Las renovables tardan casi cuatro años en obtener los permisos en España… y no es el país más lento

Las renovables tardan casi cuatro años de media en obtener los permisos en España. Sin embargo, no es el país más lento en este tipo de tramitaciones. Así lo refleja el último informe de Economist Intelligence: EIU, "The global green subsidy race: How it is reshaping climate policy and geopolitics?", situando el proceso de concesión de permisos para proyectos fotovoltaicos en una media de 3 años y para proyectos eólicos en una media de 4 años.

Según este informe, Italia sería el país peor parado en este sentido, con una media de 4 años para la tramitación de proyectos solares y 7 años para proyectos eólicos terrestres. El segundo país con mayor tiempo de tramitación de proyectos renovables es Francia, con una media también de 4 años para la tramitación de proyectos solares y 7 años para proyectos eólicos terrestres.

En la otra cara de la moneda estaría Alemania, con los mejores números en cuanto a concesión de permisos, con 2 años para proyectos solares y 5 para proyectos eólicos. Por detrás le seguirían Estados Unidos, con 4 años de media para fotovoltaica y 6 para eólica y Francia, con una media de 4 años y 7 años respectivamente.

Subvenciones

La Ley estadounidense de Reducción de la Inflación (IRA) de 2022 marcó un punto de inflexión en la forma de aplicar la política climática mundial, al proporcionar cuantiosas subvenciones a la industria verde, y ha suscitado imitaciones en todos los países desarrollados.

En particular, la Unión Europea ha flexibilizado sus propias normas sobre ayudas estatales a través del Plan Industrial Green Deal —una serie de propuestas que incluye la Ley de Industria Neta Cero (NZIA)— y el Marco Temporal de Crisis y Transición, que permite a los Estados miembros utilizar las ayudas estatales para igualar las ayudas estatales extranjeras si pueden demostrar fehacientemente que, de lo contrario, las empresas podrían trasladarse a otro lugar. Francia, por ejemplo, ya ha aprovechado estas flexibilizaciones subvencionar entre el 25% y el 40% de la inversión en capital verde.

Japón y Australia también han desarrollado sus propios programas de subvenciones. El Gobierno japonés pretende estimular hasta 150 billones de yenes en inversiones verdes a través de asociaciones público-privadas financiadas con bonos del Estado como parte de su Ley de Transformación Verde. Por otro lado, el Fondo Nacional de Reconstrucción de Australia se presenta como un programa de infraestructuras, centrado en varias áreas prioritarias, muchas de las cuales no están relacionadas con la descarbonización.

Tecnologías verdes y materias primas

Existen importantes diferencias entre estas iniciativas y las actuales iniciativas de política industrial en torno a los semiconductores, la inteligencia artificial (IA) y otros sectores estratégicos. En primer lugar, China ya es líder mundial en la producción de muchas tecnologías verdes, como la solar fotovoltaica y las baterías de iones de litio. Estos sectores están muy mercantilizados, e incluso con estas subvenciones, tal y como se detalla en el informe, se espera que siga siendo el fabricante dominante de la mayoría de estas tecnologías en la década de 2030. Esto mantendría la ventaja comercial de China en este ámbito.

En segundo lugar, las tecnologías implicadas en la generación de energías renovables "tienen pocas implicaciones para la seguridad nacional", de hecho, "los gobiernos occidentales apoyan una distribución más amplia de la tecnología pertinente para acelerar la transición energética" señala EIU.

Además, China ha sido el actor dominante en el abastecimiento y procesamiento de materias primas críticas —minerales importantes para la producción de equipos de energía 'verde' como baterías y células solares, sobre todo cobalto, litio, níquel o grafito—, creando un riesgo geopolítico en torno a la seguridad del suministro.

En este contexto, los expertos de EIU consideran que la medida de EEUU de suavizar sus políticas proteccionistas de adquisición de minerales en el IRA es un paso más amplio para promover la coordinación entre los socios con el fin de impulsar la seguridad de la cadena de suministro.