La Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen) ha alertado de que la subasta del servicio de interrumpibilidad eléctrica para 2018, realizada la pasada semana y donde se realizaron menores compras públicas, "pone en riesgo la producción de cemento en el país y, especialmente, su liderazgo exportador".
En un comunicado, la patronal señala que la potencia interrumpible para el periodo del 1 de enero al 31 de mayo del próximo año ascendió a un total de 2.600 megavatios (MW), lo que se traduce en una reducción de un 13%, dejando sin asignar respecto a años anteriores más de 400 MW, "con el impacto que esto puede llegar a suponer para la producción industrial de nuestro país".
A este respecto, el presidente de Oficemen, Jesús Ortiz, indica que la industria cementera española cuenta con uno de los costes eléctricos más caros de Europa, "lo que hace inasumible mantener la producción actual si se reduce la retribución por interrumpibilidad".
Además, subraya que esta situación hace "inviable" para el sector alcanzar los objetivos marcados en el plan de reindustrialización de la Unión Europea y hace "peligrar la capacidad del país de participar en esta política de reindustrialización".
Asimismo, la patronal recuerda que el precio final de la electricidad para un consumidor industrial español es, en la actualidad, uno de los más elevados de Europa, por encima del de otros países de la Unión Europea con los que compite como Alemania, Francia, Finlandia, Portugal o Suecia, entre otros, lo que provoca una pérdida de competitividad en el conjunto de la industria española, que en el caso del sector cementero "se agrava por la práctica desaparición del mercado interno sufrida en la última década".
A este respecto, Ortiz considera que la electricidad se está convirtiendo en España, cada vez más, "en un lujo al alcance de pocos industriales", lo que deja el sector "al borde del abismo en los mercados internacionales que nos habían permitido preservar el empleo en nuestras fábricas en estos años de crisis".
Además, añade que, "como factor agravante", se siguen sin aprobar las ayudas para la compensación por costes adicionales derivados de la utilización de renovables, "tal y como ocurre en países de nuestro entorno; lo que supone más lastre a nuestra ya muy mermada competitividad".
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