Las grandes eléctricas piden a la CNMC que la propuesta de retribución sea acorde a la planificación del Gobierno

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc), que agrupa a compañías como EDP, Endesa e Iberdrola, ha presentado un documento de alegaciones ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el marco del segundo trámite de audiencia pública sobre la propuesta de metodología retributiva de la actividad de distribución eléctrica. El objetivo: contribuir a un modelo retributivo “sólido, estable y coherente” con los objetivos de la transición energética.

En su informe, las grandes eléctricas valoran positivamente los avances introducidos por la CNMC, especialmente en la adaptación de la metodología al proyecto de Real Decreto sobre los planes de inversión en redes de transporte y distribución.

Sin embargo, advierten que persisten “deficiencias estructurales” que podrían comprometer la viabilidad de proyectos estratégicos de red, incluso cuando estos estén planificados o autorizados por el propio Ministerio para la Transición Ecológica.

Planificación y recuperación

Aelēc insiste en que el nuevo marco retributivo debe alinearse con la planificación estatal y garantizar la recuperación íntegra de las inversiones eficientes. Además, reclama que se proporcione la estabilidad regulatoria necesaria para movilizar las inversiones que exige la electrificación del país. En su comunicado, la asociación también alerta de que la propuesta actual introduce “cambios metodológicos de gran calado en un plazo muy reducido”, sin un proceso de debate suficiente con las empresas del sector.

Las alegaciones presentadas se estructuran en tres grandes bloques. En primer lugar, sobre el tratamiento de los OPEX (gastos operativos), la patronal propone ajustes para evitar la superposición de mecanismos de eficiencia y aboga por la fijación ex ante de los parámetros, con el fin de aportar mayor certidumbre al modelo. En segundo lugar, en relación con el CAPEX (gasto de inversión), propone elevar el nivel de inversión sostenible al 100% del límite legal y ajustar el parámetro K a valores acordes con los costes reales de red.

Por último, plantea mejoras en los aspectos técnicos y de coherencia normativa, como la creación de un grupo de trabajo que defina criterios homogéneos de cálculo y auditoría de la potencia adscrita.