Los subsidios a los combustibles fósiles: entre las promesas climáticas y la falta de acción

Mientras la crisis energética mundial impulsa nuevos aumentos en los subsidios a los combustibles fósiles, numerosos gobiernos continúan aplazando su eliminación, escudándose en la necesidad de alcanzar acuerdos internacionales. Así lo advierten organizaciones de la sociedad civil, que denuncian la falta de voluntad política para reducir unas ayudas que, según expertos, mantienen artificialmente competitivos al petróleo y al gas y retrasan la transición hacia energías limpias.

El debate volvió a cobrar fuerza tras la primera conferencia internacional dedicada a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, celebrada en Colombia. En ella participaron 57 gobiernos, que coincidieron en que los subsidios a estos combustibles generan desequilibrios económicos y sociales y obstaculizan los objetivos climáticos. Sin embargo, entre las declaraciones y las medidas concretas sigue existiendo una brecha considerable.

Uno de los casos más significativos es el de Países Bajos, copatrocinador del encuentro junto con Colombia. Aunque el gobierno neerlandés se ha mostrado durante años partidario de reformar estos incentivos, los avances han sido limitados y se han concentrado, sobre todo, en mejorar la transparencia sobre el volumen real de las ayudas.

En 2023, una nueva metodología de cálculo reveló que los subsidios a los combustibles fósiles en el país alcanzaban entre 39.700 y 46.400 millones de euros, una cifra entre nueve y diez veces superior a las estimaciones oficiales anteriores, que apenas superaban los 4.500 millones. El entonces ministro del Clima, Rob Jetten, impulsó esta revisión tras meses de presión social y protestas ecologistas.

Necesidad de una definición internacional

A partir de esa experiencia, Países Bajos ha defendido la necesidad de establecer una definición internacional común sobre qué constituye exactamente un subsidio a los combustibles fósiles. Según el gobierno, una mayor transparencia facilitaría posteriormente su eliminación. Sin embargo, las organizaciones independientes consideran que conocer las cifras ya no es suficiente y que ha llegado el momento de actuar.

El principal obstáculo, sostienen expertos y responsables políticos, reside en la complejidad de las normas internacionales. Algunas exenciones fiscales, especialmente en sectores como la aviación y el transporte marítimo, solo pueden modificarse mediante acuerdos multilaterales. No obstante, varios analistas advierten de que este argumento se utiliza con frecuencia para justificar la inacción a nivel nacional.

Precisamente para coordinar esfuerzos nació la coalición internacional COFFIS, creada durante la cumbre climática COP28 en Dubái. El grupo, impulsado por Países Bajos y formado inicialmente por once miembros, promueve la eliminación progresiva de los incentivos a los combustibles fósiles. Sin embargo, dos años después de su creación, únicamente Países Bajos ha presentado un plan formal de retirada, considerado por observadores independientes como insuficiente y poco ambicioso, ya que la mayoría de sus subsidios aún carece de una hoja de ruta clara para desaparecer.

La crisis impulsa nuevos subsidios

A escala mundial, existen algunos ejemplos alentadores. Tras la firma de la Declaración de Glasgow en 2021, numerosos gobiernos y entidades financieras dejaron de respaldar proyectos de combustibles fósiles en el extranjero. Según organizaciones especializadas, alrededor del 75 % de estas ayudas ya se han eliminado, reduciendo significativamente la financiación pública destinada a nuevas infraestructuras de petróleo y gas fuera de las fronteras nacionales.

Sin embargo, la actual crisis energética amenaza con ralentizar esta tendencia. El aumento de los precios de la energía, agravado por la guerra en Ucrania y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, ha llevado a muchos gobiernos a aprobar nuevas ayudas destinadas a abaratar el consumo de combustibles fósiles. En Europa, cerca del 86 % de las medidas fiscales adoptadas para aliviar las facturas energéticas terminan incentivando, directa o indirectamente, el consumo de petróleo, gas o carbón.

Los expertos advierten de que estas políticas suelen beneficiar más a los hogares con mayores ingresos que a los sectores vulnerables. Por ello, proponen sustituir los subsidios generalizados por ayudas específicas dirigidas a las personas con menos recursos, al tiempo que se acelera la electrificación y la inversión en energías renovables.

Pese a las dificultades, la crisis también podría convertirse en un punto de inflexión. Cada vez más gobiernos reconocen que la dependencia de los combustibles fósiles no solo supone un problema climático, sino también una amenaza para la seguridad energética. La incógnita es si esa conciencia se traducirá finalmente en medidas concretas o si las promesas seguirán superando a la acción.