En las primeras semanas de 2021 se produjo una fuerte ola de frío que provocó un incremento del precio de la electricidad, llegándose a ver puntas de precios en el mercado eléctrico mayorista de más de 100 euros en algunas horas. En este contexto abundan los artículos en los cuales se concluye reclamando una reforma del mercado eléctrico.
Como es habitual, el precio del mercado se redujo una vez pasada la ola de frío, y el mes de enero terminó con precios de casi 0 euros (0,16 euros) en algunas horas. Sin embargo, esta caída en los precios no ha tenido el mismo reflejo en la prensa, y siguen escuchándose voces que reclaman la reforma.
Por ello, cabe reflexionar sobre si la alarma social que se produjo estaba justificada, y el impacto para los hogares de las reformas que se plantean.
¿Estaba justificada la alarma social?
La alarma no estaba justificada porque los precios que publica el operador del mercado y se reportan en los medios de comunicación son precios por “megavatio-hora” (abreviado como MWh), mientras que el consumo medio _horario _de los hogares es inferior a 1 kilovatio-hora (abreviado como kWh), es decir _menos que una milésima parte de un MWh. _Es como si nos dijeran que el precio de las manzanas ha subido hasta los 3.000 euros, sin explicarnos que se trata de un precio por tonelada. Para realmente informar a los consumidores y que éstos entiendan la relevancia de la noticia, los medios de comunicación deberían indicar el precio por kWh, aunque no cabe imaginar que los telediarios empezaran el 8 de enero indicando que el precio de la electricidad había alcanzado los 10 céntimos de euro.
Incluso si analizamos el impacto del incremento sobre la factura mensual, tenemos que el precio de enero de 2021 acabó en 60 euros por MWh. Este precio puede parecer extraordinariamente alto si lo comparamos con el precio de 42 euros de enero de 2020, pero su impacto sobre las facturas mensuales de los hogares expuestos a las fluctuaciones del precio del mercado es de menos de 10 euros. Y el precio no es tampoco inusual si lo comparamos con los 62 euros de enero de 2019 o los 71 euros de enero de 2017. Ese contexto también habría sido de utilidad para que la audiencia entendiera la relevancia de lo que estaba ocurriendo. Tristemente, parece que también en España algunos medios de comunicación promueven “fake news”, ya sea por falta de conocimiento o porque priman el tamaño de la audiencia más que la calidad de la información.
El incremento en el precio del mercado eléctrico tampoco revela un fallo en su diseño o funcionamiento, sino que se explica por el incremento en el precio del gas y de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2). El precio del gas se fija en el mercado internacional del gas natural licuado, y el precio de los derechos de emisión se fija en el mercado europeo de derechos de emisión. Y dado que el precio del gas alcanzó los 50 euros por MWh, que hacen falta 2 MWh de gas para producir 1 MWh de electricidad, y que el precio de los derechos de emisión alcanzó los 34 euros, siendo necesarios 0,365 derechos de emisión por MWh de electricidad, es perfectamente lógico que el precio llegara a niveles de 110 euros por MWh (11 céntimos por kWh).
Es frecuente escuchar que el problema radica en que el mercado eléctrico es un “oligopolio”. El informe de supervisión del mercado eléctrico mayorista de la CNMC identifica a 101 vendedores y 370 compradores, donde el mayor generador tiene una cuota de mercado del 21%. Así mismo, el indicador de concentración IHH (Índice Herfindahl-Hirschman), habitualmente referenciado por las autoridades reguladoras y de competencia, se sitúa en 1.337, y las autoridades europeas consideran que un mercado no está concentrado si su IHH es inferior a 2.000.
De hecho, los precios que se observan en el mercado eléctrico español tienen un nivel y un comportamiento similares a los de los mercados eléctricos de otros países de nuestro entorno, lo cual no ocurriría si el precio en España realmente lo fijara un oligopolio. Esto puede resultar sorprendente dado que las facturas que pagan los hogares están entre las más altas de Europa, pero es que el problema no está en el precio del mercado de generación, sino en los costes ajenos al suministro e impuestos que el Gobierno carga sobre dichas facturas y que multiplican por dos el coste de la electricidad para los hogares.
¿Se puede -y debe- reformar el diseño del mercado?
El diseño de mercado debe buscar minimizar el coste de suministro para los consumidores. Pero no deben acometerse reformas que reduzcan el coste en el corto plazo a costa de incrementarlo a medio y largo plazo, sobre todo si además ponen en peligro la seguridad del suministro.
Por ejemplo, alguien podría plantear poner un tope al precio del mercado. Pero si no se les permite a los generadores vender su producción de electricidad a un precio que cubra el coste de compra del gas, no tendrían incentivos a comprar gas. Entonces el problema no será que los hogares deban pagar unos céntimos más al día o unos euros más al mes si se produce una ola de frío, sino que no habrá gas para producir la electricidad que necesitan los consumidores y se producirán interrupciones en el suministro eléctrico. ¿Qué es mejor: que cuando haya una ola de frío la factura del mes se incremente en 10 euros o que haya interrupciones en el suministro por falta de gas en plena ola de frío?
El desconocimiento sobre la realidad del sistema eléctrico propicia que haya comentaristas que critican el diseño del mercado y, más concretamente, el hecho de que el precio del mercado se fije con criterios “marginalistas”. Estos comentaristas explican que el diseño marginalista consiste en pagar a todos los generadores “el precio de la oferta más cara aceptada”, lo cual les parece un despropósito. Pero esa descripción es falsa e induce a error.
La Ley del Sector Eléctrico establece, en su artículo 14, que la energía eléctrica negociada en el mercado de producción “se retribuirá sobre la base del precio resultante del equilibrio entre la oferta y la demanda de energía eléctrica”. En otras palabras: el precio se fija en el cruce entre las curvas de oferta y de demanda, como ocurre en todos los mercados. La única diferencia con otros mercados es que, en el caso del mercado de producción de electricidad, esa regla se establece de forma explícita.
Es cierto que fijar un precio en el cruce de las curvas de oferta y de demanda implica que hay generadores que reciben un precio superior al que piden para producir. Pero, en este diseño del mercado, las ofertas que presentan los generadores reflejan únicamente sus costes variables, y la diferencia entre el precio del mercado y el precio de su oferta les permite recuperar sus costes fijos (como, por ejemplo, sus costes de inversión). De este modo se asegura que funcionan los generadores que pueden producir la electricidad con el menor coste variable, y se minimiza el coste de suministro. Nadie invertiría si solamente se le pagaran los costes variables, y de nuevo estaríamos en un escenario con cortes de suministro impropios de un país desarrollado.
Si el sistema de determinación del precio de la electricidad se modificara, y se pagara a cada generador el precio que ofertara, los generadores incrementarían sus ofertas para incluir sus costes fijos, y ya no se podría identificar a los generadores con el menor coste variable, produciéndose así un incremento en el coste de suministro. Es por ello que el Reglamento 2015/1222 de la Comisión Europea, en su artículo 38, obliga a que, en los mercados eléctricos, el precio se fije usando el principio de precios marginales.
Algunos comentaristas proponen mantener el sistema marginalista, pero dividiendo el mercado en dos, de modo que las instalaciones alimentadas por fuentes de energía renovable recibieran un precio, y el resto recibiera otro precio. Pero eso querría decir que los dos conjuntos de instalaciones verían precios distintos, distorsionándose sus decisiones, y la generación ya no se produciría al menor coste posible.
Otra alternativa sería volver a un sistema regulado, donde alguien nombrado por el Gobierno determinara qué centrales funcionan en cada momento, dónde y cuánto gas comprar para el invierno siguiente, cuándo hacer el mantenimiento de las centrales, cuánto agua guardar en los embalses, y qué centrales cerrar o construir. Actualmente, son los generadores quienes toman todas esas decisiones y si se equivocan, son sus accionistas los que asumen las consecuencias de sus errores. Si las decisiones las tomara alguien nombrado por el Gobierno, el coste de esos errores lo tendrían que asumir los consumidores. Y ¿quién, excepto algún político, puede pensar que el sistema eléctrico funcionaría mejor si esas decisiones las tomaran políticos, o agentes delegados por políticos?
Por ello, los que critican el procedimiento de determinación del precio del mercado lo hacen por desconocimiento o porque no han pensado en las alternativas, porque, parafraseando lo que dijo Winston Churchill sobre la democracia, “el sistema marginalista es la peor forma de fijar el precio del mercado… si exceptuamos todas las demás”.
Otra propuesta habitual en estas fechas en las cuales el precio del mercado eléctrico se ha incrementado como resultado de la ola de frío es que se debería llevar a cabo una “auditoría de los costes del sistema eléctrico”. Es una propuesta que suena bien, pero que lamentablemente refleja un profundo desconocimiento del sistema eléctrico. Los costes del sistema eléctrico provienen de (a) precios de mercado, ya sometidos al escrutinio de la CNMC, (b) la retribución de las empresas de transporte y distribución de la electricidad, y las ayudas a las instalaciones de energía renovable y cogeneración, que calcula y determina la CNMC, y (c) los impuestos que fija el Gobierno. No hay ningún coste que se determine de forma arbitraria o caprichosa y sobre el cual pudiera tener sentido hacer una “auditoría”.
En cualquier caso, la ola de frío ya ha pasado y el precio del mercado se ha reducido hasta niveles comparables a los del año pasado. Cabe esperar que, con esto, se acallen las voces que reclaman una reforma del mercado eléctrico, ignorando las consecuencias que tendría intervenir el mercado.
¿Puede el Gobierno reducir las facturas eléctricas?
Entre los años 2007 y 2013 las facturas eléctricas de los hogares se incrementaron en más de un 70%. A pesar de lo que pueda parecer, desde 2013 han evolucionado en línea con la inflación, pero el incremento entre 2007 y 2013 creó un caldo de cultivo propicio a las críticas, por muy demagógicas o desinformadas que sean.
Ese aumento en las facturas entre 2007 y 2013 no se produjo porque se incrementara el precio del mercado o el coste del transporte o de la distribución de electricidad, sino que tuvo su origen en el elevado coste de las subvenciones que se ofrecieron a las inversiones en instalaciones solares fotovoltaicas y termosolares. Y esas subvenciones estuvieron motivadas por el hecho de que España se había comprometido a producir, en 2020, una cantidad de energía de origen renovable igual a un 20% del consumo de energía final (incluyendo no solamente el consumo de electricidad, sino también gas natural, gasolina y gasóleo).
Sin embargo, a pesar de que los consumos de gas natural, gasolina y gasóleo obligaban a dar subvenciones a las energías renovables, el coste de esas subvenciones se imputó exclusivamente a los consumidores de electricidad y eso ocasionó ese desorbitado incremento en el coste de las facturas eléctricas. Por ello, es una excelente noticia que el Ministerio para la Transición Ecológica haya decidido crear un Fondo por medio del cual todos los consumidores de energía contribuyan a financiar esos costes en proporción a su consumo de energía final. En efecto, el mal llamado “Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico” es, en realidad, un “Fondo para la Financiación de las Inversiones en Energías Renovables y en Cogeneración”; inversiones que se acometieron para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Reino de España en el contexto de la lucha contra el cambio climático y que fueron inducidas por el consumo de cualquier fuente de energía (no solamente la electricidad).
Una vez finalice el periodo de transición de 5 años para la puesta en marcha de este Fondo, las facturas eléctricas de los hogares se habrán reducido en alrededor de un 15%. Esto no significa que, a partir de ese momento y todos los años, las facturas eléctricas vayan a ser inferiores en un 15% a su nivel en 2020. Los consumidores que hayan optado por un contrato ligado al precio del mercado eléctrico experimentarán reducciones mayores o menores, en función de las fluctuaciones en el precio del mercado. Y los consumidores que deseen no estar expuestos a esas fluctuaciones no tienen más que firmar un contrato de precio fijo con una comercializadora en el mercado libre, como ya lo han hecho el 60% de los hogares españoles. No tiene sentido que los consumidores opten por un contrato cuyo precio está ligado al precio de la electricidad en el mercado de generación, y que luego reclamen una modificación del diseño del mercado porque -sorpresa- el precio fluctúa …
Debemos entender que, en un mercado liberalizado, el hecho de que el precio fluctúe no es una aberración o un síntoma de que algo no funciona bien (en realidad, lo raro sería que no fluctuara). Y, si el objetivo es proteger los intereses de los consumidores, lo que hay que evitar son modificaciones en el diseño del mercado en respuesta a incrementos coyunturales en el precio que, como se ha explicado, son esenciales para asegurar el suministro de electricidad a los hogares. Una modificación en el diseño del mercado podrá efectivamente dar lugar a precios más estables, pero a costa de un precio medio más alto que el que resulta del diseño actual.
Óscar Arnedillo es director gerente de NERA ECONOMIC CONSULTING y Jorge Sanz es director asociado de NERA ECONOMIC CONSULTING y presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética de 2018.
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09/02/2021