La UE se da más tiempo para decidir cómo actuar ante apagones como el del 28 de abril en la Península Ibérica

La Unión Europea ha decidido darse más margen para reforzar las reglas que protegen la estabilidad del sistema eléctrico tras episodios de tensión como el apagón del pasado 28 de abril en la Península Ibérica. La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) ha aprobado una prórroga de seis meses, hasta junio de 2026, para que los reguladores nacionales de 23 países alcancen un acuerdo sobre una norma clave relacionada con las reservas que evitan desequilibrios graves en la red.

La decisión afecta a la definición del llamado periodo mínimo de activación de las reservas de contención de frecuencia, un mecanismo técnico esencial que entra en funcionamiento cuando la red eléctrica pierde estabilidad y la frecuencia se desvía de los valores normales. Estas reservas actúan como un colchón de seguridad para evitar que una perturbación puntual derive en cortes de suministro más amplios.

Desacuerdo técnico

El retraso no responde a una falta de consenso político, sino a un desacuerdo técnico con implicaciones relevantes para el funcionamiento y el coste del sistema eléctrico. Los operadores de la red consideran que el tiempo mínimo durante el cual estas reservas deben estar disponibles empieza a contar desde el primer momento en que se detecta una desviación de frecuencia. Los reguladores, en cambio, sostienen que el cómputo debería iniciarse únicamente cuando la situación se considera oficialmente crítica, es decir, cuando se activa el denominado estado de alerta previsto en la normativa europea.

Esta diferencia aparentemente técnica tiene efectos prácticos importantes, sobre todo para recursos con capacidad energética limitada, como las baterías o determinadas instalaciones de almacenamiento. Estos sistemas comienzan a consumir energía antes de que se declare formalmente una situación de alerta, lo que puede obligar a sobredimensionarlos para que cumplan los requisitos exigidos. Según los reguladores, este efecto no fue suficientemente tenido en cuenta en los análisis económicos previos y podría traducirse en costes adicionales para el sistema.

Evaluación en detalle

Ante esta situación, las autoridades reguladoras nacionales solicitaron de forma unánime más tiempo para evaluar con detalle el impacto real de la norma, revisar los cálculos y evitar una decisión precipitada. ACER ha considerado que la petición es razonable, proporcionada y compatible con los objetivos de seguridad del sistema eléctrico europeo, y ha optado por conceder la prórroga en lugar de imponer una decisión directa.

El nuevo plazo permitirá continuar las evaluaciones técnicas y cerrar un acuerdo que tenga en cuenta la creciente presencia de energías renovables y sistemas de almacenamiento, cada vez más relevantes para la estabilidad de la red.