La plantas de generación con residuos podrán cobrar el ajuste por el tope al gas

El Gobierno ha aprovechado el real decreto-ley que aprobó ayer para que instalaciones de valorización energética de residuos puedan cobrar el ajuste por el tope al gas, además de para poder suspender la tramitación de proyectos en nudos de transporte en concurso que no busquen más que obstaculizar el acceso de otros.

Por un lado, hay instalaciones de valorización energética de residuos que usan parcialmente gas natural como combustible, junto con los residuos, para generar electricidad.

Aunque los costes de operación de estas plantas están asociados al coste del gas natural, éstas no están consideradas como "instalaciones cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio**** del combustible".

El tope al gas

Ello se debe a que en una situación de normalidad de los mercados energéticos el coste del gas no es para ellas mayoritario y tienen capacidad para cubrir la compra de gas natural a largo plazo.

https://elperiodicodelaenergia.com/gobierno-aprueba-950-millones-ayudas-empresas-gasintensivas/

Estas instalaciones no están incluidas ahora en el ámbito de aplicación del mecanismo de ajuste que se estableció para compensar a las centrales de ciclos combinado (luego también a la cogeneración) por el tope que se puso al precio del gas para generación eléctrica en el mercado eléctrico ibérico.

Sin embargo, sí que las afecta la disminución del precio en el mercado eléctrico que se produce por la aplicación del mecanismo.

Por eso, el Gobierno considera necesario actuar de forma temporal mientras se mantengan los altos precios del gas natural, con el fin de evitar que estas plantas paren a partir del 1 de enero de 2023, lo que tendría, además, impacto en el medio ambiente.

De esta manera, en el real decreto-ley se incluye a este tipo de instalaciones en la aplicación del mecanismo de ajuste, a cambio de que, como ocurrió con las cogeneraciones, renuncien al régimen retributivo específico que tienen.

Frenar la especulación

Pero el real decreto-ley, también establece una medida para acabar con los movimientos especulativos que se están produciendo por determinados agentes para bloquear a otros los emplazamientos para evacuar energía de instalaciones renovables en nudos de transporte eléctricos que van a salir a concurso.

Según explica el Gobierno, existen casi 290 nudos de la red de transporte que se encuentran reservados para concurso de acceso y, en este momento, está en sus últimas fases de tramitación la orden por la que se convocará el concurso en algunos esos nudos.

La orden no se ha aprobado aún, pero en los borradores sometidos a trámite de audiencia se preveía una puntuación favorable a los proyectos que pusiesen en servicio las instalaciones en el menor plazo de tiempo posible.

Las expectativas generadas por la orden están generando movimientos especulativos por parte de determinados agentes que están iniciando los primeros pasos en las tramitaciones, sin dar continuidad a los mismos.

El objetivo sería, según explica el real decreto-ley, bloquear emplazamientos a otros agentes que realmente están interesados en desarrollar proyectos renovables.

Unas actuaciones que han provocado que en los últimos meses se haya multiplicado la presentación de garantías y de solicitudes para iniciar las tramitaciones de autorizaciones administrativas, y la petición de documentos de alcance ambientales.

Según explica el real decreto-ley, estos movimientos previos son perjudiciales para los agentes realmente interesados en construir instalaciones de generación renovable, para la población donde se ubican las instalaciones y para las administraciones.

También perjudica a otros agentes, pues se produce el bloqueo de emplazamientos con elevado recurso renovable por parte de otros que no están interesados en construir los proyectos.

Suspensión de los trámites

Además, el real decreto-ley señala que se inician tramitaciones por un número de proyectos que ni la red ni la zona, desde un punto de vista social y ambiental, pueden absorber.

Indica, además, que en un momento en que las administraciones tienen un elevado volumen de proyectos renovables en tramitación, estos comportamientos obligan a destinar recursos para ver proyectos que no pueden ser viables.

Por eso, el real decreto-ley regula suspender las tramitaciones de proyectos que, pretendiendo evacuar en nudos de concurso, aún no dispongan de permisos de acceso y conexión.