La plataforma Alianza Mar Blava ha presentado al Govern balear una proposición de ley que ha redactado para que se declare el Mediterráneo libre de prospecciones petrolíferas y protegerlo así de este tipo de sondeos.
La propuesta se presentará a todos los grupos parlamentarios y se deberá aprobar en el Parlament balear para que pueda debatirse en el Congreso, donde tendrían que defenderla tres diputados de la Comunidad Autónoma, ha informado la entidad en un comunicado.
Su aprobación supondría la declaración de las aguas jurisdiccionales españolas como zona libre de prospecciones de hidrocarburos, según el texto que han entregado el coordinador de Mar Blava, Carlos Bravo, y su portavoz, Raúl Luna, al conseller balear de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal y al director general de Pesca y Medio Marino, Joan Mercant.
Vidal ha advertido de que, en el caso de los proyectos de prospecciones, "cada victoria supone también una nueva amenaza", porque el archivo de propuestas como los de Schlumberger en el Golfo de León y de Cairn Energy en el Golfo de Valencia supone que pueden ser sustituidos por otros nuevos.
Según el conseller, es necesario "un instrumento más fuerte para hacer frente a todos los proyectos actuales y futuros".
La propuesta de ley reclama que se excluyan la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el que el España tenga jurisdicción, ha detallado Bravo.
También supondría que se prohíban en el Mediterráneo la exploración a través de adquisiciones sísmicas, sea cual sea su finalidad, excepto en el caso de que esté científicamente demostrado que utilizan tecnologías completamente inocuas para el medio marino.
La propuesta incluye una disposición adicional que especifica que las explotaciones de hidrocarburos, cuya concesión sea anterior a la entrada en vigor de la ley, permanecerán vigentes hasta su extinción pero no se podrán otorgar prórrogas.
Además, una disposición transitoria añade que la ley será aplicable a todas aquellas solicitudes de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas que no hayan sido resueltas cuando entre en vigor la norma.
En la exposición de motivos, se recuerda que España forma parte de la mayoría de los acuerdos internacionales de protección del Mediterráneo y como miembro de la Unión Europea ha adaptado su sistema jurídico a las normas comunitarias de protección de la biodiversidad y geodiversidad, como la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la de protección del medio marino.
La primera supuso la creación de la figura de área marina protegida mientras que la segunda formalizó la Red de Áreas Marinas Protegidas de España.
A todo ello se suma la propuesta de que se declare Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) el corredor de migración de cetáceos que transcurre entre las costas de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares, anunciada por el Estado a instancias del Govern balear y Mar Blava, durante la 19ª Conferencia de las Partes del Convenio de Barcelona celebrada en Atenas el pasado febrero.
Mar Blava ha recordado que dicha declaración cuenta con el apoyo del pleno del Parlament que instó al Gobierno a aprobarla y a aplicar de forma inmediata un régimen preventivo de protección en este área y medidas de reducción del ruido submarino.
La propuesta tiene también el respaldo de la Generalitat de Cataluña, los Consells de Mallorca, Menorca y Formentera, y más de 10 ayuntamientos de Baleares así como el de Barcelona.
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