Las 12+1 medidas de Unidos Podemos para hacer bajar el precio de la luz

El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea, a iniciativa de su diputado Josep Vendrell y su diputado Jorge Luis Bail, ha presentado la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Transición Ecológica**,** relativa a la adopción de medidas para reducir el precio de la electricidad.

A menos de 24 horas para conocer las medidas que el Gobierno quiere implantar para tratar de reducir el precio de la electricidad, y que en su mayoría irán encaminadas a una reforma del actual bono social, Unidos Podemos, saca a la luz esta PNL. Como socio del actual Gobierno del PSOE, la formación liderada por Pablo Iglesias quiere dejar claras las medidas que le gustaría que el Gobierno de Pedro Sánchez llevara a cabo en materia energética. Estas son las 12+1 medidas que propone Unidos Podemos para bajar el precio de la luz:

1. Reformar el mercado eléctrico, aprobando un gravamen sobre el exceso de retribución que reciben en el mercado centrales ya amortizadas, para acabar con los beneficios caídos del cielo. Señala directamente a centrales nucleares y gran hidráulica. Según UP, . los ingresos de este gravamen revertirían en el sistema eléctrico y serían destinados íntegramente a bajar el precio de la electricidad. Lo que se olvida la formación política es de señalar que ya hay impuestos tanto a la nuclear como el canon hidráulico que se impusieron para ello. Lo que quieren es "una sustitución del sistema de casación marginalista en el que compiten todas las tecnologías, por un sistema en el que se reflejen los costes reales de generación de cada tecnología, distinguiendo en función de aquellas tecnologías con alto coste variable, como el gas, de otras con costes variables muy reducidos, como la mayoría de tecnologías renovables", dice en el texto. Aquí el problema es que toda Europa tiene este mismo sistema y según Bruselas es el mas eficiente, por tanto es complicado cambiar el actual diseño del mercado.
2. Ajustar la retribución del transporte y la distribución eléctrica, de acuerdo con los recientes informes del organismo regulador. "La CNMC considera que se debe revisar la tasa de retribución financiera de la actividad de transporte de energía eléctrica para adecuarla al coste de los recursos propios y ajenos del transportista, que han evolucionado a la baja durante el actual periodo regulatorio. Y en segundo lugar,  que  se ha observado un descenso en los costes de financiación de las empresas de distribución de electricidad, por lo que  considera necesario de cara al siguiente periodo regulatorio que comenzará el 1 de enero de 2020, revisar la tasa de retribución financiera de la distribución de energía eléctrica para adecuarla al coste de los recursos propios y ajenos de las distribuidoras, que han evolucionado a la baja durante el actual periodo regulatorio", dice UP en su exposición de motivos de la PNL.
3. Reformar la factura eléctrica reduciendo el coste de la parte fija, reduciendo los pagos por capacidad que reciben determinadas centrales solo por estar disponibles, modificando el servicio de interrumpibilidad que lo dote de utilidad y acerque a sus homólogos europeos. "El Gobierno tiene actualmente la capacidad de modificar los peajes, en concreto, abordar la reducción de los pagos por capacidad que reciben determinadas centrales solo por estar disponibles, y de realizar una modificación del servicio de interrumpibilidad que lo dote de utilidad y acerque a sus homólogos europeos, y también de modificar el término de potencia a través de los peajes, revirtiendo la subida realizada por el Partido Popular. De esta forma, se reducirá la factura y aumentará la importancia de la parte variable, la parte del consumo, lo que supondrá también incentivar pautas de eficiencia y un uso más eficiente y racional del consumo eléctrico", señala UP. Esa capacidad de modificar los peajes tiene que ser devuelta a la CNMC tal y como exige Bruselas en uno de los cinco conflictos que tiene que arreglar el Gobierno con la Comisión antes de que finalice 2018.
4. Modificar los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas para asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable. "El Gobierno debe apostar de una vez por todas por las tecnologías renovables, como la eólica o la fotovoltaica. Estas tecnologías realizan ofertas a precios muy bajos e incluso cero, disminuyendo el precio que se determina en la subasta del mercado eléctrico. La transición energética a un modelo renovable nos aportaría estabilidad y garantías frente a las subidas de los precios de los combustibles fósiles o las paradas nucleares de Francia, así como respecto al previsible incremento del precio de los derechos de emisiones de CO2", explica la formación.
5. Recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas, permitiendo que los usos del agua operen en favor del interés general, facilitando una transición hacia un modelo 100% renovable. "La pronta caducidad de las concesiones y el relevante impacto en la configuración del precio de la electricidad, hacen de la recuperación de la gestión pública de las centrales hidroeléctricas una prioridad absoluta. Es necesario garantizar el paso a la gestión pública de las centrales amortizadas, que pueden y deben permitir tanto utilizar de forma sensata un recurso público y limitado como es el agua en favor del interés general, como facilitar una transición hacia un modelo 100% renovable y justo con los territorios afectados por sus instalaciones. Hay que acabar con el uso especulativo del agua en la conformación del precio, del que tenemos certeza por los expedientes abiertos en los últimos años por la CNMC", dice UP."
6. Reformar el bono social eléctrico y crear un bono social gasista, para que en ambos casos a) su solicitud sea automática; b) el único criterio de adjudicación sea la renta del hogar; c) sea suficientemente progresivo como para garantizar que cualquier hogar tiene acceso a un suministro esencial; d) que todas las empresas de los sectores correspondientes, incluyendo todos los segmentos del mismo, asuman su coste proporcionalmente a su volumen de facturación; e) se reduzca el IVA de la electricidad a los consumidores vulnerables.
7. Imponer nuevas obligaciones a las empresas eléctricas para facilitar el acceso a la información, la toma de medidas de eficiencia y ahorro energético de las personas consumidoras, a través de modificaciones normativas a la Ley 24/2013 de 26 de Diciembre del Sector Eléctrico y al Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre. "Entre otras tantas medidas, los operadores habrían de ofertar de manera gratuita la optimización de la potencia contratada ya que la mayoría de los consumidores tienen una potencia contratada superior a la que necesitan, tendrían que disponer de un catálogo de consumo por electrodoméstico, y facilitar el acceso de los consumidores a sus curvas de consumo y gestión de las mismas a través de un portal neutro, incorporando toda esta información en la factura que reciben periódicamente".
8. Apoyar reformas normativas que elimine las trabas al autoconsumo en nuestro país, que derogue el nefasto Real Decreto 900/2015 de 9 de octubre de autoconsumo de energía eléctrica. "Permitiendo la entrada de excedentes de generación que supondría una presión a la baja de los precios".
9. Desarrollar los certificados de ahorro energéticos para que las empresas puedan descontarse dichas cantidades de la cantidad que les corresponda aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, cantidades que actualmente se están repercutiendo en factura a las personas consumidoras. "La actual reglamentación del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, con su configuración meramente recaudatoria, no permite que la distribución y servicios relacionados con la venta de energía promuevan acciones efectivas de eficiencia. La Directiva de Eficiencia Energética permite que se desarrollen los certificados de ahorro energéticos para que las empresas puedan descontarse dichas cantidades de la cantidad que les corresponda aportar al FNEE".
10. Implantar un plan público para fomentar la eficiencia energética y promover techos solares. "La eficiencia energética en nuestro país tiene un potencial enorme que no se corresponde con el escaso aprovechamiento del espacio público disponible, como el de los tejados de centros de enseñanza o los edificios ministeriales, lo que además da una pobre imagen de la convicción ante el reto de la transición energética. Del mismo modo, es necesario elaborar un Plan que fomente la eficiencia energética en la rehabilitación energética de viviendas, con especial incidencia en las residencias principales de las unidades familiares vulnerables", dice la formación.
11. Introducir modificaciones en la normativa encaminadas al aumento de control y lucha contra la corrupción, que impidan las puertas giratorias desde la gestión pública hacía las empresas energéticas.
12. Realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico nacional, que determine los costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología así como los costes asociados a los servicios de transporte y distribución, así como una auditoría específica del déficit de tarifa.
13. Realizar una reforma de calado que permita alcanzar un sistema fiscal que fomente la lucha contra el cambio climático y la transición energética. Dicha reforma deberá buscar incrementar la recaudación asociada a la fiscalidad ambiental en varios puntos porcentuales del PIB, en línea con la media europea, al mismo tiempo que incremente la progresividad fiscal.