La OCU exige a REE y eléctricas una reparación colectiva por el apagón

En resolución emitida el 8 de septiembre por el Letrado de la Administración de Justica del Tribunal de Instancia de Alcobendas se admite a trámite el acto de conciliación presentado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) requiriendo a Red Eléctrica y a las principales distribuidoras y comercializadoras de electricidad un cauce colectivo de información, compensación y reparación para todos los consumidores afectados. Las empresas requeridas por OCU disponen ahora de un plazo de 10 días procesales desde la resolución para responder a esta petición, que vence este martes 22 de septiembre.

OCU subraya la posible responsabilidad compartida de los tres actores señalados: Red Eléctrica, como operador del sistema y gestor de la red de transporte; 10 distribuidoras con relevancia en la causa del incidente, como garantes de la calidad del suministro; y las 50 principales comercializadoras, como garantes de las condiciones del contrato suscrito por los usuarios.

El acto de conciliación tiene por objeto recoger información suficiente para determinar que la responsabilidad no se debe a una causa de fuerza mayor. Pero también conseguir que los actores requeridos establezcan con OCU un cauce objetivo de reparación y gestión de las reclamaciones, así como habilitar un procedimiento colectivo para indemnizar a todos los consumidores afectados por los daños patrimoniales documentados y los daños personales y morales cualificados de los consumidores domésticos, sin perjuicio de una posterior liquidación individual cuando la cuantía exija una prueba singular. Además de acordar un calendario de negociación de 60 días para elaborar una propuesta de reparación.

REE y el apagón

La conciliación también incorpora un requerimiento a las distribuidoras para que regularicen en un plazo máximo de 30 días desde su admisión a trámite las compensaciones automáticas de calidad del suministro que procedan. Una reciente encuesta de OCU concreta en 12 horas la duración media del corte de luz, lo que implicaría una compensación por un importe medio de 17 euros para una vivienda urbana con 4,6 kW de potencia contratada.

El apagón del 28 de abril constituye un acontecimiento de alcance histórico por su impacto simultáneo en la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Y en un sector como el eléctrico, cuya normativa atribuye funciones de continuidad, seguridad, programación, control y coordinación, la mera invocación de un incidente extraordinario no libera a los agentes de acreditar si actuaron con toda la diligencia exigible. Más cuando el informe del Comité 28-A atribuyó el colapso a un origen multifactorial vinculado a un episodio de sobretensión y a una concatenación de factores: en síntesis, insuficiencias de recursos de control de tensión, respuesta inadecuada de la generación obligada a absorber potencia reactiva o a contribuir a la reducción de tensión, y desconexiones de generación que no debieron producirse.