La anterior Ley del Sector Eléctrico de 1997 ya reconocía expresamente el derecho de los derechos de los productores de energía eléctrica en régimen especial a obtener una rentabilidad razonable, como límite infranqueable a la fijación de la tarifa por parte del Gobierno.
Sin embargo, esta Ley no definía originariamente el contenido del mencionado derecho a la rentabilidad razonable, más que refiriéndolo al coste del dinero en el mercado de capitales.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido la que ha ido poco a poco concretando su contenido, refiriéndolo con carácter general en unas primeras Sentencias de fecha 9 de diciembre de 2009 al coste del dinero en el mercado de capitales.
Recientemente, las Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2012 y de 17 de septiembre de 2012 dieron, en relación con las instalaciones fotovoltaicas, un paso más en la interpretación de dicho concepto indeterminado.
Estas Sentencias del Tribunal Supremo aprecian como “razonable” que el rendimiento estimado sobre el capital propio a 30 años para una inversión sin financiación ajena sea, para una zona de radiación media, del 8,06% para instalación fija y del 9,21% para instalación con 2 ejes. Mientras que para una inversión con un 80% de financiación ajena al 4% sea, para una zona de radiación media, del 13,87% para instalación fija y del 17,25% para instalación con 2 ejes.
Por su parte, el Gobierno, actuando excepcionalmente como legislador ha tratado de definir este concepto a través del Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio, disponiendo que dicha rentabilidad razonable girará, antes de impuestos, sobre el rendimiento medio en el mercado secundario de las Obligaciones del Estado a diez años aplicando el diferencial adecuado.
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