El Gobierno ha intentado por todas las vías posibles sacar adelante su polémica normativa para impedir el cierre de las centrales eléctricas. Su primera opción fue con una norma "de rango de ley" que evitara la tentación de algún gran operador de cerrar una central rentable para aumentar los precios, pero fue muy cuestionado por la CNMC quien la tumbó realizando un demoledor informe donde le advertía que “introducían una excesiva discrecionalidad e inseguridad jurídica”.
Sin embargo, según ha podido saber El Periódico de la Energía, mucho antes de intentarlo por la vía del decretazo, el Ministerio de Energía intentó negociarlo con el PSOE pero éste se negó en rotundo. Los socialistas argumentaron en su momento que estarían dispuestos a apoyar esa regulación con una condición: la de apoyar el carbón nacional como "reserva estratégica", que además debía tener su hueco térmico. Eso suponía la incorporación de una normativa específica para la protección de las centrales térmicas que quemaran combustible autóctono, una exigencia que no aceptó el Partido Popular.
Agotada la vía de negociación con los socialistas y la vía del Real Decreto, Energía no ha querido dar su brazo a torcer y ha buscado el último camino posible: su paso por el Parlamento mediante una Proposición de Ley. Sin embargo, después de ser aprobada en Consejo de Ministros y de pasar su calificación por la Mesa de Congreso, el texto tiene que ser sometido al Pleno para su "toma en consideración". Y es en este punto donde puede finalizar su recorrido si no consigue los apoyos necesarios.
El PSOE ya ha confirmado que, como no se ha modificado ni un solo punto del texto original, va a votar en contra. "El grupo popular tiene ahora una dificultad, que no tiene la mayoría en el Congreso", ha señalado Hugo Morán, secretario federal de Transición Ecológica de la Economía del partido socialista durante la presentación del Cuaderno de Trabajo "Transición energética en España. Una propuesta desde la socialdemocracia".
"En esta ocasión, el grupo popular ni siquiera ha buscado negociar nuevamente con nosotros la Proposición de Ley", ha confirmado Pilar Lucio, diputada del PSOE y portavoz en la Comisión de Energía en el Congreso, "nuestra posición sigue siendo la misma, definir el papel del carbón autóctono como reserva estratégica".
Sin el apoyo del PSOE, las posibilidades de que salga adelante esta normativa se reducen significativamente. Pese a que el grupo popular pudiera tener el apoyo de Ciudadanos y de algunos miembros del Grupo Mixto, debería contar con algún otro partido nacionalista para sumar 176 votos y sacar adelante su propuesta, pero ni siquiera esta opción es tan obvia. Ciudadanos no tiene una línea muy clara en política energética, y aunque deja el cierre de las centrales nucleares a decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), su postura respecto al carbón ha sido más evidente, mostrándose a favor del cierre de las minas y, después, del progresivo cierre de las centrales térmicas para cumplir los Acuerdos climáticos de París.
Tanto es así que, en enero pasado, el Congreso de los Diputados aprobó una propuesta de Unidos Podemos que solicitaba la retirada de los pagos por capacidad de todas las centrales que superaran las emisiones de CO2 establecidas y, como consecuencia directa, el cierre de casi todas las centrales térmicas de carbón. Se consiguió un total de 201 de votos a favor: Unidos Podemos, PSOE, ERC, PDeCAT, Compromís, UPN, Bildu y Nueva Canarias, y también Ciudadanos. Se quedaron solos el PP, Foro Asturias y Coalición Canaria (136), en su voto en contra y el PNV (5), que optó por la abstención.
También en febrero pasado Ciudadanos se volvió a retratar al votar en contra de la continuidad de las centrales térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia) y en contra de abrir nuevas posibilidades de continuidad de la minería.
En definitiva, que la probabilidad de que prosperen las intenciones del titular del Ministerio de Energía, Álvaro Nadal, se antoja complicada.
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