Dicen que hay cuatro millones de hogares que viven en situación de pobreza energética, que afecta a casi 10 millones de españoles. Es decir, que no pueden pagar los recibos de la luz y la calefacción. La crisis ha puesto entre la espada y la pared a muchas familias. Elige, o pagas la luz o das de comer a tus hijos. Todo el mundo haría lo segundo, o eso creo.
Son más de dos millones de hogares con todos sus miembros en paro, y sin ingresos es muy difícil afrontar los pagos todos los meses. Como mucho, y seguro que con ayudas externas (familiares, amigos, etc) se puede pagar la comida y como mucho el alquiler o la letra de la casa. A muchos de ellos ni eso. Solo hay que recordar la cantidad de desahucios que hay en España a diario.
Con un panorama de este calibre había que tomar cartas en el asunto. Se había denunciado por activa y por pasiva que no se estaba haciendo nada para frenar los cortes de suministros por impagos. Pero las elecciones municipales y autonómicas sirvieron de acicate para tomar carta en el asunto. Benditas elecciones. Para algo sirven.
Desde mayo, distintas administraciones locales, ya sean ayuntamientos, comunidades autónomas, federaciones de municipios, etc, se pudieron manos a la obra. Y las compañías eléctricas también. La situación era insostenible. Cada mes crecía el número de pobres.
Y desde entonces no han parado de alcanzarse acuerdos entre las distintas administraciones y las grandes eléctricas. Los últimos, los alcanzados hoy con la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, de distinto signo político.
La Comunidad de Madrid ha cerrado un convenio con las empresas Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa para establecer un sistema que impida que las familias sin recursos sufran cortes de electricidad y gas natural, especialmente en los meses de invierno.
Según ha avanzado la propia Cristina Cifuentes en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, la administración ha analizado y aprobado el convenio, negociado desde el mes de septiembre y que se ejecutará de forma "inminente" a falta de cerrar la fecha para la firma con las empresas comercializadoras.
El convenio establece un procedimiento para garantizar durante seis meses el suministro energético en viviendas habituales ubicadas en la Comunidad de Madrid de personas o familias en situación de especial vulnerabilidad, particularmente en los meses de invierno.
A través de él, se evitará la suspensión o se restablecerá el servicio en el plazo más breve posible cuando ya se esté tramitando una ayuda pública.
La Comunidad de Madrid aportará para el fondo que recoge el convenio un millón para lo que queda de 2015 y otro para 2016, cuantía que se ampliará de ser necesario si hay mucha demanda de la ayuda.
En el caso valenciano, el Govern ha firmado un acuerdo con Endesa, Gas Natural e Iberdrola para evitar cortes de agua, luz y gas a personas y familias en riesgo y en exclusión social, que podrán solicitar un informe de los servicios sociales municipales para paralizar el proceso de suspensión del suministro mientras la Generalitat gestiona el pago de las facturas adeudadas.
De esta manera, las eléctricas muestran su compromiso para agilizar y facilitar la forma de pago de las ayudas municipales a los usuarios de servicios sociales por las deudas generadas.
Endesa es la compañía que más tiempo lleva trabajando con las administraciones para paliar la pobreza energética. Lleva tres años trabajando y ha alcanzado más de 90 acuerdos con distintas administraciones locales. Desde los ayuntamientos de Barcelona, Sevilla, Huesca, hasta las federaciones de municipios de las Islas Canarias o de los ayuntamiento de Barcelona, y también con Comunidades Autónomas como Baleares, y ahora Valencia y Madrid. En total, Endesa ha gestionado favorablemente unas 38.000 facturas.
Iberdrola aprobó en marzo un procedimiento de protección a clientes económicamente vulnerables en nuestro país. La eléctrica se comprometía con este paso a “prestar atención a los clientes en situación de vulnerabilidad y colaborar, según las políticas que establezcan las Administraciones Públicas competentes en cada caso, para facilitar el acceso continuado al suministro de energía eléctrica y gas”.
En este marco, la empresa se ha puesto en contacto con la mayoría de CCAA y ayuntamientos para ofrecerles firmar acuerdos concretos como los que ha firmado con Valencia y Madrid. Además, Iberdrola también ha conseguido firmar un acuerdo con el área metropolitana de Barcelona.
Desde el pasado mes de julio la compañía que preside Ignacio Galán ha logrado firmar convenios con la Junta de Castilla y León, y ayuntamientos tan importantes como el de Bilbao y Valencia.
Algo muy parecido le sucede a Gas Natural Fenosa. La compañía lleva ya tiempo trabajando en estos asuntos. Pero no solo con las administraciones. Además de los acuerdos firmados este martes, la eléctrica ya había alcanzado convenios con el ayuntamiento de Barcelona o el área metropolitana de la ciudad condal.
Pero no se queda ahí la labor del grupo que preside Salvador Gabarró. Por ejemplo, a iniciativa propia, llegan a acuerdos para dilatar el plazo de pago sin intereses a clientes que aleguen problemas para pagar las facturas. También, ayudan a sus clientes más vulnerables comunicándoles la posibilidad de solicitar ayudas en las distintas administraciones, o a través de la Fundación Gas Natural haciéndoles obtener nuevos ingresos.
Además, cabe recordar que las grandes eléctricas son las que financian el denominado bono social, que consiste en una reducción del 25% del gasto energético a clientes con potencia reducida, familias numerosas, jubilados y parados. Unos 300 millones de euros destinan a ello.
En definitiva, no hay mal que por bien no venga, y aunque sea tarde para muchos españoles, las medidas adoptadas por las eléctricas y muchas administraciones están dando resultado y ayudando a esas familias que por desgracia están sufriendo tanto y no pueden ni calentarse la casa. Era hora de arrimar el hombro, y las eléctricas lo están haciendo.
Pedro Duarte
02/12/2015