La fotovoltaica en la senda de la transición energética

Recientemente, estamos viendo  las primeras proposiciones de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Ley fundamental, ya que es la que debe definir el marco en el cual se va a producir la transición energética en nuestro país.

Los efectos que va a tener este marco no van a ser solo la mayor o menor descarbonización de nuestra sociedad sino que se van a sentir en todo los aspectos de nuestra economía.  De ahí, la importancia de que se hagan bien las cosas en su redacción. Comenzando con que la misma sea objeto de un amplio consenso político para dar garantías de su continuidad.

¿Qué sería hacer bien las cosas? Lo primero, fijar el objetivo de descarbonización e introducción de renovables, que debería como mínimo estar en sintonía con los objetivos recientemente aprobados por el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea.

Pero, no basta con definir el objetivo global, sería necesario definir el mix energético en base al cual alcanzaremos los objetivos,  para dar previsibilidad a los agentes económicos. A este respecto, la participación de la energía fotovoltaica debería ser fundamental en atención a su condición de tecnología más competitiva en precio, la mayor previsibilidad de su  producción final, su  menor impacto sobre el territorio, su producción durante las horas de mayor consumo,  su menor plazo para la concreción de proyectos y el creciente descenso de precio de los sistemas de almacenamiento complementario.  En base a los diferentes informes publicados recientemente y al número de proyectos que están en este momento en tramitación administrativa, esta aportación debería estar en el entorno de los 40/50GW al año 2030.

Pero no basta con que se sepa cuál es la cantidad de MW a instalar a 2030.

La Ley de Transición Energética no debe de ser solo un instrumento para que tengamos una forma más limpia de producir energía, puede y debe ser también un importante vector de desarrollo económico y generación de empleo. Para ello es necesario abandonar el modelo de crecimiento renovable, acelerón/apagón/acelerón, que ha “sufrido” nuestro país.  Nadie invierte en nueva capacidad productiva para dar satisfacción a un mercado, que por muy importante que sea va a durar apenas un año, como sucede con las recientes subastas. Para maximizar las externalidades económicas positivas, es imprescindible la previsibilidad del mercado, es decir es necesario establecer la senda de crecimiento que se desea del mismo. De tal forma que los inversores tengan siempre delante una visibilidad de al menos cinco años, lo que facilitaría la inversión en nuevas unidades productivas y en I+D.

Otra prioridad debe ser la recuperación de la imagen de seguridad jurídica. No es tarea simple movilizar los entre 30.000 y 50.000 millones de euros que se van a necesitar cuando se es el país líder en demandas de arbitrajes internacionales. Como mínimo se debe de asegurar la estabilidad retributiva tanto a las instalaciones que han sufrido los recortes como a las de las últimas subastas, para borrar el estigma de nuestro sector eléctrico de estar sujeto a una inseguridad jurídica institucionalizada.

Otro elemento clave en la Transición Energética es que el Mercado al cual tienen que acudir las energías renovables para que se les asigne precio debe estar adecuado a sus características. Un sistema de mercado anticuado, diseñado en los años ochenta del siglo pasado, cuando nadie podía prever que llegaría un momento en el cual las tecnologías dominantes serían tecnologías sin costes variables relevantes, que asigna precio en función de los costes marginales no puede ser un asignador eficaz de precio para las energías renovables.

El autoconsumo, la forma a través de la cual los ciudadanos y las empresas a la vez que ahorran energía y reducen su coste energético pueden mostrar su solidaridad con la lucha contra el Cambio Climático, necesita ser liberalizado, eliminando las cargas y peajes sobre la energía autoconsumida y racionalizando y dando certidumbre a su tramitación administrativa. Esto conllevaría también una reforma del sistema de tarificación eléctrica hacia un sistema más progresivo, con un mayor peso del componente variable, que además de contribuir a la lucha contra la pobreza energética, no sea una barrera para las políticas de eficiencia energética y de introducción de las energías renovables.

Todo ello debe ser acompañado por una adecuada planificación y regulación de las redes para evitar cuellos de botella no deseados que ralenticen  la consecución de los objetivos planteados.

El desafío está sobre la mesa y es importante. Si hacemos las cosas bien, la lucha contra el Cambio Climático se habrá convertido en una importante oportunidad de crecimiento económico y generación de empleo capilar para nuestro país.

José Donoso es director general de UNEF