Llegó el 30 de junio y finalizaron los pagos por disponibilidad para los ciclos combinados. Según la Orden ETU/1133/2017 de noviembre de 2017, el anterior Ministerio de Energía decidió que este año tramitaba esa disponibilidad en vez de anualmente como en años anteriores, de manera semestral, pero al ex ministro Nadal no le ha dado tiempo a anunciar cómo iba a solucionar lo que iba a pasar a partir de entonces y a Ribera le ha pillado nada más aterrizar en el Gobierno. Esto supone que este tipo de centrales ha dejado de recibir los alrededor de 5.000 euros por MW instalado desde el pasado 1 de julio, lo que representa una suma total de 200 millones de euros de pérdidas al año para todas las centrales.
La situación se agrava si además esas centrales ya han cumplido o van a cumplir 10 años de vida, porque también dejarán de recibir la retribución por incentivo a la inversión, la otra pata de los pagos por capacidad. Eso significa dejar de ingresar además alrededor de 10.000 euros por MW instalado dependiendo de un factor de corrección y de las características de cada central. Y afecta a un amplio porcentaje de ellas, porque cumplen ya con el requisito de la edad, ya que desde 2002 hasta 2011 se han instalado 67 ciclos, para albergar una potencia instalada de 25.353 megavatios.
"Ahora hay dos opciones", señalan fuentes del sector eléctrico, "o el Ministerio de Transición Ecológica aprueba una ampliación de plazo con carácter retroactivo, porque en realidad las centrales que dan este servicio lo ofrecen para el periodo de un año, o las centrales empezarán a perder dinero y sus propietarios en pensar en cerrarlas".
La situación excepcional de fijar solo las retribuciones de los pagos por disponibilidad para los primeros seis meses tiene sentido. “El Gobierno tomó esta decisión porque estaba a expensas de lo que se dijera en Bruselas, y mientras tanto buscó una alternativa, legislar solo para los primeros seis meses del año”, explican las mismas fuentes del sector, “los nuevos conceptos, las nuevas regulaciones, se esperaba que estuvieran ya aprobadas en el primer semestre del año, y por tanto que hubiera ya algo preparado, pero nos encontramos que todas las centrales han dejado de percibir los pagos que les retribuyen por disponibilidad y no se ha hecho nada para solucionarlo”.
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"El escenario más lógico es que el Ministerio de Transición Ecológica apruebe rápidamente una prórroga, porque sin pagos por disponibilidad los ciclos combinados no son rentables. Su nivel de funcionamiento en 2017 fue del 15% de media pero en lo que va de año vuelven a estar por debajo del 10%, lo que significa que muchos ciclos apenas han funcionado al 1% de su capacidad, incluso algunos ni siquiera se encendieron en el primer semestre, como ocurrió el año anterior", añaden las mismas fuentes, "y si no son rentables, las empresas propietarias se plantearán su cierre, como es lógico".
Pero para cerrar una central eléctrica se necesita un trámite administrativo: que REE le de el permiso y que reconozca que su cierre no supone un riesgo para la seguridad del suministro. "Es relativamente fácil cerrar una central. Aunque es necesario cumplir con la vía administrativa oficial, de facto un propietario puede decidir que esa central se salga del mercado cuando quiera, ofertando en el mercado diario siempre por encima del precio marcado", apuntillan, "la realidad se impone, la lógica empresarial quiere minimizar las pérdidas y si esa central no participa en el mercado, en realidad es como si cerrara. La falta de actividad reducirá la necesidad de personal laboral", y así hasta que no tenga sentido continuar en activo.
"Pero esto no afecta tanto a las grandes eléctricas sino a otras compañías, a las que les perjudica especialmente esta situación, como AESE, Alpiq Energy o Engie. Si no hay pagos por capacidad podría ser el motivo para cerrar y salir de España, ya que tienen como mucho un activo en el país y estarían perdiendo dinero. Y el contador ya ha empezado a funcionar", añaden.
Las mismas fuentes aseguran que **estas empresas podrían acudir a los tribunales para reclamar los pagos por disponibilidad porque "se consideraría un daño patrimonial". **
Antes de tomar esa decisión, esperan que el Ministerio de Transición Ecológica les de una solución o se reúnan con ellos para explicarles qué decisión tomar al respecto y así saber a qué atenerse.
Dabama
06/07/2018