El pasado 24 de febrero el Gobierno publicó la orden por la que se obliga a las empresas a pagar un total de 244 millones de euros al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Dicha norma, que ya se estableció el año pasado, no es del gusto de las empresas, que no entienden por qué tienen que cargar ellos con la eficiencia energética de todo un país.
El Gobierno, como no había cumplido con los objetivos de eficiencia energética e incumplía las directivas, "sacó de la chistera el fondo para que lo paguemos las empresas", afirman desde una gran eléctrica.
En total, unas 250 empresas, casi todas del sector energético, tendrán que pagar su correspondiente cantidad. Una cifras que dejan a las petroleras Repsol y Cepsa, y a las tres grandes eléctricas en muy mal lugar. De partida son las que más van a pagar. Repsol tiene que aportar unos 62 millones de euros, contando negocios de petróleo y butano, Cepsa unos 34 millones, Endesa cerca de 33 millones, Gas Natural Fenosa unos 23 millones de euros e Iberdrola 21 millones, por poner unos ejemplos. Pero son las que más pagan porque son las que más producen y venden más energía. Solo estas cinco compañías aportan el 71% del total del fondo.
Fuentes jurídicas y empresariales han asegurado a este diario que la norma, que esta vez ha venido a través de una orden, es totalmente recurrible ante el Tribunal Supremo, incluso se podría llevar ante la Comisión Europea, ya que "iría en contra de la directiva europea".
Empresas de la talla de Repsol, que es la que más aporta al fondo, tienen decidido ir a los tribunales porque creen que es injusta, desmedida incluso sectaria, ya que afecta solo a unas empresas. Otras compañías, como alguna gran eléctrica estudian la posibilidad de recurrir la norma. Pero, de todas formas, "estamos ante una locura más del Gobierno". "¿Cómo es posible que estemos obligados a pagar nosotros las medidas de ahorro que hagan los demás?¿Por qué tengo que financiar que una casa se ponga electrodomésticos nuevos que sean más eficientes?", se preguntan desde una gran eléctrica.
Pero hay opiniones para todos los gustos. Es el caso de Iberdrola, que ha decidido no recurrir la norma. Entienden que tienen poco que ganar en los tribunales y pagarán lo que le corresponda. Aun así, las empresas reclaman que esa partida vaya a presupuestos o que se castigue al que no sea eficiente con una tasa.
Pero lo que más lleva por la calle de la amargura a las empresas es que no las dejen ser más eficientes de motu proprio. "En vez de ahorrar energía y cumplir una serie de objetivos, el Gobierno nos obliga a pagar y luego ya se verá si la empresa deja de emitir emisiones, es más eficiente o ahorra electricidad", explica una empresa afectada. "Que nos dejen a las empresas ser eficientes como queramos, cuanto más seamos, más ganaremos todos, pero no así", explica.
En definitiva, se avecina otra avalancha de recursos en el Supremo ante la pésima iniciativa del Gobierno en materia de eficiencia energética.
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