Eficiencia

La gran industria podrá acreditar ahorros energéticos con combustibles fósiles si no hay alternativas limpias

El modelo propuesto exige a las empresas que justifiquen su situación mediante una auditoría energética rigurosa, en la que se identifiquen claramente las medidas aplicadas y su rentabilidad

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La gran industria española podrá contabilizar como ahorro energético las mejoras de eficiencia en procesos que utilizan combustibles fósiles, siempre que no existan alternativas técnicas viables basadas en energías limpias. Así lo establece el borrador de una Orden Ministerial elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que transpone a la legislación nacional una excepción incluida en la nueva Directiva Europea de eficiencia energética.

La medida surge como parte de la transposición de la Directiva (UE) 2023/1791, que establece nuevas metas para el ahorro de energía en los países miembros de la Unión Europea. Aunque la norma europea fija criterios más exigentes, también reconoce que en algunos sectores industriales, sobre todo los de mayor consumo energético, la transición a tecnologías completamente descarbonizadas todavía presenta obstáculos técnicos o económicos difíciles de sortear en el corto plazo.

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En este contexto, la propuesta del MITECO no busca restringir directamente el uso de combustibles fósiles, sino crear un marco regulado para que las grandes empresas industriales puedan seguir utilizándolos de forma excepcional y temporal. Siempre que se acredite una mejora real en la eficiencia energética, estas actuaciones podrán ser contabilizadas en los objetivos nacionales mediante la emisión de Certificados de Ahorro Energético (CAE). Esta excepción solo será válida hasta el 31 de diciembre de 2030, y estará sujeta a condiciones estrictas que garantizan su carácter transitorio y alineado con las metas climáticas a largo plazo.

Auditorías

El modelo propuesto exige a las empresas que justifiquen su situación mediante una auditoría energética rigurosa, en la que se identifiquen claramente las medidas aplicadas y su rentabilidad. También deben demostrar que las tecnologías utilizadas no implican un aumento en el consumo ni en la capacidad productiva, y que se ajustan a las normas más recientes de la Unión Europea en materia de emisiones. Además, es imprescindible acreditar que no existe en el mercado una alternativa limpia que pueda sustituir de forma eficaz al proceso industrial en cuestión.

Desde el ámbito empresarial, la propuesta ha sido recibida como un gesto de comprensión hacia la complejidad del proceso de descarbonización industrial. Pedro González, director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), considera que esta normativa permitirá reconocer el esfuerzo real de eficiencia energética incluso cuando aún no sea posible sustituir por completo los combustibles fósiles. En su opinión, se trata de un mecanismo que puede facilitar el tránsito hacia tecnologías más limpias sin poner en riesgo la competitividad del sector.

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El Foro Industria y Energía también ha valorado positivamente esta medida, al interpretarla como una herramienta de apoyo que da margen de maniobra a industrias que enfrentan retos específicos en su camino hacia la sostenibilidad. Subrayan, no obstante, que se trata de una solución temporal que no debe convertirse en excusa para la inacción, sino en un puente que permita avanzar hacia una industria plenamente descarbonizada.

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