El Gobierno Vasco ha aprobado el Proyecto de Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas, en el que recoge que las instituciones de Euskadi deben reducir en un 25% su factura energética para el año 2025.
La consejera de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Arantza Tapia, ha detallado esta iniciativa, que no se podrá tramitar en el Parlamento Vasco por falta de tiempo, ya que esta legislatura, previsiblemente, acabará en octubre.
Tras la reunión del Consejo de Gobierno, Tapia ha explicado que este proyecto tiene como objetivo la reducción del consumo energético, el impulso de la sostenibilidad y la protección del medio ambiente mediante la implantación de instalaciones de energía renovable en edificios públicos.
"Queremos ser una administración pública responsable, ejemplar y referente en cambio climático", ha defendido la consejera, quien ha destacado que para lograr la implicación de todos los agentes en este camino es preciso impulsar "una acción ejemplarizante desde todos los órganos de la administración pública".
El proyecto afecta a todas las administraciones vascas, así como a sus organismos autónomos, entes púbicos de derecho privado y sociedades públicas.
Así, la iniciativa persigue que todas estas instituciones alcancen una reducción del consumo de energía del 25 % en 2025. Asimismo, contempla que cada una de ellas logre para ese año que, al menos un 25 % de sus edificios disponga de instalaciones de aprovechamiento de energías renovables.
Para ello, en las licitaciones para compra de energía eléctrica se valorará especialmente el origen renovable de la misma y se podrá exigir que el 10 % de la energía adquirida sea eléctrica verde, siempre y cuando sea "económicamente razonable".
El texto señala que todos los edificios deberán disponer de un Certificado de Eficiencia Energética en el plazo de dos años y que todas las administraciones tienen que elaborar un plan de actuación energética con un diagnóstico en el que se desglosen las fuentes de consumo y las medidas de sostenibilidad energética acordes a lo dispuesto en el proyecto de ley.
En el área de la movilidad, a partir de 2020 todos los vehículos que adquieran las administraciones deberán utilizar combustibles alternativos. Esta medida no afecta a departamentos que por razones de seguridad pública precisen de un mínimo de vehículos de transporte impulsados por combustibles derivados del petróleo.
Las administraciones municipales deberán facilitar para 2025 que exista en cada municipio un punto de recarga de vehículos eléctricos por cada 2.000 habitantes. Este punto tendrá que instalarse en todos los edificios de nueva construcción.
La iniciativa también contempla que se avance de manera progresiva hacia el uso de transportes públicos con combustibles alternativos. Para ello, los pliegos de adjudicación tendrán en cuenta que el 100 % de la flota renovada deberá usar este tipo de combustibles a partir de 2020.
Además, plantea que los municipios podrán prohibir o restringir el acceso a determinadas zonas de vehículos que no usen combustibles alternativos o que sobrepasen determinados niveles de emisión.
Según el proyecto de ley, cada administración contará con una "comisión para la sostenibilidad energética". Las localidades de más de 25.000 habitantes deberán crearla en el plazo de un año, y en el plazo de dos los municipios de entre 5.000 y 25.000 habitantes.
Esta comisión deberá aprobar un inventario de los elementos de su administración o municipio, y garantizar el cumplimiento de la ley.
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