Ley de Cambio Climático y Transición Energética: tan necesaria como dudas ofrece

Ya tenemos Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Bueno, para eso, realmente habrá que esperar unos meses para que acuerden el texto final en el Congreso de los Diputados. Pero está, que es lo importante. España abandera la lucha contra el cambio climático en Europa, y también se podría decir que en el mundo. No son muchos países los que tienen una ley como ésta. Y para ello, ha tenido que venir Teresa Ribera. No lo digo por hacer la pelota ya que no soy muy del agrado de este Gobierno (cero entrevistas), sino más bien que su presencia como ministra del ramo ha ayudado bastante a que se dé esta carambola. Sin un perfil como el de Ribera, dudo mucho que una Ley de esta índole se produjera en España. Se ha tenido que producir una especie de chiripa. Por un lado, que la ciudadanía se conciencie sobre el cambio climático y demande acciones para luchar contra el calentamiento global. Por otro, que esté a los mandos alguien que crea en ello y esté muy convencida y que tenga el conocimiento suficiente para tratar de convencer al agnóstico. Y Ribera lo tiene. Por eso ha salido esta Ley de Cambio Climático. Sin otro socialista a los mandos de Transición Ecológica no creo que se hubiera dado un paso como el que está a punto de dar España. Tampoco creo que otra persona hubiera podido convencer a Pedro Sánchez de ello.

Como decía, ya tenemos Ley de Cambio Climático. 36 artículos distribuidos en nueve títulos. 68 páginas. (Para que vean que me lo he leído) con un montón de disposiciones que realmente tienen más chicha casi que el propio articulado. Creo que todo lo hemos contado en las 'páginas' de El Periódico de la Energía. O al menos esa ha sido nuestra intención.

Para poder analizar/opinar sobre esta nueva propuesta de Ley hay que mirar un poco hacia atrás para ver de dónde venimos. Y sobre todo para poder medir bien lo que significa el cambio tan profundo y revolucionario que va a suponer si se lleva a cabo todo lo que dicta el plan verde del Gobierno. España es un país que tiene unas características geográficas especiales. Somos una península, que está casi igual de conectada a Europa que a África. Nos dicen que somos una isla energética. Como la amplia mayoría de nuestros socios europeos, España es muy dependiente energéticamente hablando. Producimos muy poco petróleo y gas, pero es lo que más consumimos. Se construyeron centrales hidroeléctricas, nucleares y plantas térmicas ya sean de carbón, diésel o lo que fuera que se pudiera quemar con tal de poder suministrarnos de electricidad.

España crecía y de la mano el consumo energético. Más industria, más máquinas y cada vez menos mano de obra. De la tierra se fue a la ciudad. A un mayor uso del transporte y cuando hay movilidad se necesitan servicios. Si España es una cosa, es servicio. Con el turismo, a la cabeza. Eso hizo que se produjera un boom inmobiliario prácticamente en toda la costa. Hay que aprovechar las oportunidades que te da el terreno. No nos dieron petróleo como a los árabes o los rusos, pero sí unas buenas temperaturas para acoger a mucha gente. Ello necesitaba de unas mayores infraestructuras. Se construyeron vías por todos lados. Carreteras de lujo, autopistas, líneas de alta velocidad, aeropuertos hasta en el sitio más insospechado de nuestra piel de toro. La España democrática crecía y de qué manera.

Pues bien. Todo esto que hemos disfrutado, dentro de 10, 15 ó 30 años se pretende que no sea así. Y se ha conseguido todo este bienestar gracias a la energía que hemos consumido. Una energía que en su mayoría es fósil y que contamina. Pero ahora se quiere dar la vuelta a la tortilla. Como diría aquel, vamos a dar un giro de 360 grados, cuando realmente es de 180. Fuera bromas, la Ley de Cambio Climático es probablemente el mayor reto al que se haya enfrentado España en muchos años. Quitando guerras, pandemias, etc, no se producía una normativa tan radical desde tiempos inmemorables.

Unas pinceladas para que lo entiendan. Año 2050. España vuelve a tener tantos árboles que una ardilla podría cruzar de norte a sur sin bajarse de los árboles. Ahora entenderán lo de los árboles. Se pretende que seamos neutros en emisiones, es decir, que antes de llegar a mitad de siglo el país solo emitirá la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) que sus sumideros puedan absorber. Ahora entenderán lo de los árboles.

Usted irá en coche eléctrico, probablemente compartido con algún vecino o alguien de su trabajo. Vivirá en una casa de cero emisiones. Consumirá la mitad de lo que lo hace ahora y tendrá todo controlado a través de un móvil. Podrá vender energía, nada de pagar a una eléctrica, respirará aire más limpio y todo será más amable y más humano. Ya sabe, menos malo.

Ahora mírese al espejo. Después asómese a la ventana y piense. ¿Es posible un mundo así? Bueno, pues esto es lo que se pretende con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Cambiar radicalmente nuestras vidas, no ya por nosotros, sino por nuestros hijos y nietos y por el planeta.

Desde que el ser humano es ser humano, siempre ha tratado de mejorar su calidad de vida. Para ello ha ido inventando todo, poco a poco, y cada gran paso en este desarrollo aparecía siempre alguna forma de generar energía, básica para cualquier avance humano. El aceite de ballena, el petróleo, el carbón, el gas, la energía nuclear, la hidroeléctrica. Con todas ellas se dañaba el planeta. Y han pasado cientos de años. Y prácticamente todo sigue igual, salvo el planeta, claro. Seguimos utilizando todas estas energías, pero ya no valen salvo la hidráulica. Y un poco la nuclear.

Todos los combustibles fósiles tienen que desaparecer. Ahora el mundo es de las energías renovables. Y todo en 30 años. Ahora miren 30 años atrás. 1990. ¿Qué ha cambiado? Para algunos será mucho, para otros más bien poco. Piensen. El reto es impresionante. Probablemente el mayor al que el ser humano se haya echado a la espalda. ¿Es posible lograrlo?

Según la Ley de Cambio Climático, España deberá ser neutra en emisiones en 2050. Ese es el objetivo. Para ello se pretenden reducir las emisiones de CO2 en un 20% para 2030 desde los niveles de 1990. Consumir un 35% de la energía final con renovables, cuando ahora las renovables representan solo el 7,2% según datos de 2018. Es decir, multiplicar por cinco. El transporte a día de hoy consume el 42% de toda la energía.

Y para ello se quiere llenar España de paneles solares, molinos eólicos e ir dando entrada a combustibles más verdes como los gases renovables, el biogás, los ecocombustibles, etc. Y por otro lado, reducir el consumo energético en un 35% en energía primaria. Por mucha renovable que se ponga, si no viene acompañada de esa reducción de consumo, es imposible alcanzar los objetivos.

La nueva norma trae nuevos protagonistas que ayudarán a aumentar la presencia de renovables y a ser más eficientes. El almacenamiento energético, la figura del agregador de la demanda, la hibridación de nuevos proyectos, la repotenciación, el bombeo o hidráulica reversible. Todas son útiles herramientas para avanzar en renovables. Y está muy bien contar con ellas. Y más que vendrán en próximos años.

Para impulsar las renovables el Gobierno quiere diseñar unas nuevas subastas. "El Gobierno desarrollará reglamentariamente otro marco retributivo para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía. El referido marco retributivo se otorgará mediante procedimientos de concurrencia competitiva en los que el producto a subastar será la energía eléctrica, la potencia instalada o una combinación de ambas y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía. En los procedimientos de concurrencia competitiva se podrá distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, niveles de gestionabilidad, criterios de localización, madurez tecnológica y aquellos otros que garanticen la transición hacia una economía descarbonizada, de acuerdo con la normativa comunitaria".

De momento, hasta que no se apruebe esta ley no habrá subastas. En el mejor de los casos, se aprobaría la Ley para finales de año, por lo que 2020 estaría prácticamente perdido. Otro año más. Habrá que realizar mayores esfuerzos en próximos ejercicios.

Luego está el cómo integrar tanta renovable en un mercado que no está diseñado para ello. Tiene que haber una reforma. Si viniera impuesta desde Bruselas sería más fácil, pero está complicada la cosa. Llevamos muchos años con el actual sistema y parece que todo el mundo está hecho a ello. Luego está cómo afrontas el reto de dar respaldo a las renovables. De momento están los ciclos combinados y poco más. A falta de almacenamiento e interconexiones, la integración de tanta renovable parece más una utopía. Y para rematar, luego está el precio. La canibalización asoma la patita y no es buena señal.

Por otro lado está la eficiencia. Y como gran medida está de nuevo el Plan de Rehabilitación Energética de Edificios. Algo que se podía haber puesto en marcha hace años, pero tras tanta promesa parece que se va a poner en marcha. Veremos cómo lo hacen y sobre todo cómo lo financian. Dice el proyecto que se mantendrá el Fondo de Eficiencia Energética, ese que financian las empresas y que nos lo cuelan luego en la factura. Si se han recaudado 1.000 millones en cinco años, pues en 10 el doble. Poco dinero para concienciar y transformar el modo de consumo de todo un país.

Lo que veo complicado es actuar o cambiar de manera tan radical en dos aspectos fundamentales del consumo energético de un país. En el transporte y en la industria. En ambos sectores el reto ya no es mayúsculo, va más allá.

El proyecto de Ley quiere impulsar el coche eléctrico. Va a prohibir la venta de coches de combustión, ya sea diésel o gasolina, híbridos o a gas, desde 2040. Quedan 20 años todavía. La industria del automóvil parece estar preparada, aunque no tanto la demanda. El precio no es asequible para la mayoría de mortales. Tampoco hay infraestructura, aunque la normativa contempla grandes avances tanto en hogares como en infraestructuras.

Donde veo lagunas es en el resto de transportes. ¿Qué pasa con la aviación? ¿Y con los buques u otras embarcaciones? Poca cosa. Que se va a trabajar para que reduzcan sus emisiones. Del tren ni se habla. Falta un mayor empuje. O eso se reclama desde algunos sectores.

Respecto a la industria, la mayor parte de su consumo energético es con combustibles fósiles, principalmente gas. Más de la mitad procede del carbón, petróleo o gas. Un tercio de su consumo es con electricidad. La electrificación de la industria supone otro reto sin precedentes.

Luego, otro punto muy importante es la financiación de todo este cambio. Las cifras resumidas serían estas. Según los modelos del PNIEC 2021-2030, la transición ecológica atraerá más de 200.000 millones de euros de inversión en los próximos diez, generando entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales. La movilización de inversiones, el ahorro de energía y una mayor presencia de renovables –la fuente más barata–, permitirán que el Producto Interior Bruto (PIB) aumente en torno un 1,8% en 2030, respecto de un escenario sin medidas. En concreto, entre los 16.500 y los 25.700 millones de euros.

La mayoría de todo esto vendrá del sector privado. El Gobierno confía gran parte de estas cifras a las empresas, a las que el Gobierno vigilará. Desde luego mucha confianza no inspira sobre el conglomerado empresarial. Entre las obligaciones y prohibiciones a las petroleras, arrancándoles buena parte de su negociado, y que las empresas energéticas ya no podrán contar con el negocio regulado para hacer otro tipo de actividades, el Gobierno ha conseguido ganarse más enemigos que otra cosa. También tiene sus aliados en todo esto, pero si se pretende contar con inversiones del sector privado estaría bien aclarar ciertas cosas con las empresas.

El Gobierno va a contar con varias herramientas para financiar este plan verde. El proyecto establece que un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado se destinará a contribuir a los objetivos en materia de cambio climático y transición energética. La cantidad será equivalente a la que se acuerde en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea y será revisada al alza por el Gobierno antes de 2025.

Los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero también serán empleados para el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático. En concreto, al menos 450 millones se destinarán cada año a financiar los costes del sistema eléctrico referidos al fomento de las energías renovables. Hasta el 30% se podrá destinar a medidas con incidencia social, para paliar situaciones provocadas por la transición hacia una economía descarbonizada, o relacionadas con la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático.

Se antoja poco dinero esto, a falta de conocer las cifras vía PGE, pero todo indica que la fiscalidad va a aumentar, y de qué manera, y más con un país prácticamente en quiebra con una altísima deuda. Y todo esto con la obligación de no dejar a nadie atrás. Es complicado casar todo esto. País empobrecido, mayor fiscalidad y que todo el mundo prospere. Ojalá. Pero necesitarán más medidas de las que, de momento, no se conoce mucho. Tendrán que madurar. De la factura de la luz de los próximos 20 años se podría vaticinar que las renovables ayudarán a bajar el término de energía, pero del resto es más que probable que nos encontremos con más sustos. Hay que reforzar mucho la red y de momento seguiremos hasta 2030 pagando los grandes costes de la factura como son la deuda del sistema eléctrico y las primas a las renovables. Si a ello le sumamos una mayor fiscalidad, la factura de la luz más bien podría seguir aumentando, aunque mucho dependerá de nuestro comportamiento como consumidores. O incluso autoconsumidores.

Por último y no menos importante, se sitúa la gobernanza. Lo que para mí es la clave de todo lo anunciado. No sirve de nada anunciar cosas si luego no se cumplen. El Gobierno presenta como gran novedad la creación de un Comité de Expertos de cambio climático y transición energética, de carácter independiente, responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las normativas. Elaborará anualmente un informe que será remitido al Congreso de los Diputados y sometido a debate en el mismo.

¿Qué es lo que me chirría de esto? Que contará con la participación del Gobierno. Si es independiente, es independiente, y el Gobierno y el resto de partidos deberían estar lo más lejos posible. Solo su debate en las Cortes. Si se quiere emular al Reino Unido hagámoslo pero con todas las consecuencias.

En general, estamos ante un proyecto de Ley que pone las bases, los cimientos de la creación de una nueva sociedad, con todo lo que ello conlleva. Es un gran reto, no solo para el Gobierno, sino para los ciudadanos, para las empresas. De momento, y a falta de la tramitación en el Congreso, se escuchan más loas, pero más por poder tenerla sobre las manos que otra cosa. Por avanzar en esta materia y tener unos objetivos. Pero como en toda regulación, no llueve al gusto de todos. No creo que les haya hecho mucha gracia cierto intervencionismo a las empresas del sector energético. Tampoco creo que el sector del petróleo esté para dar muchas palmas porque su transformación debe ser brutal, aunque coincidan en el objetivo de ser neutros en emisiones. Los ecologistas reclaman una mayor ambición. El sector renovable aplaude, de momento, pero ya se sabe, un paso en falso es suficiente para oír las quejas. La industria requiere un cambio radical en su forma de producción. Y peligran muchas fábricas que puedan irse a otros países porque prefieran seguir produciendo y por tanto contaminando.

Pero de todas formas falta mucho. Solo es el camino, con algunas etapas como los objetivos a 2030. El pistoletazo de salida se ha dado, que ya es un éxito de por sí, pero ahora falta ponerse a pedalear y subir los grandes puertos. Cuando se vaya avanzando y con hechos concretos es cuando realmente veremos si esta Ley ha merecido la pena o no. Mientras tanto, toca esperar. El prólogo está aquí, y ahora lo tienen que perfilar los partidos, que viendo cómo se tratan unos a otros no vaticino que vaya a ser un camino de rosas. La vicepresidenta espera que sí lo sea y haya un amplio consenso. Todos menos Vox quisieron que se hiciera esta Ley, ahora es momento de trabajar en serio. Esperemos que lo hagan. En sus manos está el futuro del país. Pero pocas esperanzas tengo, la verdad, viendo el panorama. Ni con una emergencia como la del COVID-19 son capaces de ponerse de acuerdo, pues con esto del cambio climático tampoco lo creo. Ojalá me equivoque. Y sobre todo, lo que sería bueno es que a lo largo de los años esta Ley sea la Santa Biblia. Es decir, que no se toque bajo ningún concepto si no es para mejorarla. Si nos vamos a dedicar a dar bandazos con gobiernos de un signo u otro mal vamos.

A modo de resumen, la Ley es buena, trata de marcar la senda y es necesaria. Está claro que hay que actuar pero ofrece muchas dudas ya que de momento no se ha bajado a la arena de verdad. Ahora comienza lo interesante. Mis disculpas por la extensión del texto.

Ramón Roca es director de El Periódico de la Energía.