La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y Protermosolar han exigido al Gobierno que garantice la igualdad de trato con los inversores extranjeros, que están amparados por la Carta de la Energía ante los arbitrajes internacionales.
En una carta enviada al Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, las asociaciones de energía solar denuncian la discriminación que supone que el Ministerio no contemple la posibilidad de que se ganen los más de trescientos juicios abiertos en España contra la “reforma del sector eléctrico” y la ruptura de la seguridad jurídica con ella generada.
Según recientes declaraciones del propio Secretario de Energía, el Gobierno considera que el impacto del no cumplimiento de los compromisos adquiridos con los inversores fotovoltaicos sería “muy pequeño en el peor escenario, pues ninguna empresa española puede arbitrar contra el Reino de España” en referencia a que la Carta de la Energía en base a la que las empresas internacionales están demandando a España solo puede ser esgrimida por los inversores internacionales y no por los nacionales.
Estas declaraciones implican que Industria contempla en sus cálculos los más de trescientos recursos en marcha actualmente en el Tribunal Supremo no serán ganados por los demandantes. Una predicción que, según denuncian las asociaciones que representan a la industria de energía solar, implicaría presumir, e incluso llegar a condicionar, el fallo de un órgano que ha de ser independiente como es el Tribunal Supremo.
Por otra parte, "el Sr. Nadal está poniendo de manifiesto una grave falta de previsión en cuanto a los costes económicos de la reforma del sector eléctrico puesta en marcha de forma retroactiva, sin contar con el consenso del sector y sin aplicar el consejo de los órganos reguladores que se han manifestado en contra, como la CNE, la CNC, o la Defensora del Pueblo", explican los afectados en un comunicado.
Las asociaciones de energía solar exigen al Ministerio de Industria que muestre los estudios de impacto económico que han motivado estas sorprendentes declaraciones del Secretario de Estado, así como los distintos escenarios que se estuvieran contemplando, para dar transparencia a tan graves afirmaciones.
Las asociaciones consideran inconcebible y contrario al derecho un escenario en el que el Estado español se viera obligado a indemnizar a fondos internacionales por los recortes retributivos a las renovables, mientras que las familias españolas, los propios nacionales, fueran sentenciadas a cargar con los mismos.
La reforma del sector eléctrico, que entró en marcha en julio de 2013, ha afectado a más de 62.000 familias, que invirtieron en plantas de energía fotovoltaica alentados y confiando en la normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado. Las reformas retroactivas puestas en marcha por el actual Gobierno, han supuesto un recorte de ingresos para el sector de más de 930 millones de euros anuales, suponiendo en algunos casos una reducción de más del 50% de los ingresos previstos en el momento de realizar la inversión.
Al haberse producido durante los primeros años de funcionamiento de las instalaciones, estos recortes han llevado a situaciones de insolvencia por imposibilidad de atender los compromisos de pago de deuda con las entidades financieras que, en numerosas ocasiones, están derivando en auténticos dramas personales a quienes confiaron en su país y, siguiendo sus recomendaciones, apostaron por un sistema energético más sostenible.
Según un estudio de Moody´s hecho público esta semana, España es el país europeo con más riesgo para invertir en renovables lo que, sin duda, va a afectar al coste de las nuevas renovables a instalar en el país, que soportarán una prima de riesgo muy superior a la de otros países. Ya hay estudios que pronostican que, a pesar de contar con muchas más horas de sol, el precio de la energía solar en España será igual al de Alemania por este efecto.
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