España podría financiar la transición hacia una economía baja en carbono necesaria para luchar contra el cambio climático con tres impuestos ambientales, que aportarían 6.800 millones anuales, ha apuntado en el Congreso María José Sanz, directora Científica del Centro Vasco para el Cambio Climático, BC3.
En su comparecencia en la comisión parlamentaria de cambio climático, Sanz se ha referido a una propuesta del BC3 por la que tres impuestos -a carburantes, contaminantes atmosféricos y a la emisión de CO2 en sectores difusos (transporte, agricultura, edificación o residuos)- lograrían recaudar 6.800 millones de euros y reducir emisiones un 14%.
“Hay muchas soluciones y combinaciones fiscales que nos pueden llevar a la transición que queremos”, ha subrayado.
Sanz ha resaltado que el cambio a un modelo bajo en carbono “es inevitable, y, aún forzado por el cambio climático, es una oportunidad que España debería aprovechar en sectores como el de las renovables”.
Preguntada por los diputados por los elementos que, a su juicio, debe tener la futura Ley de Cambio Climático, la directora del BC3 ha incidido en la importancia de que sea una norma “consensuada y resultado de un amplio procesos participativo de toda la sociedad”, porque de lo contrario “será una ley vertical sin conexiones con los sectores implicados, y todo en ella serán dificultades”.
Para que la sociedad española se involucre más en una ley llamada a cambiar el modelo de desarrollo, es “fundamental” que se impliquen los departamentos de educación y ciencia del Gobierno, y que exista más apoyo a la investigación del cambio climático, ha opinado.
En esa línea, ha agregado que el centro que dirige se ve “obligado a buscar la financiación fuera, porque las ayudas a investigaciones multidisciplinares, como las que exige un fenómeno con tantos ángulos como el cambio climático, no están contempladas en el Plan Nacional de Investigación Científica”.
Sanz, miembro del prestigioso panel intergubernamental de expertos de la ONU en cambio climático (IPCC por sus siglas en inglés) desde 2007, ha relatado que en España “no ha habido cultura de apoyar a los científicos seleccionados para elaborar sus informes” -para lo que no reciben remuneración- “y que hasta hace muy poco” se pagaban ellos mismos los viajes a las reuniones de trabajo.
Sanz también ha recalcado que la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático deben estar al mismo nivel de importancia en la futura ley, al ser España un país muy vulnerable, en el que “las deficiencias en gestión forestal y del agua” han agravado sus principales debilidades (disponibilidad de agua, incendios, o desertización).
Los impactos del cambio climático ya son ya “tan graves” -y la científica ha citado una larga lista de ellos- que se “requiere de acciones urgentes, para lograr un mundo mejor al que tendremos si no hacemos nada”.
En la comisión también ha intervenido hoy el responsable de cambio climático de SEO/BirdLife, quien también ha insistido en que “la fiscalidad y las arcas públicas se deberían trabajar a favor de la descarbonización”, recordando que “España ha tenido varios toques de atención de organizaciones internacionales por las ayudas que da a los combustibles fósiles”.
El tercer compareciente, Pedro Mora, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la patronal CEOE, ha pedido “una transición ordenada, que garantice la competitividad”, ya que, según ha opinado, “no se pueden conseguir los objetivos ambientales a cualquier precio”.