La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa una reforma estructural que redefine la planificación y ejecución de las infraestructuras energéticas estratégicas para la próxima década. Tanto en la propuesta de regulación sobre infraestructuras transeuropeas de energía como en el marco para acelerar los procedimientos de autorización, Bruselas dibuja un calendario de diez años como el periodo clave para construir las redes, interconexiones y sistemas asociados necesarios para cumplir los objetivos climáticos y de seguridad energética.
El enfoque decenal adquiere un papel central en la nueva arquitectura regulatoria. La propuesta obliga a que todos los grandes proyectos de transmisión eléctrica, hidrógeno y almacenamiento se integren en planes de desarrollo de red con un horizonte de diez años, elaborados por los operadores europeos ENTSO-E y ENNOH y actualizados de forma periódica. Estos planes serán la columna vertebral de la futura red europea, al identificar desde nuevas líneas de alta tensión hasta corredores offshore, pasando por infraestructuras de hidrógeno que deberán estar operativas en la próxima década.
El documento señala que las infraestructuras clave, incluidas las que enlazan Estados miembros entre sí y conectan territorios aislados, deben planificarse de forma coordinada y coherente dentro de ese marco temporal, lo que eleva por primera vez el carácter vinculante de la mirada a diez años.
Reducción significativa de los procesos
Al mismo tiempo, el texto sobre procedimientos de autorización expone que los proyectos energéticos de gran escala requieren actualmente ciclos que alcanzan o superan esos diez años, gran parte consumidos por trámites administrativos. Bruselas reconoce que esta duración es incompatible con la velocidad de integración de energías renovables y alerta sobre la urgencia de adaptar los tiempos de la administración a los ritmos de la transición energética.
La reforma introduce medidas para reducir de forma significativa los procesos nacionales, digitalizar trámites y reforzar a las autoridades competentes, de modo que los próximos diez años no se conviertan en una sucesión de retrasos que pongan en riesgo la seguridad del suministro o el crecimiento de las renovables.








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