La orden de la Casa Blanca para proteger la red eléctrica apunta a los equipos eléctricos chinos, pero las baterías están más expuestas

La orden ejecutiva de la Casa Blanca destinada a proteger la red eléctrica estadounidense frente a los equipos fabricados en China podría alterar las cadenas de suministro de los sistemas de almacenamiento en baterías en mayor medida que las de los transformadores y equipos de maniobra a los que pretende dirigirse. Así lo señala un nuevo análisis de Rystad Energy.

La Orden Ejecutiva 14421, firmada por el presidente Donald Trump el 26 de agosto de 2026, incluye entre los equipos afectados los transformadores de subestación, los inversores conectados a la red, los sistemas de almacenamiento de energía en baterías, los interruptores de alta tensión y las turbinas de generación eléctrica.

Según Rystad Energy, la dependencia estadounidense de los transformadores y los inversores chinos ya se ha reducido considerablemente, por lo que la exposición actual en estas categorías es limitada. Sin embargo, el almacenamiento en baterías presenta un panorama mucho más vulnerable: China representó el 50 % del valor de las importaciones estadounidenses de baterías de ion-litio en los 12 meses hasta junio de 2026, y ningún otro país de origen se acerca a esa escala de suministro.

Cuestión de seguridad nacional

La propia orden señala el crecimiento de los centros de datos y de la inteligencia artificial (IA) como uno de los motivos por los que una interrupción del suministro tiene ahora consecuencias para la seguridad nacional.

“La orden está concebida en torno a la red eléctrica, pero el problema que genera en la cadena de suministro recae principalmente sobre el almacenamiento en baterías. En la actualidad, los transformadores y los interruptores tienen una exposición reducida a las importaciones chinas porque el mercado ya había cambiado antes de la entrada en vigor de esta medida. El almacenamiento en baterías aún no ha completado esa transición y no existe ningún otro país capaz de absorber una cuota china del 50 % con los volúmenes que requieren actualmente los centros de datos y las infraestructuras de IA”, dice Geoffrey Hebertson, analista sénior de Energías Renovables y Electricidad de Rystad Energy.

En el caso de los transformadores y los interruptores de alta tensión, la orden llega cuando el mercado ya ha avanzado considerablemente en la diversificación de sus proveedores. China representó apenas el 3 % del valor de las importaciones estadounidenses de transformadores y menos del 1 % de las de interruptores durante los 12 meses hasta junio de 2026.

Corea del Sur, México y Canadá concentran conjuntamente el 74 % de las importaciones de interruptores y el 48 % de las de transformadores. El 15 de septiembre, Hyosung Heavy Industries anunció contratos por valor de 285.300 millones de dólares en transformadores de ultraalta tensión con dos grandes operadores estadounidenses de centros de datos a hiperescala (hyperscalers). El anuncio confirma que los proveedores surcoreanos están ganando terreno gracias a sus plantas de fabricación en Estados Unidos, y no únicamente por las exclusiones contempladas en la orden ejecutiva.

En el segmento de los inversores, la reducción de la dependencia de China también estaba en marcha antes de la nueva medida. El valor declarado de las exportaciones chinas de estos equipos a Estados Unidos cayó un 34 % entre 2022 y 2025, impulsado en parte por el crédito fiscal estadounidense 45X a la producción manufacturera avanzada, que ha favorecido la instalación de líneas de ensamblaje de inversores en territorio nacional. Está previsto que la capacidad de producción estadounidense alcance los 126 gigavatios en 2028.

Pendientes del desarrollo normativo

La situación del almacenamiento en baterías dependerá, en gran medida, de la normativa de desarrollo que deberá aprobarse antes del 24 de diciembre de 2026. La orden incluye los sistemas de almacenamiento de energía en baterías y menciona expresamente los sistemas de alimentación ininterrumpida que respaldan infraestructuras críticas. De este modo, su alcance se extiende también a los sistemas de baterías instalados detrás del contador, utilizados por los centros de datos para garantizar la continuidad y la resiliencia del suministro eléctrico.

Corea del Sur ocupa el segundo puesto entre los proveedores estadounidenses de baterías de ion-litio, con una cuota del 15 % de las importaciones, seguida de Japón, con un 13 %. Ninguno de estos países, por sí solo, tiene capacidad para sustituir a gran escala los volúmenes que actualmente aporta China.

Una de las principales incógnitas es hasta dónde llegará la definición de entidad extranjera cubierta (Covered Foreign Entity) en la normativa de desarrollo. Si el secretario de Energía adopta una interpretación amplia que incluya a proveedores que ensamblan sus productos en Corea del Sur o México, pero utilizan componentes o capital bajo control chino, los países que el mercado considera actualmente alternativas podrían quedar también sujetos a las restricciones. En ese escenario, Estados Unidos podría enfrentarse a déficits de suministro en varias categorías de equipos al mismo tiempo.

“La normativa que se aprobará en diciembre será el momento más determinante de toda la orden ejecutiva. Si la definición de propiedad se amplía lo suficiente como para alcanzar al capital chino que opera a través de plantas de ensamblaje en Corea del Sur o México, la cadena de suministro de la que depende actualmente la industria tecnológica para mantener los plazos de expansión de las infraestructuras de IA podría convertirse en parte del problema. No es un desenlace seguro, pero sí una interpretación plausible del texto. Los equipos de compras de los grandes operadores de centros de datos deberían empezar a contemplar ya ese escenario en sus análisis”, añade Hebertson.