Dicho Plan prevé mantener toda la capacidad instalada basada en tecnología térmica de ciclo combinado y, al mismo tiempo, disminuir la potencia firme total, continuando con el compromiso de aumentar las energías renovables. Es decir, se cuenta con los ciclos combinados como la principal tecnología de respaldo del sistema, lo que debería implicar el mantenimiento de las plantas existentes en nuestro país.
Esta asunción del PNIEC resulta, cuando menos, arriesgada si se tiene en cuenta que dicho plan estima un factor de carga para los ciclos combinados de un 13% para 2030, llegando a un valor del 5% para el año 2025. Esto implica un funcionamiento, en términos de horas equivalentes, muy inferior al que se tuvo en cuenta en su momento, allá por el año 2000 en adelante, cuando se hicieron estas inversiones, y también claramente inferior al funcionamiento existente en la actualidad. Con datos del año 2019 se ha constatado un repunte en la contribución de los ciclos al pool eléctrico, que el plan no prevé mantener.
En este contexto de progresiva reducción de la participación de los ciclos en el mercado eléctrico, en el que su bajo funcionamiento no les permite siquiera recuperar los costes fijos de explotación, llama especialmente la atención la excesiva tributación local de estas plantas. A nuestro juicio, esta excesiva carga tributaria debe ser revisada ya que no hace sino agravar su ya preocupante situación económica.
En efecto, en lo que se refiere al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la base imponible de este impuesto debería tener siempre como límite el valor de mercado del bien sometido a tributación, entendiendo por tal el precio que estaría dispuesto a pagar un tercero independiente por este activo. Todo aquel que haya tenido que someter a la valoración de un tercero independiente sus ciclos sabe que, salvo en los casos en los que exista una cobertura contractual tipo tooling, esa valoración es muy inferior a la que toman como base los impuestos locales.
Por otro lado, las ponencias de valoración de estas plantas de ciclo combinado en su condición de bienes inmuebles de características especiales, BICES, prevén sus propios mecanismos de ajuste de valor que hoy por hoy no se están utilizando. ¿Es sostenible que se sigan pagando los mismos importes por un impuesto cuya base imponible quedó configurada en un contexto totalmente distinto al actual?
En lo que se refiere al IAE, la tributación en este impuesto también se encuentra teóricamente limitada “ex lege” por el beneficio presunto de la actividad gravada. Pero ¿qué pasa si esa actividad gravada no genera beneficio o está directamente en pérdidas de manera estructural?
Cabe recordar que, según el estudio realizado por Sedigas y PwC, los ciclos combinados vienen presentando de media un Ebitda negativo de más de 5 millones de euros cada año, pudiendo suponer el gasto anual por impuestos locales hasta 2 millones de euros.
Parece evidente que la contribución local de los ciclos al sostenimiento de los gastos públicos no es muy justa en el contexto actual, situación que en nuestra opinión debe ser corregida. A lo anterior se podría añadir la distorsión que genera en la libre competencia de un mercado nacional como el eléctrico, el hecho de que en muchas ocasiones la tributación local definitivamente soportada por los agentes dependa de los ajustes alcanzados a ese nivel. Pero, en fin, la capacidad de los Ayuntamientos para modificar la carga tributaria de grandes empresas nacionales o multinacionales es quizás un tema para otro debate.
Lo cierto es que el regulador energético ha adoptado decisiones que de manera sistemática han ido relegando las necesidades de los ciclos combinados (apuesta por renovables donde se garantiza una rentabilidad industrial mínima, ayudas al carbón, incertidumbre sobre la hibernación, terminación del sistema de pagos por capacidad, etc.). Dichas medidas han cambiado por completo las reglas del juego para aquellos inversores que a principios de los años 2000 decidieron apostar legítimamente por esta tecnología.
El sector ha estado esperando que lleguen propuestas del regulador que les permitan gestionar la inviable situación económica de la mayoría de estas plantas, sin que hasta hoy se hayan materializado. Quizás ha llegado el momento de ser más proactivo y provocar que sean los tribunales los que revisen si la tributación local sobre estas instalaciones refleja su realidad económica y en su caso, determinen el ajuste que proceda.
Desde luego, en los últimos tiempos existen precedentes que permiten ser optimistas de cara al éxito de este segundo planteamiento. Está claro que tampoco esto será suficiente como solución a todos los problemas del sector, pero al menos podría aliviar las maltrechas cuentas de resultados de estas plantas.
_Juan Marín es director de PwC Tax and Legal Services _
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