El escenario de los próximos años para el sector de las renovables se presenta muy estimulante, según el último informe sobre su impacto en España de APPA Renovables. Aunque todas las papeletas señalan que los más de 8.000 MW ganadores de las subastas de 2016 y 2017 no van a estar listos para la fecha prevista (2020), lo que es seguro es que a lo largo de la próxima década se pretende superar, y con creces, esa cifra.
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Eso es lo que también se prevé en el borrador del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC). Para 2030, la potencia total deberá ser de 157 GW, (de los cuales 50 GW eólicos y 37 GW fotovoltaicos), lo que significa que cada año se deberían instalar 6,6 GW de renovables al año de manera mantenida a lo largo de diez años, un ritmo muy ambicioso que tiene algunas sombras.
La más conocida es el 'efecto caníbal' de los precios en el mercado mayorista, es decir, que cuanto más electricidad generada con renovables participa en el pool más cae el precio de la energía. O dicho de otro modo, cuanto más producen menos cobran. Si no se toman las medidas adecuadas, este efecto podría acabar con el interés de los inversores a continuar con la instalación de nueva potencia renovable.
"Como sector empresarial, como industria, vemos factible el reto del PNIEC pero si no lo acompaña la regulación va a ser muy complicado", explica a este diario José María González Moya, director general de la patronal de las renovables, "es urgente una Ley de Cambio Climático que vaya en paralelo al PNIEC y que le de firmeza, si no, sin una regulación y una visibilidad a largo plazo, el apetito inversor probablemente comenzará a caer".
González Moya explica que "no hay que cambiar el sistema del mercado mayorista, entre otras razones porque su normativa es común a todos los países de la Unión Europea y por tanto, muy complicado de modificar, sino a la puesta en marcha de un sistema de subastas para que se nos fije un suelo y evitar que los precios caigan tanto que desanimen a los promotores y desarrolladores".
Sin embargo, hasta que no haya un gobierno estable será muy difícil que se convoquen nuevas subastas porque "las que se hicieron en 2016 y 2017 no se hicieron bien", señala por su parte José Miguel Villarig, presidente de APPA durante la presentación del informe, "no puede haber convocatorias aisladas en las que muy pocas empresas se queden con grandes cantidades. No es serio. Necesitamos un calendario de subasta que den previsibilidad al sector".
Para que las nuevas subastas se ajusten a las necesidades del sector, esto es, que sean diferenciadas y ligadas a planificación, nunca aisladas, que las subastas adjudiquen la nueva potencia huyendo de los artificios matemáticos y que se de una señal de precio, que use el precio del kWh sin complicar innecesariamente las futuras subastas, es necesario que se apruebe mediante una Ley que modifique la Ley del Sector Eléctrico de 2013.
"Necesitamos contar con una planificación energética a medio y largo plazo consensuada, donde los objetivos de Transición Energética se traduzcan en generación de empleo y riqueza con nuestros recursos autóctonos y la consolidación de una industria renovable que nos permita ser líderes a nivel global", explican en el informe.
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