El Consejo de Ministros aprobó este viernes un Real Decreto que transpone partes de la directiva europea de eficiencia energética, y, entre otras actuaciones, prevé auditorías energéticas periódicas obligatorias para las grandes empresas, a partir de las cuales éstas puedan mejorar su consumo energético.
El Real Decreto, que transpone una directiva comunitaria de 2012, prevé estas auditorías energéticas para toda compañía de más de 250 trabajadores o de más de 50 millones de euros de volumen de negocio.
Las auditorías energéticas deberán cubrir, al menos, el 85% del consumo total de energía del conjunto de sus instalaciones y deberán realizarse, al menos, cada cuatro años.
El Gobierno estima que esta medida será de aplicación a unas 3.800 empresas en España, con cerca de 27.000 establecimientos o locales.
Las empresas tendrán un plazo de nueve meses para realizar las auditorías, que sólo podrán ser sustituidas por la existencia de sistemas de gestión ambiental que cuenten con certificados de eficiencia energética en vigor.
El Ejecutivo considerará válidas las auditorías que se hayan realizado desde el 5 de diciembre de 2012, fecha de entrada en vigor de la Directiva comunitaria.
Las auditorías serán realizadas por auditores energéticos profesionales que cumplan con los requisitos de cualificación que se establecen en el Real Decreto, hoy aprobado, sin perjuicio de que también podrán realizarse por personal interno cualificado.
El Real Decreto establece los requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de proveedores de servicios energéticos, que deberán acreditar su cualificación en materia energética mediante titulación universitaria o de formación profesional, o bien acreditando su competencia profesional teórica y práctica.
Los proveedores de servicios energéticos deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil.
En la sede electrónica del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) existirá un listado de proveedores de servicios energéticos habilitados.
Por su parte, la ONG Amigos de la Tierra ha criticado los más de dos años de demora con los que se transpone esta directiva (que debería haberse trasladado a la legislación nacional en 2014) y que sólo se haya traspuesto de manera parcial.
Héctor de Prado, portavoz de energía de esta ONG, ha asegurado que "el Gobierno ha tratado de esquivar esta aprobación con el fin de no afectar negativamente los negocios de las grandes empresas, especialmente los de las eléctricas, y ha hecho caso omiso de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que sugerían una mayor ambición a la hora de transponer la directiva".
Amigos de la Tierra ha lamentado que el Real Decreto no trasponga todas las medidas de la directiva, "algunas de las cuales ayudarían al consumidor doméstico o comunitario a ahorrar casi un tercio de su consumo mensual", y ha recordado que estas actuaciones tendrían un gran potencial de crear nuevos empleos.
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