Política energética

La nueva nuclear podrá ser financiada por la UE

Según el sistema de clasificación propuesto por la Comisión, recibirá una contribución presupuestaria del 100%, en línea con otras tecnologías limpias como el hidrógeno renovable, la energía eólica marina o la captura y almacenamiento de carbono

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Bruselas da un paso decisivo hacia la transformación de su política presupuestaria y energética. La Comisión Europea ha presentado una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que, de ser adoptada, permitirá la financiación de la nueva generación de tecnologías nucleares con fondos de la Unión Europea. Esta medida se enmarca en el rediseño del sistema presupuestario comunitario para el periodo posterior a 2027, con el objetivo de simplificar, armonizar y hacer más transparente el uso del presupuesto plurianual de la UE.

La propuesta busca modernizar profundamente el sistema presupuestario de la UE, armonizando un conjunto actualmente fragmentado de normas específicas por programa que, según la Comisión, genera una carga administrativa excesiva y dificulta la transparencia y la coherencia del gasto comunitario. Entre los principales objetivos se encuentran la simplificación del seguimiento del rendimiento y la implementación de principios transversales como la igualdad de género y la sostenibilidad medioambiental.

Uno de los aspectos más destacados es la inclusión explícita de tecnologías emergentes, entre ellas la energía nuclear de nueva generación, en la lista de posibles campos de intervención financiera. Según el sistema de clasificación propuesto por la Comisión, los proyectos relacionados con la nueva nuclear podrán recibir una contribución presupuestaria del 100%, en línea con otras tecnologías limpias como el hidrógeno renovable, la energía eólica marina o la captura y almacenamiento de carbono.

Campos de intervención

Para facilitar esta evolución, el Reglamento introduce una lista armonizada de campos de intervención, aplicable a todos los programas presupuestarios, junto con un conjunto estandarizado de indicadores de rendimiento —tanto de producto como de resultado— que permitirán medir de forma más precisa el impacto del gasto europeo. Esta lista sustituirá los más de 5.000 indicadores actuales por alrededor de 700, con lo que se espera mejorar la eficiencia y reducir los costes de seguimiento.

Además, se aplicará un sistema de coeficientes porcentuales (0%, 40% y 100%) que determinarán la contribución de cada intervención a objetivos clave como la acción climática, la biodiversidad y las políticas sociales. De este modo, se podrá calcular de forma homogénea el grado en que el presupuesto de la UE contribuye a las prioridades del Pacto Verde Europeo y la Agenda Social.

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El Reglamento también introduce normas comunes sobre evaluación de programas, comunicación y visibilidad del apoyo de la UE. En materia de gobernanza, se consolidará toda la información sobre la ejecución presupuestaria en un único Informe Anual de Rendimiento de la Gestión, que estará accesible públicamente a través de un portal en línea centralizado, el llamado Single Gateway. Este portal permitirá consultar, en tiempo real, el estado de la ejecución presupuestaria, los resultados alcanzados y las oportunidades de financiación disponibles, aumentando la transparencia y la rendición de cuentas.

Principios transversales

La propuesta también refuerza los principios transversales de la acción de la UE. En particular, se incorporará de forma sistemática el principio de “no causar daño significativo” al medio ambiente (DNSH), la igualdad de género, la inclusión social y el respeto a los derechos laborales. Para ello, se desarrollará una metodología de seguimiento de género basada en puntuaciones (0, 1, 2), acompañada de directrices técnicas elaboradas por la Comisión Europea.

Aunque el nuevo Reglamento no implica un aumento del presupuesto europeo, sí establece un marco que permitirá canalizar con mayor coherencia y eficacia los recursos existentes. La simplificación prevista podría reducir la carga administrativa en al menos un 25%, lo que contribuiría directamente al cumplimiento del Compás de la Competitividad, el plan de acción de la UE para mejorar su entorno empresarial.

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