La instalación de los 450 MW eólicos en Canarias previstos en la Reforma Energética supondría una inversión de unos 630 millones de euros, la creación de aproximadamente 3.500 empleos en los años de construcción de los parques (2015-16) y entre 1.000 y 1.400 puestos de trabajo fijos en las islas. Estos son sólo alguno de los beneficios que aportaría la eólica a las islas, según ha afirmado José López-Tafall, presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), en la inauguración de la jornada La eólica en Canarias, coorganizada por AEE y Aeolican, la Asociación Eólica Canaria.
Sin embargo, López-Tafall afirmó que Canarias no se puede aislar de lo que ocurre en el resto de España, donde se han frenado las inversiones como consecuencia de la inseguridad jurídica que ha traído consigo la Reforma Energética. “Aún estamos aprendiendo a valorar los efectos de la nueva normativa, que aún dará sorpresas en los próximos meses y tendrá consecuencias imprevistas”, señaló. En este escenario, va a ser difícil atraer nuevas inversiones.
El presidente de AEE se refirió a la contradicción que supone la normativa para los sistemas extrapeninsulares: la Orden Ministerial que incentiva las nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas tiene como fin sustituir la generación convencional por generación renovable para reducir el extracoste de generación, que se ha incrementado un 38% desde el año 2009. “Pero los parques ya instalados generan los mismos beneficios de reducción de costes y se les penaliza, al aplicarles un cambio de régimen retroactivo igual que al resto de instalaciones de España”, afirmó. En este sentido, la AEE propone que los parques existentes en Canarias perciban un incentivo a la reducción de costes de generación durante toda su vida útil, de modo que no haya discriminación con las demás tecnologías de generación.
Según AEE, el ahorro de costes para los consumidores eléctricos de instalar los 450 MW eólicos previstos será de 112 millones de euros anuales con los precios actuales de los combustibles fósiles. Durante toda la vida útil de las instalaciones (20 años), el ahorro total sería de 2.240 millones.
María Antonia Moreno, directora general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, abrió la jornada y destacó los esfuerzos que se están realizando en el Archipiélago para que despegue la eólica. Señaló que la normativa dictada por el Gobierno de España reconociendo la singularidad de la eólica en Canarias “es un paso adelante con muchas aristas que limar”. Por ejemplo, “es necesario que se reconozca una rentabilidad razonable a las inversiones”, lo que calificó de “asignatura pendiente”.
En cuanto a la normativa canaria, Moreno afirmó que se encuentra “en la recta final de un proyecto de decreto que será una segunda oportunidad para la eólica”, ya que simplificará los trámites, eliminará las ineficacias y permitirá que la eólica se tramite con la misma facilidad que las demás instalaciones energéticas. “Vamos a trabajar para que la eólica sea una realidad en las islas”, finalizó.
Rafael Martell, presidente de Aeolican, comenzó su intervención preguntándose por qué si la eólica es tan barata y así lo reconoce la propia ley hay tan poca potencia en las islas. Y afirmó que las circunstancias que han frenado la eólica en Canarias "están todas en el BOE".
Entre otras cosas, reclamó que tanto el plazo de inscripción de los 450 MW previstos (limitado por ley hasta el próximo 15 de noviembre), como la puesta en marcha y las horas de funcionamiento de los parques "sean indefinidas mientras la eólica siga ahorrando".
Deja tu comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Todos los campos son obligatorios