Que en España se está viviendo un nuevo “boom” de la fotovoltaica ya no es noticia. Desde la subasta del año pasado donde se adjudicaron casi 4.000 MW, el sector está en un nuevo renacer. No solo porque casi se duplicaría la capacidad instalada actual sino porque a esa cifra se le sumaría un número ingente de proyectos que están presentando solicitudes para su instalación al margen de las subastas hasta sumar 23.000 MW.
Todos ellos participan en una carrera de obstáculos donde los trámites administrativos son uno de sus principales tapones. Necesitan conseguir las DIA (Declaraciones de Impacto Ambiental) lo antes posible y el tiempo corre en su contra, sobre todo los megavatios ganadores de las subastas que deben ser instalados antes de finales de 2019.
Las solicitudes de grandes proyectos, de más de 5 MW, se tramitan directamente con la Administración central, pero otros de menor envergadura se canalizan vía comunidad autonómica y no todas tienen igual éxito. En el caso de los proyectos fotovoltaicos, los destinos elegidos son Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, Castilla y León y Comunidad Valenciana, por sus condiciones geográficas y de irradiación solar.
Casi todas ellas son conscientes de los beneficios que supone la instalación de nuevos proyectos renovables en sus zonas rurales, por lo que supone en reactivación económica y creación de empleo, y sus gobiernos han pedido a los funcionarios que prioricen la tramitación de esos expedientes para que puedan seguir adelante con el proceso. Casi todas porque hay una que no está haciendo bien los deberes. Es el caso de la Comunidad Valenciana.
“No se entiende que los funcionarios de la Comunidad Valenciana estén notificando a los promotores que necesitan un plazo de hasta dos años para la tramitación de los expedientes medioambientales”, explican fuentes del sector fotovoltaico a este diario, “mientras que en el resto de las regiones hay órdenes expresas por parte de sus gobiernos para que se agilice y se reduzca el plazo de espera a solo unos meses”.
Así ha ocurrido en Andalucía. Hace unos días, el Pleno de su Parlamento apoyaba de manera unánime el Decreto-Ley 2/2018, de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las renovables, para actuar como “revulsivo” a corto y medio plazo estableciendo una serie de medidas que puedan reducir los trámites pertinentes en la puesta en marcha de proyectos energéticos, y otras de fomento e impulso de las energías limpias.
“Lo que está consiguiendo el gobierno de la Comunidad Valenciana es que muchos de los proyectos que se pretendían construir allí se estén yendo a otros territorios que sí les están facilitando la tramitación”, continúan las mismas fuentes, “es cierto que ninguno es de los ganadores de la subasta (tan solo hay algún pequeño proyecto de pocos megavatios con intención de instalarse en esta comunidad), pero este desinterés desincentiva a los inversores y retrasará la implantación y desarrollo de las renovables en la región”.
Por el momento, la Conselleria de Economía de la Comunidad Valenciana ha recibido en el último año un total de 22 solicitudes para instalar centrales fotovoltaicas. La suma de estas iniciativas sumarían cerca de 1.000 megavatios de potencia máxima, y se concentrarían en un principio en la provincia de Valencia, pero todo podría quedar en papel mojado.
Pese a que existe un compromiso político firme de las áreas de Economía, Territorio y Medio Ambiente del gobierno valenciano para agilizar la tramitación de los permisos al máximo, la realidad se impone. Ya están perdiendo inversiones por meras cuestiones burocráticas, y esto puede crear precedente para proyectos futuros.