Conscientes de su importancia para el desarrollo del país, las eléctricas mexicanas se muestran tranquilas con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, sabedoras de que deben ser "flexibles" ante el nuevo Ejecutivo.
"Las empresas tenemos que ser flexibles para usar los canales que ponga el gobierno, que es el que tiene que legislar y establecer la política energética. Y no tenemos que apresurarnos", dijo hoy en entrevista con Efe el presidente de la Asociación Mexicana de Energía (AME) y director general de Iberdrola México, Enrique Alba.
El 1 de diciembre asumirá la Presidencia de México el izquierdista López Obrador, que ha prometido un cambio de paradigma económico lejos del neoliberalismo, y en el plano energético, una revisión de contratos firmados con la reforma energética, que abrió el sector a la iniciativa privada en 2014.
El representante de la AME -fundada hace 21 años y que agrupa a empresas que suman 19.500 megavatios (MW) de capacidad instalada, el 35 % de la capacidad del país- considera que la llegada del nuevo gobierno no tiene porqué preocupar al sector.
"En principio no genera incertidumbre, porque el sistema eléctrico mexicano necesita de infraestructura y crecimiento, e incluso parece razonable que el nuevo gobierno quiera analizar cosas y hacer reingeniería", apuntó Alba.
Para el director general de Iberdrola México, un eventual cambio de modelo -por ejemplo si se realizaran menos subastas de electricidad- no tiene porqué impactar al sector, pues existen otras vías de crecimiento y, además, "el sistema prueba que hace falta más generación y que la demanda crece".
Según cálculos de la Secretaría de Energía (Sener), en los próximos 15 años se deberían invertir en México, donde la demanda crece al 3 %, más de 100.000 millones de dólares en el sector eléctrico, algo "muy complicado" si no se realizan alianzas "público-privadas".
Hasta la fecha, la AME no contactó a la futura secretaria de Energía, Rocío Nahle, a quien buscará una vez ya esté en el gobierno con el afán de "adaptarnos a las formas y mecanismos que planteen".
En la nueva administración, que tomará las riendas del país de diciembre de 2018 a 2024, resta por ver qué sucederá con la reforma energética, que constituye, según Alba, un "hito muy importante" al liberalizar actividades como la generación y la comercialización eléctrica.
Aunque hay aspectos "mejorables" como el desarrollo de generación de energía de base -que garantiza la producción de energía continua en base a centrales como las de ciclo combinado- la reforma ha sido exitosa en apartados como las renovables, donde México tiene enorme potencial por su riqueza en recursos naturales.
"Gracias a las subastas se van a poner decenas de proyectos y miles de megavatios renovables en los próximos años. Pero no ha habido ese paralelo en generación de base. Los mecanismos de atracción no son exitosos", lamentó Alba, enfatizando en que hay una tarea pendiente en los ciclos combinados, que funcionan con gas y vapor de agua.
Además, los concursos se han desarrollado "razonablemente bien", con "requisitos estrictos" que han garantizado calidad en las propuestas, subrayó.
Con todo, el sector eléctrico debe enfrentar todavía retos para lograr los tres objetivos "fundamentales" e "irrenunciables" para el sistema: que la electricidad sea confiable, barata y procedente de fuentes amigables.
"El reto es movilizar e incentivar esta inversión público-privada que haga posible el crecimiento de generación, transmisión y distribución", resaltó Alba.
Con todo, el director de Iberdrola México instó a la diversificación de las propias empresas del sector. Es el caso de esta empresa, con 20 años en el país con un "proyecto y visión a largo plazo" y muchos proyectos para los próximos años.
Entre 2019 y 2020 se pondrán en marcha ocho centrales y, de cara a 2022, planea ya nuevas infraestructuras con las que alcanzará unos 12.500 MW de potencia instalada.
Algunas decisiones tomadas recientemente por López Obrador, como la cancelación del aeropuerto de Texcoco, una obra de 13.300 millones de dólares, han impactado en los mercados y levantado voces contrarias entre el empresariado.
Si bien Alba no se posicionó acerca de la controversia, recordó que todo inversor necesita "certeza institucional, jurídica, y macroeconómica".
"Es imposible alcanzar la tasa de crecimiento del 4 % -prometida por el futuro mandatario- sin la colaboración de empresas públicas y empresas privadas, y esto también es extrapolable al sector eléctrico, que tiene un impacto directo en la competitividad del país", concluyó.
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