Las restricciones técnicas, el "nuevo" concepto que encarece la factura de la luz

Hasta hace poco, pocos consumidores habían oído hablar de las "restricciones técnicas" dentro del sistema eléctrico español. Sin embargo, este concepto empieza a sonar con más fuerza, sobre todo cuando se trata de entender por qué la factura de la luz sigue subiendo, incluso en un país como España, donde las energías renovables —más baratas— cada vez tienen más peso en el mix energético.

Lejos de ser un tecnicismo sin impacto directo, las restricciones técnicas se han convertido en una pieza clave del complejo engranaje que determina el precio final de la electricidad que pagamos en casa.

¿Qué son?

Para comprender este fenómeno, es necesario observar cómo está diseñado el sistema eléctrico. La electricidad, por su naturaleza, no se puede almacenar fácilmente —aunque eso está empezando a cambiar—, por lo que en cada instante la generación debe igualar a la demanda. Cuando esto no sucede —ya sea por un exceso de producción solar al mediodía o por un pico inesperado de consumo al anochecer— entran en juego los llamados servicios de ajuste.

Las “restricciones técnicas” son precisamente uno de esos mecanismos de ajuste. Su objetivo es garantizar la estabilidad del sistema cuando se dan condiciones complejas. Pero mantener ese equilibrio tiene un precio: hay que pagar a determinadas plantas eléctricas para que produzcan más o menos energía, según las necesidades del momento, y muchas veces esos pagos se realizan a precios superiores a los del mercado eléctrico mayorista.

En esencia, las restricciones técnicas son limitaciones que impiden que la red eléctrica funcione de manera óptima. Pueden deberse a múltiples factores: congestión en las líneas de transporte, exceso de generación renovable en momentos de baja demanda, o desequilibrios entre los puntos de producción y los de consumo. Su gestión recae sobre Red Eléctrica de España (REE), que utiliza herramientas específicas para mantener la calidad, la seguridad y la estabilidad del suministro eléctrico.

Como explica Joaquín Giráldez, socio cofundador de Ingebau, “las restricciones técnicas hacen que la casación —esa operación matemática que decide qué energía entra al sistema— cumpla también con las leyes físicas. Es decir, que la electricidad circule por donde realmente puede, no solo por donde sería más barato que lo hiciera”. Y añade que "cuando migramos a un modelo basado en generación distribuida con renovables, nos damos cuenta de que las redes no están preparadas. O invertimos más en infraestructuras, o asumimos esos costes. Y, como casi siempre, lo acaba pagando el consumidor”.

Impacto en la factura

Resolver estas limitaciones no es barato. Para evitar colapsos o cortes de suministro, REE se ve obligada, en muchas ocasiones, a recurrir a tecnologías más caras y gestionables, como las centrales de gas o hidroeléctricas. “En momentos con mucha producción no gestionable —como la solar o la eólica— y poca demanda, es necesario activar centrales térmicas, que cobran un precio más alto porque no compiten en el mercado diario, sino que se activan para resolver desequilibrios”, explica Javier Colón, CEO de la consultora Neuroenergía.

Estos costes adicionales se trasladan al consumidor final. En las tarifas reguladas o indexadas al mercado, el precio horario de la electricidad ya incluye estos servicios de ajuste. En las tarifas de precio fijo, las comercializadoras estiman cuánto costarán las restricciones técnicas durante el año y lo incorporan a sus ofertas. En ambos casos, el resultado es el mismo: la factura se encarece.

El aumento de las restricciones técnicas no es un error del sistema, sino la consecuencia lógica de una transformación estructural. España ha apostado decididamente por las energías renovables, que tienen un coste marginal muy bajo pero también una gran intermitencia, lo que complica la gestión del sistema eléctrico. Como señala Colón, “hay más restricciones en tiempo real y más problemas de tensión por falta de demanda o exceso de generación renovable”.

A esto se suma otro problema: la infraestructura actual no siempre acompaña este cambio. Buena parte de la generación renovable se encuentra en zonas alejadas de los principales centros de consumo, lo que genera cuellos de botella en la red. “Siempre que hay sol, se genera energía en los mismos lugares, que suelen estar lejos de donde se consume. Si no queremos pagar por esto, tenemos que invertir más en redes”, insiste Giráldez.

Nueva normativa

Además de las restricciones técnicas, existen otros mecanismos de ajuste, como el mercado de regulación secundaria o el incipiente mercado de respuesta activa de la demanda. Según Colón, en la regulación secundaria, REE paga por una potencia disponible que, muchas veces, ni siquiera se utiliza, pero que debe estar lista “por si acaso”. Como el número de actores disponibles es limitado —especialmente en ciertas franjas horarias—, la competencia es escasa y los precios suben.

La respuesta activa de la demanda, por su parte, busca incentivar que los consumidores reduzcan o modifiquen su consumo en momentos críticos. Sin embargo, este sistema ha resultado especialmente costoso durante el último año. REE trabaja en una nueva normativa para permitir que consumidores más pequeños puedan participar mediante la figura del agregador, lo que podría mejorar la eficiencia y reducir costes.

¿Soluciones?

A medio plazo, una de las grandes esperanzas para reducir el impacto de estas restricciones es el desarrollo de baterías de almacenamiento a gran escala. También será clave invertir en redes eléctricas más modernas y flexibles. Pero el gran interrogante sigue siendo quién debe asumir estos costes: ¿el consumidor, el generador o la distribuidora?

El debate está abierto. Porque aunque las energías renovables siguen siendo, en teoría, la opción más barata dentro del mercado mayorista, los costes asociados a mantener la red en equilibrio están diluyendo esa ventaja en el recibo final. “No se puede decir que los renovables son siempre maravillosas y que abaratan el precio. Es cierto que lo hacen en el mercado, pero luego aumentan los costes del servicio de ajuste”, concluye Giráldez.