Teresa Ribera, la exsecretaria de Estado de Medio Ambiente y Cambio Climático, volverá al Gobierno de España de la mano de Pedro Sánchez como nueva ministra de Transición Energética y Medio Ambiente, un gran ministerio que aglutinará todas las competencias energéticas y medioambientales con el que pretende acelerar la senda de la descarbonización de España para un futuro próximo.
Así, Ribera, que presidía en el PSOE el Consejo Asesor para la Transición Energética hasta ahora, sentará las bases de acuerdo a las propuestas socialistas en esta materia, que pasan por, entre otras cuestiones abandonar el carbón y cerrar las centrales nucleares a medida que cumplan sus 40 años de vida útil.
Recientemente, Ribera ha manifestado que la transición ecológica es un desafío "complejo" puesto que requiere visión de conjunto coherente en "todos los ámbitos" de la vida, tanto en el marco constitucional y financiero en el sistema fiscal y en las políticas de empleo.
En base a esta concepción, a finales de marzo, hace apenas dos meses, el Consejo Asesor presentó su esquema a este respecto, que pasa por alcanzar un sistema energético eficiente y sostenible que siente las bases para un sector eléctrico basado en las energías renovables en 2050 y reducir las emisiones de CO2 según los compromisos del Acuerdo de parís.
Además, quiere promover un "gran Pacto de Estado" de la Energía que permita una política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición energética.
Para ello, el documento contempla aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que establezca objetivos de reducción de emisiones y su actualización, impulsar el mejor conocimiento y la disponibilidad de escenarios climáticos y de trayectorias para el desarrollo sostenible, así como la sistemática toma en consideración de los elementos de riesgo climático en cualquier actuación pública y de transparencia y rendición de cuentas en empresas cotizadas.
Además, prevé modificar la Ley de Contratación Pública para que ésta incluya los nuevos requisitos ambientales y climáticos a todos los proveedores y contratistas.
Entre las medidas energéticas más concretas, según la propuesta socialista, también está prohibir el fracking y nuevas exploraciones de hidrocarburos así como el cierre progresivo de las centrales nucleares cuando éstas vayan cumpliendo 40 años de vida útil.
Apuesta igualmente por el autoconsumo energético y reformar el denominado 'Impuesto al Sol', así como acometer una reforma del mercado eléctrico que incluya una auditoría de los costes regulados que están integrados en la tarifa eléctrica, así como el nuevo mercado gasístico.
Por otro lado, plantea la creación de un Fondo Verde para la transición energética que se alimente con parte del nuevo impuesto al CO2 y que se destine a impulsar la eficiencia, la movilidad sostenible y el apoyo a una transición justa.
En cuanto a las ciudades, el consejo de preside Ribera ve necesaria la aprobación de un Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios, y Regeneración Urbana, que tiene como objetivo pasar de las 23.000 viviendas/año rehabilitadas actualmente a 200.000 viviendas/año en 2025, generando unos 200.000 empleos nuevos en el sector.
Incendios y especies invasoras
En política forestal busca prohibir de forma absoluta el cambio de uso de suelo en las zonas forestales incendiadas y un nuevo estatuto básico para agentes y bomberos forestales. Del mismo modo apuesta por derogar las limitaciones y excepciones aprobadas respecto a la Ley de Patrimonio Natural y la Protección de la Biodiversidad de 2007 en el año 2015 y en concreto, lo relativo a las especies invasoras.
En materia de agua, el nuevo Gobierno considerará el agua como un derecho y un bien ambiental y buscará una planificación hidrológica que pase por el saneamiento antes de devolver el agua a los cauces naturales; promoverá mecanismos para fomentar el agua desalada a precios asequibles, incluido el establecimiento de tarifas sociales.
En cuanto a los territorios afectados por la sequía se tomarán en consideración las proyecciones hídricas y climáticas en la consideración de los ciclos de planificación y se impulsará un uso eficiente de desaladoras y otras infraestructuras existentes.
En ese ámbito, los socialistas quieren promover la aprobación de un plan de restauración de ríos y humedales, así como un plan nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización del Agua.
Por último, otros planteamientos del PSOE pasan por recuperar los plazos de protección del dominio público marítimo terrestre de la Ley de Costas de 1987 y prohibir totalmente cualquier intervención nueva excepto para su protección así como el desarrollo de una Ley de protección del medio marino y la aprobación de una nueva estrategia de adaptación de la costa al cambio climático.
Finalmente, quieren impulsar el objetivo de vertido cero, el ecodiseño, el uso de materiales recuperados y la trazabilidad de los productos, así como fomentar la concienciación y la sensibilización ambiental de los ciudadanos.
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