España va camino de cumplir los objetivos de la UE en cuanto a cargadores de vehículos eléctricos. Así lo afirma un estudio, aunque sus provincias menos pobladas van a la cola. La mitad del territorio español -la llamada "España vaciada"- sólo cuenta con el 15% de los cargadores, según el estudio elaborado por Transport & Environment España. Según T&E y ECODES, el Gobierno debe seguir el ejemplo, entre otros, de Alemania o Países Bajos y elaborar un plan nacional de despliegue de la infraestructura de recarga con una ruta bien definida hasta el año 2030.
Las provincias de Madrid y Barcelona, cuyos territorios suponen el 3% del territorio nacional, albergan actualmente el 28% de todos los cargadores desplegados. Sin embargo, como afirma el estudio, el despliegue de puntos de recarga en las grandes ciudades está siendo correcto, se necesitan objetivos provinciales para el desarrollo de la infraestructura de recarga para que España construya una red suficiente en consonancia con el número de vehículos eléctricos matriculados en cada una de las provincias.
Óscar Pulido, responsable del programa de electrificación de flotas en T&E lo explica: “España es diferente del resto de países europeos, por su topografía y su densidad de población y como tal necesita soluciones propias. Es necesario un plan que se ajuste a la realidad española. Disponer de puntos de recarga en zonas de baja densidad de población y en especial en todas las principales carreteras del país es clave para facilitar los viajes fuera de las grandes ciudades, así como dar la posibilidad a empresas y profesionales a operar en esas zonas con vehículos eléctricos.”
Duplicar las estaciones de carga
De acuerdo con la legislación de la UE, en 2027 España deberá duplicar el número de estaciones públicas de recarga y en 2030 tendrá que contar con una cantidad de cargadores aproximadamente 10 veces superior a la actual, según el informe. T&E afirma que se trata de un objetivo ambicioso, pero que la multiplicación por 10 del número de cargadores desde 2020 demuestra que es factible.
La legislación de la UE, el Reglamento sobre Infraestructuras para Combustibles Alternativos (AFIR), establece dos objetivos de recarga para los Estados miembros: uno basado en el parque de vehículos eléctricos y otro basado en la distancia a intervalos de 60 km a lo largo de las principales carreteras europeas. El objetivo basado en la flota se aplica al conjunto del territorio de un país, por lo que es vital aplicarlo de forma descentralizada, dividiendo el objetivo nacional en objetivos provinciales.
T&E y ECODES han investigado cuál es la situación actual de la red de infraestructura de puntos de recarga pública para vehículos eléctricos. El resultado es un mapa (para acceder a la versión interactiva de este mapa haga click aquí) que refleja la distribución de los cargadores, así como el cumplimiento del AFIR si este fuera aplicado a nivel provincial (y no nacional que es el único objetivo presente en el reglamento). A través de estos análisis se concluye que la gran mayoría de los cargadores públicos se encuentran en las provincias que albergan las ciudades más grandes.
La importancia del turismo
El estudio señala además la necesidad de tener en cuenta factores tales como los territorios de alta afluencia turística y segundas residencias, en donde la cantidad de vehículos se multiplica durante algunos meses. Todo ello sin olvidar el tipo de vivienda predominante en cada zona, dado que el acceso a la recarga doméstica variará según si se trata de chalets individuales o de bloques de viviendas con o sin plaza de garaje, o si el aparcamiento es en propiedad o en alquiler, lo que directamente repercutirá en la demanda de recarga pública.
Cristian Quilez, responsable de transporte y movilidad de ECODES concluye que: “Dejar el despliegue plenamente en manos del mercado libre con las mismas reglas de hoy en día, supone que la inmensa mayoría de los puntos de recarga se instalarán únicamente en lugares donde puedan generar un beneficio económico desde el primer momento. El Gobierno nacional y los Gobiernos regionales, a través de la colaboración con el ecosistema económico y social, deben garantizar la cohesión social y vertebración territorial en la implementación de esta infraestructura a través de un mallado similar al de los surtidores actuales para vehículos de combustión fósil.“
David B
28/11/2023