La subasta de interrumpibilidad se convierte en una cuestión de Estado

Hace menos de un año, a finales de noviembre se celebró la primera subasta de interrumpibilidad. Y se lió la marimorena con Alcoa. "O me haces otra subasta o cierro plantas". El chantaje al Gobierno funcionó y se le hizo una segunda subasta 'ad hoc'. Hubo varios días de tensión máxima. Pero al final la siderúrgica se llevó el gato al agua

Ahora, nueve meses después, la subasta de interrumpibilidad vuelve a las andadas. En este caso, el afectado no es Alcoa. Son una decena de empresas. Los nombres de las compañías no son públicos, a excepción de Inovyn Solvay, que a través de los sindicatos dio a conocer el problema en su planta de Martorell. Este diario ha podido saber el nombre de otros dos afectados, son las papeleras Torraspapel y Saica.

Esta decena de empresas afectadas han incumplido las órdenes de reducción de potencia ya que las centrales de cogeneración asociadas a las plantas no han cumplido con su obligación de mantener la producción durante dichas órdenes. Por ello, el contrato eléctrico con Red Eléctrica de 2015 lo han perdido, es decir, el dinero percibido en la subasta del año pasado (en el caso de Solvay la cantidad asciende a unos 25 millones de euros por un bloque de 90 MW), pero además, el Gobierno las ha dejado sin poder participar en las subastas de interrumpibilidad de este año y de 2016.

El no poder optar a ese dinero deja a varias empresas en una situación de precariedad económica. Casi al borde de la quiebra como es el caso de la fábrica de Martorell. Y por tanto, están en juego miles de puestos de trabajo a lo largo de todo el territorio nacional.

El 'caso Solvay' del que este diario lleva informando varios días se ha extendido a otras zonas geográficas del país. Ya no es un problema de una empresa como Alcoa. Ahora es una cuestión de Estado.

Así están las negociaciones

En la actual negociación de todo este embrollo hay varios protagonistas. Por un lado, está el Gobierno. El ministro Soria no comanda. El encargado es el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal. Es el centro de toda la negociación. En su mano está que estas empresas participen o no en la subasta eléctrica.

Luego están los afectados, es decir, empresas y trabajadores. En un tercer apartado se sitúan los que acompañan a las empresas. Aquí es dónde se encajaría a los ayuntamientos, a las Comunidades Autónomas, a algunos partidos políticos, etc. Y en cuarto lugar estaría la CNMC, como supervisor del mercado eléctrico, y que a día de hoy está jugando un papel importante del que después os contaré. Y también Red Eléctrica como encargada de dirigir la subasta y de realizar las órdenes de reducción de potencia. Vayamos por partes.

Alberto Nadal ha agarrado la sartén por el mango. Se está viendo con todo el mundo (o hablando por teléfono). A día de hoy no tiene claro cuál va a ser la solución. Desde el Ministerio de Industria aseguran que el departamento de Energía está trabajando a destajo durante estos días, pero de momento no comunican qué solución habrá.

Según ha podido saber este diario de una de las fuentes de la negociación, "el Gobierno tiene la intención de tomar una decisión sobre los recursos de alzada este viernes", pero no se sabe cuál va a ser.

Si mantuviese la resolución, es decir la sanción a las compañías de no participar, estas tendrán un grave problema económico. Dejarán de obtener unos ingresos que han recibido durante los últimos siete años y de golpe y porrazo se quedará sin ellos.

Pero si levanta la suspensión, las compañías podrán participar en las subastas del lunes y la del próximo año y todos sus problemas y ahogos financieros se resolverán en un suspiro. Por lo menos hasta que se produzcan de nuevo las órdenes del próximo invierno.

A posteriori

En el caso de que no resolviera los recursos finalmente este viernes, la subasta de interrumpibilidad se celebrará sin la participación de estas 10 empresas. Pero fuentes cercanas a la organización de la subasta aseguran que otra decena de compañías se han presentado este año como nuevos proveedores por lo que en la subasta del lunes se volverán a comprar cerca del tope de 550 millones de euros.

Si la resolución definitiva de los recursos de alzada dan a posteriori la razón a las compañías, el plan del Gobierno y de Red Eléctrica sería ofrecerles los bloques necesarios al precio medio de la subasta.

Este jueves la patronal Aspapel ha denunciado esta situación y piden al Gobierno que en vez de actuar a posteriori, el Ejecutivo debería dejar participar a las compañías en la subasta si no toma una solución antes del lunes. Carlos Reinoso, director general de Aspapel, ha explicado a este diario que es la manera más justa de actuar ya que no hay una resolución definitiva al respecto, y entonces no debería prohibirse su participación.

La dirección de la empresa Inovyn Solvay prefiere trabajar en la sombra hasta que se resuelva su recurso. Mientras que los trabajadores han celebrado este jueves su primera concentración en las puertas de la empresa. Según Jordi Calvo, presidente del Comité de Empresa, "la concentración ha sido todo un éxito, ha acudido mucha gente, entre ellos personal del tejido político y sindical de Martorell y las poblaciones cercanas, además de antiguos empleados de la empresa".

Los trabajadores, a la espera de la decisión de Industria se guardan un as en la manga por si se complica la situación. "No sabemos lo que pasará en los próximos días, pero en caso de que nos denieguen la petición tenemos una guía de actos y medidas que iremos desarrollando para intentar salvar los puestos de trabajo", afirma Jordi Calvo.

CCAA

Ahora le toca el turno a los políticos. Este miércoles informaba este diario que la política catalana se implica en el 'caso Solvay' para conseguir el perdón del Gobierno. El problema no es solo de Solvay, aunque es el caso más importante de todos al tratarse de un bloque de 90 MW. Como hemos dicho anteriormente, otra decena de empresas también han sido sancionadas, todas por culpa de la cogeneración.

Como las distintas plantas se sitúan por todo el territorio nacional, no solo la Generalitat se ha puesto en contacto con Alberto Nadal. Otras CCAA afectadas también han pedido explicaciones con el secretario. Una de esas autonomías es Aragón donde está presente tanto Saica como Torraspapel.

Nadal está hablando con todos, también con los representantes de algunos ayuntamientos de las localidades donde están situadas las plantas. La preocupación de perder parte del tejido industrial es máxima sobre todo en el caso de Martorell.

La entrada de la CNMC

Todo el mundo presiona a Industria. Unos más y otros menos, pero todos quieren apuntarse el tanto en esta dura negociación. Para los políticos hay más cosas que ganar que perder. Pero a última hora ha entrado en la negociación un protagonista inesperado pero que tiene todo el sentido que muestre su opinión al respecto. Es la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC) que quiere también tener su cierto protagonismo en este caso.

Fuentes de la negociación explican que la CNMC quiere aprovechar esta situación para que se destine menos dinero a la interrumpibilidad. El máximo es 550 millones de euros. Pero cuanto menos, mejor, piensan desde la CNMC. La Comisión quiere que si Solvay no opta al bloque de 90 MW, Red Eléctrica no compre el bloque a otro proveedor. Incluso la opción preferida de la CNMC es que el operador del sistema compre uno menos de los nueve que hizo el año pasado.

Si esto sucediera, el principal afectado sería Alcoa. La plantilla de Alcoa en San Cibrao, en los municipios lucenses de Xove y Cervo, se ha mostrado "preocupada" ante la subasta eléctrica en la que la multinacional intentará conseguir "un precio aceptable".    El vicesecretario del comité de empresa, Carlos Farré, ha señalado que, de todas formas, tienen "confianza" en que "todo salga bien" en la subasta, en tanto que Alcoa es "el máximo consumidor de energía eléctrica de este país".