en inversiones.

La cogeneración

El sector subrayó que la medida "es esencial" para garantizar la continuidad de más de un centenar de industrias pertenecientes a sectores estratégicos de la economía española, presentes en todo el territorio nacional y vinculadas a la actividad industrial, las explotaciones agroalimentarias y la valorización energética de residuos.

La cogeneración está vinculada a más de 600 industrias de sectores intensivos en el uso de energía como la alimentación, química, papel, cerámica, automóvil o refino, que representan cerca del 20% del PIB industrial y mantienen unos 200.000 empleos directos.

Asimismo, subrayaron que la medida presentada afecta intensamente a las plantas de tratamiento de purines del sector porcino -vitales para explotaciones ganaderas y empresas cárnicas-; a instalaciones vinculadas al olivar y al sector orujero, que gestionan los subproductos del 40% de la producción nacional del aceite de oliva; y a las plantas de valorización energética que gestionan los residuos de más de 400 municipios de Galicia y País Vasco, "cuyo final de vida regulada pone en riesgo sus contribuciones".

El director general de Acogen, Javier Rodríguez, consideró que el Congreso tiene ahora "la oportunidad de recuperar una medida que ya había generado un elevado consenso político e industrial y que puede evitar un mayor deterioro del tejido productivo aportando confianza para mantener e impulsar la industria en España".

Las asociaciones empresariales indicaron que la medida propuesta tendría carácter transitorio hasta 2031 y permitiría "acompasar la continuidad operativa de las instalaciones con el desarrollo del nuevo ciclo inversor de modernización tecnológica y descarbonización previsto para el sector".