El laudo arbitral a favor de un inversor internacional, el fondo Eiser Infrastructure Partners, contra España por el cual el Estado tiene que pagar 128 millones a los afectados es otro ejemplo del fracaso de la reforma eléctrica que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy, con el exministro José Manuel Soria y su entonces mano derecha Alberto Nadal. Todo con el consentimiento del ahora ministro de Energía, Álvaro Nadal (hermano de Alberto) que estaba en su momento en la Oficina Económica de Moncloa. Todo pasaba por sus manos.
El objetivo de la reforma eléctrica no era otro que parar la sangría del déficit de tarifa. Para ello, llevaron una serie de recortes que afectaron a casi todo el sector, a unos más y a otros menos. Allá por 2013, y durante meses después, el encargado de la reforma, el exministro Soria decía que la reforma iba a ser pagada entre todos, empresas, consumidores y Administración. Se jactaba de ello. Pero nada más lejos de eso fue lo que ocurrió.
La gran mayoría de la reforma recayó en los consumidores. ¿Por qué? Si a una empresa le quitas, te lo repercute luego en la factura. Hubo recortes, por tanto menos costes para el sistema, pero también se aumentaron los ingresos que al final los acaba pagando el consumidor. Léase impuesto a la generación por no ir más allá. Y si no, miren cómo ha subido la parte fija del recibo de la luz en los últimos cuatro años.
Las empresas también han recibido lo suyo. Las grandes eléctricas vieron afectados sus ingresos, tanto en la comercialización (margen PVPC) como en la distribución y en la generación. Red Eléctrica (20% del Estado) sin embargo prácticamente no sufrió recortes.
Pero la panacea de toda la reforma eléctrica estaba en el recorte a las renovables. Un recorte con carácter retroactivo que puso en marcha una de las mayores batallas legales de los últimos años. Aproximadamente unos 2.000 millones anuales. Cientos de recursos fueron a parar al Supremo, decenas de demandas internacionales en los tribunales de arbitraje. Quien más y quién menos llevó a cabo sus recursos.
Pero claro, los tiempos de la justicia son distintos y la velocidad de los recursos es bastante más lenta que los efectos de la reforma que trastocaron las cuentas de los productores de renovables y de las eléctricas.
José Manuel Soria y Alberto Nadal, fueron los máximos responsables del Ministerio de Industria. FOTO: Minetur.
Ahora en los últimos meses hemos visto como la Justicia española daba la razón a las compañías en recursos de calado, aunque las grandes causas siguen aún en los tribunales.
Otra sentencia que marcó un antes y un después es el caso de los purines. Ahí también afecta a las cuentas del sistema eléctrico. Otros 142 millones de euros.
Ahora ha perdido el primer laudo arbitral por el recorte a las renovables. La Justicia da la razón a los inversores extranjeros mientras que en España prefieren dar la razón al Gobierno. Cosas que tiene la Justicia. Ahora otros 128 millones de euros más.
Pero eso no es todo. El Gobierno ha perdido más recursos en el Supremo. Por ejemplo, el margen del PVPC, aunque finalmente no ha afectado tanto a los consumidores, pero vuelve a caer en manos del Supremo el caso.
También ha perdido un caso por la moratoria renovables de 2012 y otro ejemplo es el del coeficiente de las pequeñas distribuidoras.
Luego habría que contabilizar las decenas de recursos por lo mal que hacen las cuentas en el Ministerio y cómo ejecutan los mecanismos de retribución. Léase órdenes de peajes, entre otras.
Pero el problema está aún por llegar. Es cierto que el Gobierno ha salvado buena parte del desastre de su reforma con las sentencias a favor del Supremo y el Constitucional por el recorte a las renovables, pero desde el Ciadi podría darse una escalonada pérdida de casos que conllevarían indemnizaciones milmillonarias. Hay que tener en cuenta que hay una treintena de casos. Pero ojo que eso está por ver. Podría también salir indemne el Gobierno.
Pero otros casos como los de los impuestos a la generación del 7% y el del combustible nuclear están aún por resolverse. Al igual que el del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Decenas de empresas han llevado a los tribunales estos casos y podrían dar un vuelco terrible a la reforma eléctrica y mandar de un plumazo al sistema eléctrico a su histórica posición de déficit.
Está en manos de la Justicia que España entre de nuevo en quiebra. Puede parecer exagerado, pero no lo es. En Bruselas están bastante preocupados con esto. Es cierto que el Gobierno tiene 1.000 millones de euros aproximadamente del superávit eléctrico de los últimos años, que en vez de ir para pagar la deuda, se cogerán para pagar las indemnizaciones judiciales. Pero, ¿será suficiente?
Ministro de Energía, Álvaro Nadal.
El gran problema de futuro es que si se dan otros laudos negativos para España se puede avecinar una oleada de demandas en el CIADI que sentarían un precedente pésimo para el país. Entonces ya no habría remedio. Los 1.000 millones ya se quedan cortos con las actuales sentencias, imagínense si tuvieran que pagar 30 laudos más, o 40 o 50 más. Mejor no pensarlo.
La preocupación también ha llegado a Moncloa. No es para menos. Todos los esfuerzos (realizados por los consumidores y empresas y no por la Administración como nos han querido vender) se pueden ir al traste. Va camino de ello. Y eso tendría pésimas consecuencias económicas y también políticas.
Consecuencias
Si el sistema eléctrico vuelve a déficit, España recibirá un nuevo tirón de orejas de Bruselas. Malo. Si no quiere llegar a eso, tendría que subir la tarifa eléctrica bastante, por lo que también malo, sobre todo si se piensa desde el punto de vista político.
Es por ello que el Gobierno ha decidido dar un puntapié y tente tieso. Patada hacia adelante para retrasar lo máximo posible el pago de las indemnizaciones. Y el consumidor, al final, acaba siendo el que paga la torpeza política de recortar con retroactividad. No será ahora, será dentro de varios años, incluso a lo mejor ya no está Rajoy por Moncloa pero eso no quitará para que los españoles de a pie paguen dos o tres veces los errores políticos. Hay que tener en cuenta también los gastos financieros de la deuda eléctrica.
Si hubiese una avalancha de laudos negativos para España, la imagen del país se va al traste. ¿Quién querrá invertir en un país así? Lo único bueno es que sabes que los tribunales te darán la razón si se repiten atropellos como el que se ha hecho con las renovables. Eso sí, si eres inversor español, como diría Rajoy, toca implorar a los dioses para que dejen las cosas como están.
La posición del Gobierno es bastante mala. Tiene poco donde elegir. Pero es lo que tiene hacer reformas sin consenso, muy duras, sobre todo para los consumidores y los inversores españoles. El problema afecta a todos los españoles y cuando se hacen las cosas mal, tarde o temprano sale todo a flote.
La previsión del Gobierno es que habrá superávit en 2017, de 9 millones de euros. Ahora que tiene que pagar purines y bono social, ya se le ha ido de las manos la situación. Y eso que tiene 150 millones de margen para jugar via presupuestos.
Si realmente hubiese enviado el dinero de los superávit contra el déficit tal y como dice la ley, el problema hubiese sido mayor. Pero la jugada ha sido como un tiro por la culata. Hago una reforma tan mal que consigo corregir el déficit pero que a los tres días regreso a él por haberlo hecho mal. En fin, vienen malos tiempos para el sector eléctrico.
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