La comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo ha confirmado el acuerdo alcanzado con los gobiernos de la UE para reformar el diseño del mercado eléctrico europeo para mejorar su funcionamiento, dar más poder a los consumidores y facilitar la transición hacia un modelo energético más limpio.
En concreto, los eurodiputados han dado su visto bueno tanto al nuevo reglamento como a la nueva directiva, pero todavía debe pronunciarse al respecto el conjunto de la Eurocámara en la sesión plenaria prevista a finales de marzo.
Uno de los principales elementos de las nuevas reglas es que los proveedores de electricidad tendrán la libertad de fijar sus precios, algo que "limitará las distorsiones de mercado, conducirá a una mayor competencia y resultará en una caída de los precios minoristas", según el Consejo de la UE.
No obstante, los socios europeos que todavía regulan el precio de la electricidad que pagan los hogares podrán seguir haciéndolo, aunque tendrán que presentar informes con los progresos alcanzados para abolir completamente la regulación pública de los precios. La Comisión Europea tendrá que evaluar para 2025 los avances conseguidos en toda la UE en este sentido e incluso presentar una propuesta legislativa para poner fin a los precios regulados.
También busca reforzar los derechos de los consumidores. Por ejemplo, los proveedores de electricidad tendrán que ofrecer a sus clientes la opción de cambiar de empresa sin pagar tasas en un periodo máximo de tres semanas y de 24 horas a partir de 2026.
Los consumidores también tendrán derecho a pedir medidores inteligentes para controlar su consumo, salvo que un análisis de impacto elaborado en un determinado Estado miembro demuestre que los costes de esta medida sobrepasan sus beneficios.
Además, se deberá garantizar su acceso a comparadores de precios 'online' libre de cargos y podrán optar por tener un precio dinámico de electricidad por parte de compañías con más de 200.000 clientes.
Por último, el reglamento establece nuevas condiciones para que los Estados miembros puedan poner en marcha mecanismos de capacidad. En concreto, las nuevas plantas que emitan más de 550 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilovatio/hora no podrán participar en estos mecanismos de capacidad.
í que podrán hacerlo las plantas que ya están operativas y con emisiones contaminantes por encima de ese umbral y 350 kilogramos de CO2 de media al año por kilovatio instalado, pero únicamente hasta el 1 de julio de 2025.
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