La demanda eléctrica se erige como condición imprescindible para el crecimiento económico y la estabilidad del sistema en 2026

La necesidad de activar la demanda eléctrica, acelerar la ejecución de redes y dotar de estabilidad regulatoria al sistema se consolidó como el mensaje central en la presentación del informe ‘Los 10 temas clave del sector de la energía en 2026’, elaborado por El Periódico de la Energía en colaboración con PwC España. Empresas como Axpo Iberia, Engie, Octopus Energy e Iberdrola coincidieron en que el sistema eléctrico español afronta un momento decisivo: dispone de una ventaja competitiva renovable sin precedentes, pero carece de la infraestructura, la coordinación regulatoria y los incentivos adecuados para traducirla en crecimiento económico e industrial.

Desde el inicio del debate, los ponentes compartieron el diagnóstico general del informe. José Luis Novo, director de regulación de Axpo Iberia, señaló que el documento “refleja muy bien los retos y oportunidades de 2026” y destacó que los diez temas abordados están interconectados por un mismo hilo conductor: la necesidad de resolver cuellos de botella estructurales que llevan años sobre la mesa. En su opinión, el fuerte impulso renovable registrado en España, con más del 50% de la energía generada ya de origen renovable y cerca del 70% de la potencia instalada, no ha venido acompañado de un crecimiento paralelo de la demanda, lo que ha tensionado el funcionamiento del sistema.

Julio Nieto, director de regulación de Engie, admitió sentirse identificado con la mayoría de los problemas recogidos en el informe y advirtió de que muchos de ellos se repiten ejercicio tras ejercicio sin que se alcance una solución definitiva. “Está todo encima de la mesa, pero nada se resuelve”, afirmó en referencia a cuestiones como los mercados de capacidad, la cogeneración o el acceso y conexión a red, cuya regulación está en gran parte aprobada, pero pendiente de aplicación efectiva.

La intervención más contundente en clave de crecimiento económico llegó de la mano de Patxi Calleja, director de regulación de Iberdrola, quien situó la demanda en el centro del debate. Recordó que España produce ya en torno al 86% de su electricidad con fuentes renovables y nuclear, lo que, a su juicio, constituye un pilar de autonomía energética. Sin embargo, alertó de que la falta de infraestructuras está impidiendo conectar nuevas industrias, centros de datos, promociones residenciales o puntos de recarga. “Hay inversión que quiere venir, que quiere generar empleo, y le estamos diciendo que no”, subrayó, citando informes recientes que apuntan a la red eléctrica como uno de los principales limitadores del crecimiento económico del país.

Calleja criticó la baja ejecución de la planificación vigente y afirmó que solo el 25% de determinadas infraestructuras clave para conectar distribución con transporte se ha materializado. También cuestionó que, de los 13.000 millones de euros previstos en la nueva planificación, únicamente 1.000 millones se destinen a dar servicio a la distribución, donde se conecta la práctica totalidad de la demanda. A su juicio, el coste de reforzar redes tendría un impacto reducido en la factura y sería muy inferior al perjuicio económico de frenar inversiones privadas.

Fiscalidad

La fiscalidad fue otro de los ejes destacados. El responsable de Iberdrola defendió que la electricidad soporta una carga impositiva comparable a la del tabaco o el alcohol, lo que, en su opinión, desincentiva el consumo de una energía nacional, no emisora y clave para la descarbonización. Desde Engie se coincidió en la necesidad de revisar la fiscalidad no solo de la electricidad, sino del conjunto de vectores energéticos, especialmente en ámbitos como las redes de calor y frío, fundamentales para descarbonizar determinados consumos térmicos.

El debate sobre la demanda no se limitó a su volumen agregado, sino que se amplió a su papel activo en el sistema. Dolores González Pastor, directora de Relaciones Institucionales y Asuntos Públicos de Octopus Energy en España, defendió que la demanda existe, pero que el almacenamiento no ha avanzado al mismo ritmo que la generación renovable. A su juicio, la contradicción entre vertidos de energía limpia en determinadas horas y quejas por falta de capacidad en otras se explica por la ausencia de almacenamiento suficiente y por una regulación que no facilita la agregación de la demanda.

González Pastor puso el foco en el almacenamiento detrás del contador como vía rápida para aportar flexibilidad, destacando el crecimiento de las baterías domésticas tras el apagón registrado meses atrás. Asimismo, reclamó mayor protagonismo para la digitalización y el “software” del sistema, entendiendo la flexibilidad como una herramienta tecnológica que permite optimizar la infraestructura existente sin recurrir exclusivamente a nuevas inversiones físicas. Según explicó, un marco jurídico estable para la flexibilidad y la agregación podría generar ahorros superiores a 2.500 millones de euros en España.

En línea con este planteamiento, Novo insistió en que la demanda no solo aporta consumo, sino también capacidad de ajuste. Defendió que la revisión de peajes debería orientarse a lograr un uso más eficiente de las redes, integrar mayor volumen de renovables y facilitar la conexión de nueva demanda. También detalló que Axpo está planteando mecanismos para fijar ingresos a largo plazo a proyectos de baterías y propuestas de electrificación cuya viabilidad dependerá del diseño final de los peajes. Añadió que el biometano, pese a aparecer en último lugar en el informe, constituye un vector relevante de economía circular que combina gestión de residuos y descarbonización.

Nieto, por su parte, subrayó que el estancamiento de la demanda durante las dos últimas décadas ha contribuido a episodios de precios negativos, vertidos renovables y mayores restricciones operativas, incluyendo limitaciones a la velocidad de programación de instalaciones. Señaló que los mercados de capacidad resultan esenciales tanto para el desarrollo de baterías como para garantizar la viabilidad de los ciclos combinados, que siguen siendo necesarios para asegurar la estabilidad del sistema.

Mayor coordinación institucional

Los participantes también reclamaron mayor coordinación institucional. Desde Engie se pidió coherencia entre la visión del regulador, del transportista, de los distribuidores y del Ministerio, mientras que Octopus Energy apeló a una mayor sincronía técnica entre Red Eléctrica y la CNMC para desbloquear cuestiones como la agregación por debajo del megavatio o la transposición completa de la directiva europea del mercado interior eléctrico.

Otro de los puntos críticos fue la denominada “operación reforzada” del sistema. Calleja reclamó mayor transparencia sobre sus reglas, costes y efectos en términos de energía no aprovechada, sugiriendo que debería existir una fiscalización periódica por parte del regulador que detalle el impacto económico y operativo de estas medidas.

En conjunto, el acto ha evidenciado una coincidencia amplia en el diagnóstico: España dispone de recursos renovables abundantes y precios eléctricos competitivos en determinadas horas, pero la falta de crecimiento de la demanda, los cuellos de botella en acceso y conexión, la lenta ejecución de redes y la incertidumbre regulatoria amenazan con diluir esa ventaja. Los directivos instaron a convertir 2026 en un punto de inflexión que permita pasar del análisis reiterado de problemas a la adopción efectiva de soluciones, bajo el convencimiento de que sin una demanda conectada, flexible y fiscalmente incentivada, la transición energética y el crecimiento económico avanzarán por debajo de su potencial.