La transición ecológica empieza en la ciudadanía

El sector energético vive hoy un momento determinante. La decisión del Gobierno de lanzar el primer concurso público para adjudicar capacidad de acceso a la red eléctrica supone un primer paso para cambiar las reglas del juego de la industria. Además de dar alas a grandes proyectos que hasta ahora no tenían cabida en el sistema, supone una herramienta estratégica para que los ciudadanos participen en mayor medida en la transición energética.

La medida responde a un clamor empresarial existente desde hace años. Las restricciones a la red eléctrica han paralizado proyectos y ahuyentado inversiones que resultan necesarias para convertir a España en un país más verde. El crecimiento de sectores como los data centers, la logística o la movilidad sostenible, que necesitan grandes volúmenes de electricidad, se ha visto lastrado por la escasa capacidad técnica disponible. Mientras, otros países europeos con un sistema más flexible se veían beneficiados por la rigidez de España.

El concurso supone, por tanto, solo un primer paso de una nueva estrategia, más aperturista, que debería desarrollarse en el futuro. En concreto, la adjudicación se centra en ocho nudos de la red, ubicados en regiones con tradición o potencial de desarrollo industrial: desde Huelva hasta Vigo, pasando por Zaragoza, Tarragona o Vitoria.

Nuevos nudos

De esta forma, se priorizan territorios con capacidad de absorber nuevos desarrollos, donde el acceso a la red puede suponer una ventaja competitiva determinante para atraer empresas de alto consumo eléctrico, como fábricas descarbonizadas o grandes centros digitales.

En total, se ofertan 3.681 megavatios (MW) de capacidad, que serán adjudicados no por orden de llegada -como venía ocurriendo- sino en función de tres criterios clave: el potencial de descarbonización, la inversión prevista y la prontitud con la que el proyecto pueda comenzar a operar. Pero más allá de las necesidades técnicas, hay un condicionante incluido en los pliegos que ha pasado desapercibido y que resulta clave en todo este proceso: la necesidad de que estos proyectos incluyan medidas para impulsar la participación ciudadana.

Resulta un requisito del todo acertado. Es imposible lograr una transición ecológica efectiva y sólida si se construye de espaldas a la sociedad. La experiencia de otros países europeos ha demostrado que si se ofrece la posibilidad de participar en proyectos energéticos, ya sea a través de su financiación o su desarrollo, crece entre los ciudadanos el sentimiento de pertenencia y el arraigo territorial.

Apoyo social

No debemos olvidar que estamos hablando de infraestructuras intensivas que pueden tener una incidencia significativa en el territorio en el que se instalan. Contamos con innumerables ejemplos de proyectos que, aunque ofrecen evidentes mejoras técnicas, no llegan a demostrar todo su potencial por no contar con el apoyo completo de la sociedad civil. Por eso tiene tanta importancia involucrar a los ciudadanos en la configuración de estos proyectos y que sean partícipes de ellos.

Tenemos un buen número de herramientas para lograr esta participación ciudadana. Desde la promoción de microinversiones de proyectos de energías renovables hasta la realización de distintas iniciativas pegadas al terreno que permitan sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de adoptar un rol más activo en la transición energética.

La convocatoria lanzada por el Ministerio de Transición Ecológica va en esta dirección. Y marca un auténtico cambio de paradigma: el acceso a la red ya no es un bien neutral, sino un recurso público sujeto a principios de eficiencia, sostenibilidad y beneficio colectivo. Sería conveniente replicar en el futuro en otros nudos y regiones. Porque la transición energética no puede tratar únicamente de mejoras técnicas y eficiencia. Para lograr un cambio efectivo y duradero, es imprescindible incluir a las personas.

Eduardo Calderón es CEO de Enerfip España