Las renovables andaluzas esperan que la Ley de Cambio Climático aporte seguridad jurídica

La Asociación de Energías Renovables de Andalucía (Claner) ha expresado su confianza en que la Ley de Medidas frente al Cambio Climático y para la Transición hacia un nuevo Modelo Energético aporte seguridad al sector en Andalucía y ayude a poner en marcha nuevas instalaciones de energías limpias.

En un comunicado, la patronal, que representa a las empresas dedicadas a las energías limpias en Andalucía, ha confiado en que la nueva normativa tenga un desarrollo reglamentario "ambicioso y exigente" por todos los agentes políticos, sociales, institucionales y económicos para converger en un modelo energético en el que las renovables y la eficiencia energética sean el eje principal.

En este sentido, el presidente de Claner, Alfonso Vargas, ha señalado que el sector confía en que la norma contribuya a la "electrificación" de la economía, así como a paliar los "graves daños" que afectan al clima. No osbtante, ha añadido que para ello es necesario alcanzar el 80 por ciento de la descarbonización del sector eléctrico para 2030 y el cien por ciento para 2040.

"Las empresas de energías renovables precisan de impulsos firmes y de estabilidad regulatoria que suponga seguridad para sus plantas de renovables y que permita planificar y poner en marcha nuevas instalaciones de energías limpias que posibiliten alcanzar los objetivos marcados", ha señalado.

Asimismo, ha manfiestado que esta norma debe "implicar y comprometer de manera efectiva a toda la sociedad", con el fin de "disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, reducir el consumo de combustibles fósiles y fomentar la adaptación al cambio climático".

Por otra parte, la asociación se ha referido al Registro de la Huella de Carbono de Productos y Servicios y ha dicho que "debería pasar de voluntario a obligatorio" en próximas regulaciones. Además, ha lamentado que la ley no contemple la creación de una Unidad de Seguimiento de Energías Renovables como ocurre en otras comunidades y que sirva de "control, vigilancia y coordinación" en el cumplimiento de los objetivos de la Administración y el sector privado en esta materia.