El gobierno catalán ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el Real decreto ley de medidas del sistema gasista que incluye la indemnización del Estado concedida a las empresas promotoras del proyecto de almacén de gas Castor.
En rueda de prensa tras la reunión del Ejecutivo catalán, el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno autonómico, Francesc Homs, ha explicado que el recurso se basa en la "falta de justificación y proporcionalidad de la singularidad de la regulación establecida", así como "la no concurrencia de una extraordinaria urgencia para aprobar esta norma mediante un Real decreto-ley".
El Gobierno aceptó el pasado 3 de octubre en un Real decreto-ley la renuncia a la concesión del almacén de gas Castor de Escal UGS, participada por ACS en un 66,67 %, y fijó una indemnización para la compañía de 1.350,7 millones, cantidad que se cargará al recibo del gas durante 30 años. Argumentos jurídicos
"Tenemos argumentos jurídicos para presentar un recurso de inconstitucionalidad" contra una "indemnización multimillonaria que va a cargo de los ciudadanos de nuestro país", ha señalado Homs.
Así, el Govern considera que la resolución de la concesión del almacén Castor "implanta un régimen singular y diferente del que resultaría de la aplicación de la legislación general vigente". Un hecho que "vulnera la prohibición constitucional de la desigualdad arbitraria y dificulta el control de la garantía de los derechos e intereses afectados por parte de la justicia".
El Ejecutivo catalán se muestra así "contrario" a que los ciudadanos y las empresas "deban asumir el coste de la mala gestión de este proyecto".
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