Los electrointensivos no están muy contentos con el borrador de Estatuto que ha presentado el Gobierno pero ¿qué consecuencias tendrán para ellos las medidas propuestas? La exención de pagos por capacidad para las grandes industrias que participan en la subasta de interrumpibilidad será total pero solo les permitirá ahorrar 1 euro por MWh y el resto tendrán una rebaja del 70%, es decir, 0,9 euros/MWh menos. La medida en su conjunto supondría una rebaja total de 41 millones de euros.
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¿Quién asumirá ese coste? "Los 41 millones se traducen en más déficit de tarifa y si no se compensan por otras vías, pasarán a ser una deuda a pagar entre todos" señala Joaquín Giráldez, socio cofundador de la consultoría en mercado eléctrico Ingebau, "y el camino sería o aumentar los ingresos vía peajes, disminuir los costes reduciendo los pagos regulados o pasar estos a Presupuestos Generales del Estado".
"Mis compañeros de la industria electrointensiva se quejan de que los precios industriales en Francia son mejores que los de aquí, pero siempre me ha parecido abusivo cómo los consumidores domésticos financiamos (aquí y fuera de España) a los industriales. Y con este borrador de Estatuto, ahora me lo parece más aún", añade Giráldez.
"Lo que ellos pagan de menos lo vamos a pagar el resto", coincide Francisco Valverde, consultor y experto en el sector eléctricos, "pero hay que tener en cuenta que estas industrias no llegan a ser ni el 20% del consumo anual del país. Aún así siempre han tenido el privilegio de la interrumpibilidad y ahora con el Estatuto consiguen aún más mejoras".
"Estos consumidores no tienen competencia en España, sus quejas tienen que ver con el mejor trato que dicen que tienen sus competidores en otros países", explica por su parte Javier Colón, gerente de la consultora de Neuro Energía, "y aunque ya soportan menos costes que el resto de consumidores nacionales, quieren más. Una de las demandas de la gran industria es que se separen los cargos ('costes políticos') de los peajes, es decir, separar los costes ajenos al suministro y que se cobren vía IRPF/PGE".
Pese a todo, Colón considera que "los 41 millones que dejan de pagar para el sistema eléctrico apenas supone un pequeño porcentaje del total".
Mientras la industria se queja de que las medidas apenas supone una rebaja de 1,81 euros/MWh en la factura eléctrica, la consecuencia directa es el traspaso de 23 millones de costes de la luz al consumidor, una subida de 0,1 euros el megavatio hora para el resto de consumidores, una cantidad que podría parecer pequeña pero que es un suma y sigue a la siempre criticada factura eléctrica.
Con todo ello, el Estatuto se queda en tierra de nadie, ni cumple las expectativas de los electrointensivos ni favorece al resto de consumidores, entonces ¿qué opciones hay?
"Se debería hacer un análisis para saber qué le corresponde pagar a cada uno, con una metodología adecuada para establecerlo. Debería hacerla la CNMC, aunque de hecho lo hará", señala el responsable de Neuro Energía, una vez que ya se le han devuelto las competencias para ello.
"La clave de este Estatuto está en la compensación por costes de emisiones indirectas de CO2, que ya existían pero ahora pasarán a ser incluidas en esta normativa", continúa Colón, "y es la clave porque hay más dinero en juego que esos 41 millones. Podrían ser desde los 76 millones anunciados por el Gobierno hasta 100 millones, pero se ha guardado un as bajo la manga al decir que esa partida extra dependerá de la disponibilidad presupuestaria que haya en ese ejercicio".
"Aún así no es de recibo que Europa esté haciendo el esfuerzo de controlar las emisiones de CO2 mediante el sobrecoste del comercio de derechos de emisión, mientras otros países, que además son grandes contaminantes, no hacen sus deberes. Esto tendrá una consecuencia directa sobre la competitividad de nuestra industria europea, aunque tampoco es cuestión de que se quede aquí a toda costa", añaden Colón, "una posible solución es que la sobreretribución de la nuclear, la hidráulica o algunas renovables por el sistema marginalista, se destine a la gran industria. Pero habría que ver cómo lo aportarían".
"Algunos expertos han propuesto explotar los precios bajos de la generación nuclear y que parte de su energía se venda a los electrointensivos a modo de PPA", sugiere Giráldez de Ingebau, "me parece una idea diferente pero con muchas luces y alguna sombra. Si la nuclear no aporta tanto al pool, podría subir el precio de la energía. Además, los costes regulados serían los mismos a repartir entre menos".
La industria electrointensiva ha señalado en varias ocasiones que para ser competitivos, el precio de la energía debería estar por debajo de los 42 euros/MWh, una cifra muy lejana del mercado mayorista y de lo que marcan los futuros. "No se prevé a medio plazo que se pueda llegar, ni de lejos, a esos precios en el pool", advierte Francisco Valverde.
"Sin embargo, sí podrían firmarse PPAs con renovables por ese precio", concluye Colón, "no solo porque los costes de las tecnologías renovables han bajado mucho sino porque ya es posible encontrar financiación y proyectos rentables a esos precios. Una posibilidad para que se puedan hacer efectivos estos contratos bilaterales sería mediante el sistema de subastas (que ya se hace en la mayoría de los países), y que se pactara y garantizase ese precio".
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