El Gobierno niega la saturación de la red y atribuye la falta de capacidad al acaparamiento de permisos

El Gobierno rechaza que exista una saturación estructural en la red de transporte de electricidad y atribuye la falta de capacidad disponible para nuevos proyectos a un acaparamiento indebido de permisos de acceso y conexión, favorecido por la normativa vigente, que concede el punto de acceso al primero que lo solicita. Según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), este sistema ha propiciado que determinados promotores presenten solicitudes duplicadas o incluso triplicadas para los mismos proyectos, bloqueando capacidad en la red sin que todas ellas lleguen a materializarse.

La posición del Ejecutivo se produce tras la publicación este lunes del mapa de capacidad de la red de transporte por parte de Red Eléctrica, un documento que, a juicio del Ministerio, confirma que España se ha consolidado como un gran polo de inversión energética. Según estas fuentes del Gobierno, el país ofrece un entorno atractivo gracias a la disponibilidad de energía limpia y competitiva, una coyuntura económica favorable con previsiones de crecimiento, así como talento y estabilidad social.

Volumen de concesión de derechos

De acuerdo con los datos oficiales, desde 2020 se han concedido derechos de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución por un volumen equivalente a duplicar la demanda eléctrica nacional en pocos años. Este elevado número de solicitudes ha reducido la capacidad disponible para nuevos proyectos y ha generado tensiones en determinados nudos de la red, aunque el Ministerio insiste en que ello no responde a una insuficiencia física del sistema, sino a un uso ineficiente y, en algunos casos, especulativo de los derechos concedidos.

Las mismas fuentes reconocen que se han detectado prácticas de acaparamiento de derechos de acceso que califican de inaceptables. El diseño normativo actual, que otorga prioridad al primer solicitante, ha incentivado que algunos actores pidan capacidad en varios puntos o para iniciativas similares, con el objetivo de asegurarse posición o ganar margen de maniobra, aunque posteriormente no desarrollen todos los proyectos.

Para hacer frente a esta situación, el MITECO ha adoptado medidas como la caducidad de los derechos de acceso a los cinco años y la obligación de que los promotores aporten el 10% del coste de las actuaciones necesarias en la red antes de que transcurra un año desde la obtención del permiso. Con estas exigencias se busca disuadir comportamientos especulativos y liberar capacidad retenida que no vaya a traducirse en inversiones reales.

Primer paquete

Además, el Ministerio señala que trabaja conjuntamente con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y con el sector eléctrico para ultimar nueva normativa orientada a liberar capacidad y garantizar que las solicitudes firmes, como las asociadas a nuevas promociones de vivienda, puedan conectarse efectivamente a la red y ejecutarse en plazo.

En las próximas semanas está previsto que se presente un primer paquete regulatorio para ordenar la conexión técnica de demandas asociadas a electrónica de potencia, con el fin de que cumplan el criterio dinámico establecido por el regulador, eviten detraer capacidad en su entorno y permitan aflorar capacidad adicional relevante.

El Gobierno sostiene que el problema no es de saturación, sino de gestión de la abundancia. A su juicio, el elevado interés inversor coloca a España en una posición que muchos países desearían, al permitir seleccionar aquellos proyectos que aporten mayor valor añadido y menor impacto ambiental. La prioridad, concluyen las fuentes consultadas, es garantizar que esa abundancia se traduzca en desarrollo efectivo y equilibrado del sistema eléctrico, evitando que el acaparamiento de permisos distorsione el acceso a la red.