La Comunidad de Madrid se opone al decreto de centros de datos del Gobierno: frena la inversión y restará competitividad

La Comunidad de Madrid se opone al Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos aplicables a los centros de datos, porque frenará la inversión en ellos y restará competitividad a España. Este proyecto del Gobierno central, pese a tener objetivos como la de eficiencia energética, sostenibilidad, descarbonización, resiliencia y soberanía digital, no resulta viable tal como está propuesto, por lo que el Ejecutivo regional considera que debe ser retirado y reformulado sustancialmente.

Con independencia de los objetivos que la iniciativa dice perseguir, el modelo regulatorio acumula requisitos y obligaciones en materia energética, hídrica, contractual y de soberanía digital, y los convierte, además, en condiciones vinculadas al acceso y conexión a la red eléctrica. Su incumplimiento puede conllevar fuertes recargos económicos y la pérdida de los permisos de acceso.

Además, la Comunidad de Madrid considera que parte de una premisa que debe ser revisada: la presión creciente sobre la capacidad de acceso y conexión no puede resolverse mediante la restricción de la demanda que el país necesita para crecer, digitalizarse y avanzar en su proceso de electrificación. España dispone de una posición energética especialmente favorable, sustentada en un parque de generación nuclear existente y en un extraordinario desarrollo de las energías renovables, que debe constituir una ventaja competitiva para atraer inversión, desarrollar nueva actividad económica y reforzar la autonomía estratégica del país.

El Ejecutivo regional también rechaza que la saturación de la red se resuelva limitando inversiones en lugar de reforzar las infraestructuras eléctricas. El nuevo régimen, más restrictivo, desactivará las inversiones y se puede convertir en una barrera para implantar una infraestructura de la que depende buena parte de la próxima generación de actividad económica digital en España y de las iniciativas vinculadas a la digitalización, así como a la competitividad del país, que debería aprovechar la ventaja que suponen su parque de generación nuclear y el desarrollo de las energías renovables.

Madrid y los centros de datos

En la región existen actualmente 56 proyectos de centros de datos, 15 en construcción y 41 ya diseñados, que supondrían una inversión aproximada de 15.000 millones de euros y proporcionarían entre 17.000 y 24.000 puestos de trabajo directos e indirectos. A ello se añade su impacto en el PIB regional, cuya inversión comprometida podría llegar a 26.250 millones solo por el efecto directo de los proyectos, sin computar el arrastre sobre el resto de la industria del conocimiento que depende de estas infraestructuras.

Los centros de datos no son una actividad aislada, sino una infraestructura imprescindible para desarrollar la inteligencia artificial, la computación en la nube, los servicios digitales y las nuevas actividades económicas. Su singularidad no justifica una regulación excesiva que, además, añade inseguridad jurídica e incertidumbre, porque afecta a solicitudes en tramitación o a proyectos que ya contaban con permisos de acceso y conexión, de operadores que habían hecho su proyecto de inversión en condiciones distintas, con otra normativa, y se verían sometidos a nuevos requisitos.

El Gobierno central evita la tramitación de una norma con rango legal para omitir la tramitación del Congreso y someterse a la soberanía popular. El proyecto que han presentado, por su alcance cuasi prohibitivo, sancionador y retroactivo, no puede aprobarse mediante un real decreto, sino que exigiría una norma con rango de ley y afectaría a la libertad de empresa.

En suma, la Comunidad de Madrid considera que España necesita un marco que combine eficiencia, seguridad jurídica y durabilidad, a la vez que impulse la inversión, el desarrollo de redes y la disponibilidad energética, convirtiéndose en uno de los principales polos europeos de digitalización.