La primera medida de Soria para potenciar el 'fracking': los dueños del suelo se beneficiarán del yacimiento

El Gobierno planea aprobar en los próximos meses una modificación de la Ley de Hidrocarburos en la que introducirán mecanismos para que los promotores de prospecciones petrolíferas retribuyan a los propietarios del suelo donde se ubican los yacimientos. Esta medida la adelantó en exclusiva este diario el pasado 5 de septiembre.

Según han indicado a Efe fuentes de Industria, esta reforma normativa probablemente también incorporará un nuevo impuesto a la explotación de hidrocarburos, que se destinaría a financiar las comunidades autónomas y ayuntamientos donde se ubican.

Una de las razones que justifican este cambio normativo es cambiar la distribución de los beneficios económicos derivados de los yacimientos petrolíferos para acercarlos más al territorio, con el objetivo de suavizar el rechazo que la concesión de permisos de exploración ha levantado en algunas zonas.

En especial, con estas medidas, el Gobierno pretende impulsar el desarrollo de yacimientos en España que solo serían explotables mediante las polémicas técnicas de fracturación hidráulica o fracking.

El decidido apoyo del Gobierno a la búsqueda de hidrocarburos en España -el ministro de Industria, José Manuel Soria, insiste una y otra vez en la necesidad de reducir la dependencia casi total que el país tiene del crudo y el gas extranjero- ha chocado de frente con la oposición de parte de la ciudadanía y, en ocasiones, también de las comunidades autónomas.

Las protestas ecologistas y vecinales contra esta técnica, que consideran puede contaminar los acuíferos y provocar terremotos, se han multiplicado en las zonas con mayores recursos potenciales, especialmente la cordillera Cantábrica.

De hecho, los gobiernos de Cantabria y Navarra han llegado a prohibir esta técnica en sus territorios -algo recurrido por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional, al entender que no tienen competencias para ello-, mientras que la Generalitat de Cataluña ha endurecido los requisitos para aplicarla.

Además de las prohibiciones propiamente dichas, las comunidades autónomas han utilizado a menudo la burocracia para retrasar y desincentivar el desarrollo de los proyectos, según denuncian las petroleras.

Frente a esto, el Gobierno pretende promover el desarrollo de la exploración y explotación de hidrocarburos ofreciendo a sus detractores parte de los beneficios.

En el caso de los propietarios de suelos susceptibles de contar con recursos petrolíferos, hasta ahora su única opción es aceptar la expropiación de sus terrenos y recibir un pago por ello, ya que el subsuelo pertenece legalmente al Estado.

Esta situación es radicalmente diferente en países como los Estados Unidos, donde el dueño del terreno lo es también del subsuelo y, por tanto, de los recursos que puedan encontrarse en él, lo que le da el control de su explotación.

La reforma planteada por el Gobierno español no supone dar al propietario el control sobre el subsuelo, que sigue siendo del Estado, aunque sí establecerá algún mecanismo para que se beneficie del yacimiento, lo que probablemente contribuirá a limar posibles reticencias.

Paralelamente, el establecimiento de un impuesto a estos yacimientos que vaya destinado a las arcas de comunidades autónomas y ayuntamientos supondría ofrecer una contraprestación por soportar en su territorio una actividad que, en principio, rechazan.

De hecho, esta idea no es nueva, ya que el PP la había incorporado como una de las propuestas de resolución en materia energética del debate sobre el estado de la nación en 2013.

En aquel momento, el PP condicionaba el impuesto "a que el volumen extraído represente un porcentaje relevante respecto de la demanda nacional de crudo" y aclaraba que el tributo se obtendría a través del sistema de financiación autonómico y se podría destinar "a aquellas comunidades autónomas y entidades locales de la región donde se produzca la extracción".